Reuniones, llamados y muertos en las calles: así fueron las dramáticas últimas horas de De la Rúa en el gobierno

• Hace 22 años, el 20 de diciembre de 2001, llegaba a su fin la experiencia de la Alianza con la renuncia del Presidente. Los entretelones de una jornada que quedó grabada en la memoria de todos los argentinos.

Con voz ronca, ajada, tal vez cansada, ejerció, o quiso ejercer, un poder que ya no tenía. “¿Se quieren correr que no me puedo concentrar?”, dijo mientras miraba a sus ministros y a algunos otros funcionarios. La escena era la de un velorio. Algunos de sus allegados no podían contener las lágrimas. Sólo quien era su canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, se mantuvo a su lado, por si hacía falta alguna sugerencia al breve texto que ya había empezado a escribir en el papel timbrado en el que se leía: “Presidente de la Nación Argentina”. Después, con mano acaso firme escribió: “Al Señor Presidente Provisional del Senado, Ing. Ramón Puerta: Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación”. 

Eran apenas pasadas las siete de la tarde del jueves 20 de diciembre de 2001, hace ya veintidós años. Llegaba a su fin un drama argentino y empezaba otro, o lo que comenzaba era un nuevo acto de un reiterado drama argentino. Fernando De la Rúa abandonaba el gobierno después de apenas dos años y diez días de haber llegado a la Casa Rosada, tras haber ganado las elecciones de 1999 con el 48,5 por ciento de los votos y un 70 por ciento de popularidad.

Todo se había ido por el negro desagüe de una economía en crisis, por los reiterados yerros del Presidente, por un estilo de conducción hermético y ambiguo, por el jaqueo permanente del peronismo que, en cuanto olió debilidad se lanzó a la conquista del poder, por la desidia y el abandono de su propio partido en el que ejercía fuerte influencia el ex Presidente Raúl Alfonsín que, lejos de sostener al gobierno tambaleante pareció empujarlo por la pendiente, por un cerco económico internacional con el FMI al frente y por un cerco político interno que también exigía al Presidente la dolarización total de la economía o una fuerte devaluación para poner fin a la “convertibilidad”, aquella bomba de tiempo que el gobierno de Carlos Menem y la decisión de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, habían sembrado bajo el sillón presidencial en 1999, junto a una gigantesca deuda externa.

Aquello no podía terminar si no en un estallido, en la caída, golpe de Estado o derrocamiento, el primero del siglo XXI y el primero en la larga lista de crisis argentinas en el que no intervenían las Fuerzas Armadas, de un Presidente que había llegado al gobierno como cabeza de una alianza política que tenía entre sus postulados el de reconstruir la credibilidad de la sociedad en la política y en los políticos, y había acabado en cambio casi en la disolución social, entre saqueos, cacerolazos, protestas masivas, represión y muertes frente a la sede del poder, la Casa Rosada, y en el resto del país.

De la Rúa había sembrado de piedras su propio camino presidencial. En los inicios de su gobierno, había aplicado un fuerte impuestazo y un recorte en los salarios públicos que pegaron de lleno en la clase media, sostén electoral de su gobierno. Había enfrentado, mal, la denuncia de corrupción hecha por su vicepresidente, Carlos “Chacho” Alvarez, que había renunciado a sólo diez meses de asumir. Alvarez había señalado un pago de coimas en el Senado para comprar los votos necesarios para una reforma laboral. 

En marzo de 2001, el Presidente, acosado por la realidad económica, por su propia debilidad, acaso por su incapacidad de ejercer un cargo para el que se había preparado toda la vida, desde que era un joven senador en 1973 cuando se ganó el apodo de “Chupete”, cercado por su propia obstinación en no modificar el rumbo de la economía, había finalmente atado su suerte a la de Cavallo, a quien había convocado como ministro en marzo, para que deshiciera el entuerto que él mismo había armado como ministro de Economía de Menem. La alianza UCR-Frepaso, que había llevado a De la Rúa al poder, terminó en la ruptura total, resquebrajada como estaba desde la renuncia de Álvarez a la vicepresidencia.

Los primeros meses de gestión de Cavallo dieron un poco de oxígeno a una economía afectada. El ministro logró en junio de 2001 la reprogramación de la deuda pública con el FMI, conocida como “Megacanje”. Pero todo duró nada. La salida de depósitos de los bancos, y el escape de los capitales al exterior hicieron que apenas dos meses después, en agosto, el FMI mostrara su preocupación sobre la volatilidad de los depósitos bancarios. Con la excusa de frenar la ya escandalosa fuga de capitales, Cavallo entonces propuso, y De la Rúa aceptó, un plan que estableció un “corralito”, otro término histórico símbolo de las recurrentes crisis argentinas.

El plan Cavallo, instaurado el viernes 30 de noviembre, confiscó los ahorros y paralizó los salarios, casi todos bancarizados de forma compulsiva por el gobierno. Congeló también las cajas de ahorro y los depósitos a plazo fijo e impuso a la población el retiro de una suma mínima semanal de 250 pesos/dólares como todo recurso para hacer frente a una inflación desatada. Siguieron habilitadas las tarjetas de débito, pero no circulaba efectivo. El lunes 3 de diciembre la sociedad amaneció con los bolsillos vacíos y sacudida por la medida. Indigentes hasta ahorristas, desde los que nada tenían hasta quienes procuraban con un plazo fijo enfrentar los desastres de la inflación, pequeños comerciantes, empleados públicos, jubilados, la sociedad casi en pleno se lanzó a las calles, cacerolas en mano. Miles de ahorristas se agolparon en las puertas de los bancos para exigir en vano la devolución de sus depósitos, nació el símbolo de la decepción, del hartazgo y del desengaño social acuñado en una frase dirigida al espectro político: “¡Que se vayan todos!”.

El gobierno se debatía en su propia impotencia. Había perdido las elecciones de medio término de ese fatídico 2001, el peronismo olió sangre y lanzó una fuerte embestida desde el Congreso y desde las provincias regidas por gobernadores del PJ. El peronismo se había negado a firmar un acuerdo con el gobierno en vísperas de un vital viaje de la Rúa a Washington, cuando la reunión anual de Naciones Unidas, y había tejido los hilos hasta colocar a un senador propio, Puerta, en la presidencia del Senado, lo que lo convertía, ante el cargo vacante de vicepresidente, en primero en la línea de sucesión.

El 10 de diciembre, una semana después de instalado el “corralito”, el FMI dio por incumplido el acuerdo del blindaje económico y no giró el megapréstamo de 1.264 millones de dólares. El nuevo ahogo económico disparó más protestas y políticos, empresarios y sindicalistas exigieron la renuncia de Cavallo, una cabeza que De la Rúa se negaba a entregar. 

La furia social en aquel caluroso diciembre dejó paso a la desesperación de los sectores más postergados. Volvieron los saqueos que en 1989 habían ayudado a la caída del gobierno de Alfonsín, que había renunciado en junio, seis meses antes de entregar el poder a Menem. Ahora, los saqueos habían nacido en el interior del país y muchos fueron armados, impulsados, sostenidos y alentados por el PJ. El más famoso, en Concordia, Entre Ríos, fue registrado en vivo por las cámaras de un camión de exteriores de un canal porteño que “casualmente”, estaba estacionado en las cercanías del supermercado atacado.

Los asaltos a supermercados llegaron con velocidad insólita al conurbano bonaerense; el entonces gobernador de la provincia, Carlos Ruckauf, sería acusado luego si no como impulsor, o promotor, al menos como un alma tolerante para con esos desbordes sociales que repetían en parte el molde de los de 1989, tanto, que eran fácilmente detectables por los ojos expertos.

La mañana del 19 de diciembre en la sede de Cáritas cedida por la Iglesia como “ámbito espiritual” propicio para el diálogo, se reunieron los protagonistas de una concertación amplia y plural a la que había convocado meses antes y que agonizaba sin remedio. Lo espiritual estaba muy bien, pero lo que estaba en debate era el despido de Cavallo como ministro de Economía, que la oposición juzgaba imprescindible. El Presidente, que no estaba invitado, sólo quería dejar en claro que su política económica, y su ministro, no estaban en juego. Sobre ese gigantesco mal entendido, ante el que hasta las fuerzas del cielo son impotentes, se edificó aquella reunión destinada al desastre.

La había pedido Carmelo Angulo Barturen, representante en Argentina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y un experto en concertaciones nacionales. A las ocho y treinta y seis de la mañana, en un amplio semicírculo armado a la manera de anfiteatro griego en el edificio de la sede religiosa de la calle Defensa, se sentaron, entre otros: Raúl Alfonsín y el titular de la UCR, Angel Rozas; el jefe de gabinete de De la Rúa, Chrystian Colombo, el ministro del Interior Ramón Mestre y el titular del Banco Nación, Enrique Olivera; los senadores Eduardo Duhalde y Eduardo Bauzá y el gobernador José Manuel De la Sota por el justicialismo; Rodolfo Daer y Hugo Moyano en nombre de las dos centrales obreras; Ignacio De Mendiguren por la Unión Industrial Argentina, Gregorio Chodos, de la Cámara Argentina de la Construcción, el titular de la Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias, Osvaldo Cornide, monseñor Jorge Casaretto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Enrique Crotto, y Manuel Cabanellas por Confederaciones Rurales Argentinas.

A esa hora ya habían estallado los primeros saqueos en el conurbano, de manera que uno de los principales puntos a debatir fue cómo encarar la asistencia alimentaria a las provincias, en especial a la que gobernaba Ruckauf, que parecía en poder de los saqueadores. Sin embargo, el punto principal del debate era ya no la continuidad de Cavallo, sino en cómo removerlo. La gran mayoría de quienes no eran funcionarios del gobierno plantearon que nada era posible si Cavallo seguía como ministro.

En eso estaban, cuando sonó el teléfono de Colombo. Era el Presidente que le preguntaba si era conveniente que fuese a la reunión. Colombo le dijo que sí y poco después, la sede de Cáritas estaba a doscientos metros de la Rosada, De la Rúa entró al Salón justo cuando la dirigencia sindical lanzaba sobre él un feroz ataque en boca de Daer que hablaba de una eventual concertación entre gobierno y oposición pero ya sin De la Rúa. El Presidente dio dos pasos, junto a su vocero, Juan Pablo Baylac, cuando Daer exclamaba: “La concertación debe darse con o sin De la Rúa”, en alusión a una eventual renuncia presidencial. Si De la Rúa lo oyó, es un secreto que se llevó a la tumba.

Después habló Duhalde, que en enero de 2002 llegaría a la presidencia de la Nación con el acuerdo del Congreso, y dijo que era imprescindible un cambio profundo en la política social del gobierno, lo que parecía a esa altura más que obvio. Lo siguió Hugo Moyano que también exigió un cambio en la política económica. Entonces De la Rúa pidió hablar. Dijo entonces lo que había ido a decir: el rumbo económico era correcto, el Congreso debía aprobar el presupuesto, apoyar el déficit cero y la renegociación de la deuda. Un iceberg hubiera causado menos efecto que sus palabras. La intransigencia presidencial hizo que, según recordaron meses después varios de los protagonistas del encuentro, “le bajaran el pulgar a De la Rúa”.

El debate siguió luego de que el Presidente se retirara, su auto recibió una pedrada en la luneta lanzada por empleados de Telecom, y lo que se analizó, medio de apuro porque la protesta callejera convertía a Cáritas en territorio comanche, fue si lo que se le exigía al gobierno era un cambio de política económica o una fuerte devaluación y si esa devaluación no implicaba un salto al vacío. Daer volvió a la carga con una propuesta insólita: “Fue quien empezó diciendo que era necesario fortalecer el rol del Jefe de Gabinete dada la debilidad política del Presidente”. Es lo que declaró en abril de 2002 Chrystian Colombo, jefe de gabinete, ante el juez entonces federal Norberto Oyarbide, que investigaba un presunto complot para derrocar a De la Rúa.

En el conurbano, las llamas crecían. En la entonces Side, afirmaban que Ruckauf y el secretario de seguridad provincial, Juan José Alvarez, echaban nafta al fuego. En los saqueos participaban de alguna forma punteros del PJ bonaerense, algunos de esos ataques a comercios parecían estar guiados por misteriosos autos con ocupantes que hablaban por walkies talkies, los saqueadores actuaban como guiados por un manual de operaciones, de forma muy organizada: lo hacían en tres grupos, uno que barreteaba puertas y persianas, un segundo grupo que iba por las cajas registradoras, dinero en efectivo y artículos suntuarios, y una tercera ola que se alzaba con alimentos y bebidas. Acusaban a la policía bonaerense de mirar para otro lado. Para Ruckauf, su policía esta desbordada. Esa tarde, Ruckauf y otros gobernadores del PJ hablaron con el ministro Colombo para pedir de la presidencia el estado de sitio.

A las cuatro de la tarde de ese miércoles 19, un grupo de senadores radicales decidió intentar convencer al Presidente de que soltara la mano de Cavallo. A través de su director de Estudios Económicos, Kenneth Rogoff, el FMI había sentenciado al gobierno argentino: “La combinación de datos de política fiscal, deuda y tipo de cambio en la Argentina, ya no es sostenible”, había dicho Rogoff. De la Rúa era inconmovible. Cuando la puerta de su despacho se abrió ante los senadores de la UCR, Carlos Maestro, Gerardo Morales y Juan Carlos Passo, y ante el diputado Horacio Pernasetti y ante Alfonsín, declarado enemigo de Cavallo, allí estaba el Presidente, flanqueado por su ministro. De modo que el impulso inicial se trocó por una desganada cautela. 

Cavallo no quiso perder oportunidad de lanzar un desafío. Encaró a Alfonsín para torearlo: “Bueno, imagino que ustedes traerán una propuesta de un nuevo equipo económico, porque no es fácil cambiar en estas circunstancias… “. La respuesta de Alfonsín fue rápida: “Quédese tranquilo, ministro: nosotros tenemos gente muy capacitada como para continuar la gestión de la Rúa en el área económica”.

Cavallo estaba renunciado. Sus pares del gabinete lo evitaban, las reuniones informales en los pasillos de la Rosada se deshacían ante la sola aparición del hombre que, pese a todo, gozaba todavía del respaldo presidencial y de los superpoderes que le había otorgado el Congreso. 

Para De la Rúa, Cavallo también estaba renunciado. Poco antes de las siete de la tarde, se lo comunicó por teléfono al senador Maestro, que un par de horas antes se lo había pedido junto a otros senadores en Casa de Gobierno. Maestro le dijo: “Bueno, Presidente, eso es un alivio para nosotros. Le pediría que lo anuncie de inmediato para mandar un mensaje de esperanza a los argentinos”. Y De la Rúa: “Bueno, vamos a ver, dentro de un rato.,.”. Maestro insistió: “¡No, Presidente! ¡Tiene que ser ya, ahora. ¡No hay más tiempo!”. Y De la Rúa: “En fin… Vamos a ver…”.

El Presidente tenía en mente otro mensaje tal vez alejado de toda esperanza. Había decidido implantar el estado de sitio. Era un salto al vacío frente a una sociedad desatada en las calles en procura de recuperar la libertad de disponer de su dinero, y con saqueos que ya cercaban a la Capital Federal. 

La respuesta al estado de sitio, ya en el anochecer del 19 de diciembre, fue un gigantesco cacerolazo que se escuchó en todos los barrios de la ciudad y un gigantesco desafío a la menguada autoridad presidencial: la Plaza de Mayo se llenó de manifestantes hasta bien entrada la noche.

A esa hora había fracasado un eventual, e imposible, acuerdo entre el gobierno y el PJ para que el gobierno incorporara al gabinete a figuras partidarias: un gobierno de unidad nacional para salir de la crisis. De la Rúa se había opuesto a algo así aun después de perder las elecciones de medio término. 

Gobierno y oposición se reunieron poco antes del discurso presidencial que implantó el estado de sitio en el Hotel Elevage. Alrededor de sándwiches, vino y gaseosas se reunieron Eduardo Menem por el menemismo, el senador Ramón Puerta por los gobernadores de las provincias chicas, y Ruckauf por los gobernadores de las provincias grandes. Por el gobierno se sentaron Chrystian Colombo, jefe de Gabinete, Nosiglia, el dueño de casa, el delarruista Rafael Pascual, los gobernadores de Río Negro, Pablo Verani, y de Mendoza, Roberto Iglesias, y el jefe de la Side, Carlos Becerra.

Fue un fracaso. El gobierno aspiraba a que el PJ aceptara el ofrecimiento de integrar el gabinete, tal vez con Ruckauf como jefe de gabinete en reemplazo de Colombo. El PJ era reacio. Su línea política se resumía en una frase: “Saquen a Cavallo y después hablamos”. 

Los radicales, que ya sabían que Cavallo estaba renunciado, de hecho, todos los ministros lo habían hecho, no querían entregar su cabeza sin tener a cambio un compromiso del PJ en aras de la unidad nacional. En medio de esa pelea, llegó al Elevage la noticia del estado de sitio, el cacerolazo y la manifestación en la Plaza.

Todo se diluyó, como se diluía el gobierno de De la Rúa. El PJ no iba a participar de un gobierno al que veía derrotado. Menem y Puerta lo pusieron en una frase cargada de sutileza y con final abierto: “Si alguien del justicialismo quiere participar del gobierno a título personal, nosotros no lo vamos a impedir. Pero el partido no va a cogobernar”. Al salir del encuentro, ya entradas las dos de la mañana del 20, Colombo y Becerra, el jefe de la Side, llamaron a Olivos para informar a De la Rúa que la gestión había fracasado. Fue imposible: el Presidente, les dijeron, dormía desde hacía ya más de tres horas. Igual viajaron hacia allá, para informar en persona al Presidente, pero no lograron que alguien lo despertara.

El subjefe de la Casa Militar logró ubicar en las oficinas de la Quinta al único funcionario despierto y activo después de aquel largo día. Era Hernán Lombardi. El militar le sintetizó la escena y le dijo: “Estoy dispuesto a evacuar al Presidente”. Lombardi trató de explicarle lo elemental y preguntar lo imprescindible: “Yo soy el ministro de Turismo… ¿Dónde está la policía?”. La policía de la provincia, encargada de vigilar los aledaños a la residencia, no estaba. O se había ido, o fumaba tranquila a un par de cuadras. Así había sido durante los saqueos de aquel día y así era ahora.

Uno de los edecanes presidenciales tuvo la idea salvadora. Tomó un megáfono y pidió a los colgados en el paredón que bajaran a la calle por su propia seguridad. Y los tipos se bajaron y se fueron como habían venido. Nunca supieron de qué se salvaban: había orden de disparar contra todo extraño que pusiera un pie dentro de la Quinta de Olivos.

De la Rúa despertó cerca de las cinco, preguntó quién estaba a mano, le dijeron y el Presidente le pidió a Lombardi que avisara a Cavallo que había aceptado su renuncia: “Que no se entere por las radios”, dijo. Cavallo y el país entero estaban ya enterados. Habían filtrado la noticia desde el Senado y también los supervivientes de la reunión en el Elevage, que dieron por hecho lo que ya era un hecho.

Por la mañana del 20, la Plaza de Mayo era un caos. Miles de manifestantes marchaban desde la Avenida 9 de Julio y por la Avenida 25 de Mayo, para enfrentar una feroz represión policial con efectivos de caballería en principio y, luego, con la infantería desplegada para defender a la Casa de Gobierno de un supuesto intento de copamiento, defensa que, en última instancia estaba a cargo de la Casa Militar y no de la Policía Federal. Los caballos de la montada cargaron contra jóvenes y ancianos, contra las Madres de Plaza de Mayo y los despojados de todo, reunidos en improvisadas y mitológicas “asambleas populares”.

Tal era el grado de represión, que la jueza María Servini de Cubría llegó esa mañana hasta la esquina de la Catedral, reconoció a un jefe policial, Jorge “Fino” Palacios, que murió en 2020, y le exigió: “Pare con esta locura, se lo pido por favor”. Palacios dijo luego que él le había explicado a la jueza que estaba recién regresado de un viaje, que no tenía nada que ver con ese operativo y que, de todas maneras, regían las normas del estado de sitio.

El gobierno parecía ya impotente hasta para manejar a su propia policía. El jefe de la Federal, comisario Rubén Santos, y el secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, que serían condenados por la represión del 19 y 20 de diciembre, ni siquiera pudieron contener ni a los uniformados, ni a grupos policiales, uniformados y de civil, que actuaban por su cuenta. Era una batalla campal encerrada en los novecientos metros que separan la Rosada de la 9 de Julio, con un territorio conquistado por los manifestantes, que era reconquistado por la policía a fuerza de gases lacrimógenos y disparos con postas de plástico y de plomo, que estaban prohibidas, como demostró luego la investigación judicial.

A las dos de la tarde De la Rúa habló con Ruckauf para decirle: “Carlos, no voy a renunciar”. “Bueno, Fernando, me parece bien -fue la respuesta- nosotros te vamos a apoyar”. No era verdad y De la Rúa lo sabía. Se había quedado sin el apoyo, si alguna vez lo había tenido, de los gobernadores peronistas. Dos horas después, decidió hablar al país. Convocó a una conferencia de prensa que no era tal: se dijo a los periodistas que el Presidente no iba a responder preguntas. De la Rúa lanzó entonces un mensaje en el que llamó a la unidad nacional, que no era ni por cerca el mensaje que la sociedad esperaba del Presidente. Tres minutos después de bajar de la Sala de Conferencias del segundo piso, quiso saber cómo iban las cosas en la Plaza de Mayo. A lo largo del día ni siquiera había caminado los metros que separaban las ventanas de su despacho que miraban al río, de las ventanas que dan a la Plaza, donde ya había corrido sangre. A esa hora la represión era feroz. El Presidente consultó a Mathov sobre si había habido muertos en la Plaza. Y Mathov le dijo que no. A esa hora, habían sido asesinados por las balas policiales Diego Lamagna, Gastón Riva, Carlos Almirón y Gustavo Ariel Benedetti, que habían caído ante los ojos de una multitud; uno de ellos había sido baleado desde el interior de una filial del HSCB, sobre Avenida de Mayo, por un custodio policial que había usado su arma reglamentaria. Y una hora después, en la 9 de Julio y Sarmiento, iba a ser asesinado a quemarropa Gabriel Márquez, baleado por policías de civil que habían bajado de un auto sin identificación. En el mismo hecho y por los mismos efectivos, fueron heridos dos chicos jóvenes: Martín Galli, un balazo en la cabeza, y Paula Simonetti. A Galli la bala no lo mató de milagro. Y a Simonetti la salvó el walkman que llevaba en la mochila y que frenó el curso del proyectil.

De la Rúa declararía ante la Justicia: “Después del mensaje le pregunté al doctor Mathov, allí presente, por la situación del país y si había que lamentar alguna muerte en la ciudad como decían transmisiones televisivas. Se comunicó con el jefe de Policía y me contestó que no”.

El mensaje de unidad del Presidente cayó como una piedra en el Congreso. Cinco minutos después de pronunciado, el presidente del bloque de diputados del PJ., Humberto Roggero, expresó su rechazo y, casi a dúo, el cordobés delasotista Carlos Alesandri anunció frente a las radios y las cámaras que iban a pedir el juicio político del Presidente. Una hora más tarde, Roggero y los titulares de bloques del PJ firmaron un comunicado en el que exigían: “Apelamos a un gesto de grandeza del Presidente de la Nación que permita superar esta crisis”.

Las dos últimas horas de la presidencia de De la Rúa fueron un tornado. El vocero presidencial había dicho a los periodistas de gobierno que el Presidente había convocado al peronismo para superar la crisis: “Pero si no hay una respuesta, el Presidente se va”. Baylac no lo había hablado con nadie, ni con el propio De la Rúa. Era una cuestión de sentido común. Lo llamaron urgente del despacho presidencial y sospechó que no lo iban a aplaudir. Pero encontró a De la Rúa en el tramo final de una charla con el senador Maestro, que estaba en el Congreso. “La situación es irrecuperable, Presidente”, le dijo el senador, y así lo recordó meses después. Hubo del otro lado un silencio que Maestro calculó en siete u ocho segundos. Después, De la Rúa dijo: “Si no queda otro remedio… Bueno, lo voy a hacer”. “No hay otra salida, Presidente”, le dijo Maestro, resignado.

No hubo palabras para la historia. No hubo épica. Solo un drama inexplicable y personal y una tragedia callejera. Cerca de las siete de la tarde, De la Rúa se alzó de su sillón, instalado en el comedor vecino a su despacho, murmuró algo así como “Bueno, voy a renunciar”, según recordó uno de sus ministros. Caminó los pocos pasos que lo separaban de su despacho y pidió a su secretaria, Ana Cernuzco, unas hojas de papel timbrado con la leyenda “Presidente de la Nación Argentina”. Después, en mangas de camisa, desenroscó el capuchón de su lapicera y trazó los primeros párrafos de su renuncia. 

Después de firmar, entregó el papel al secretario de Legal y Técnico, Virgilio Loiácono, y pidió que llegara al Congreso antes de las ocho de la noche. Loiácono le pasó la tarea a un antiguo funcionario de Presidencia, Sergio Grillo, que había visto correr mucha agua bajo los puentes de la Rosada. Cuando salió del despacho, el Presidente dio con Víctor Bugge, el fantástico fotógrafo de gobierno que ha trazado, a lo largo de casi medio, siglo un tratado de filosofía política argentina a golpes de cámara. De la Rúa lo abrazó: “Gracias por todo, Víctor”. Bugge entonces se preguntó: “¿Habrá renunciado?”. La respuesta la vio en el saludo del Presidente a sus llorosas secretarias, Mumy, de Audiencias y Ana, su asistente personal.

Después entró al despacho de edecanes y volvió a ver a Bugge, cámara en mano: “Venga, haga su trabajo”, le dijo, y posó erguido y formal frente a la bandera. Hubo unos minutos de pesado silencio, difícil de tolerar para ministros, secretarios y funcionarios, que De la Rúa rompió con una invitación a Colombo: “Venga, sáquese una foto conmigo”. La cámara de Bugge tomo varias de esas escenas y otras más del Presidente que ya no lo era, firmando fotografías suyas con la banda y el bastón. Cuando la sesión de fotos terminó y cada quien tuvo su foto, Jorge De la Rúa, hermano del Presidente, Hernán Lombardi, Héctor Lombardo, ministro de Salud, entre otros, De la Rúa parecía un poco desconcertado, sin saber qué hacer, cuál rumbo tomar, cómo era ahora que iba a seguir su vida. Sonrió y en una rara muestra de candor preguntó: “¿Y ahora?”.

La respuesta la tenía el vicealmirante Carlos Carbone, jefe de la Casa Militar. La violencia en las calles, los gases que flotaban, agrios, en la Plaza de Mayo, un grupo de manifestantes que vociferaban cerca de la explanada de la calle Rivadavia, convencieron a Carbone del peligro que rodeaba al ahora ex Presidente si se intentaba trasladarlo por tierra a Olivos. Carbone decidió que tenía que ser en helicóptero y por los techos de la Casa de Gobierno.

Hubo voces de protesta de resistencia, el helicóptero, cualquiera fuere, remitía a la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando la presidente María Estela Martínez de Perón había despegado como Presidente y aterrizado en Aeroparque como prisionera de la Junta Militar. Pero el jefe de la Casa Militar no estaba en esos momentos para paralelismos históricos. Cortó por lo sano y encaró a De la Rúa: “Señor, su vida depende de mí. Y vamos a ir por el sitio más seguro”.

De la Rúa asintió, se puso en manos del marino y juntos enfilaron hacia el ascensor.

Esa, la del helicóptero, ya es otra historia.

Por Alberto Amato

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