Gobierno de Milei buscará privatizar 41 empresas: YPF, el Banco Nación, el Correo y Aerolíneas Argentinas, entre otras

Tras hacer público el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía, el gobierno de Javier Milei envió al Congreso argentino una ley ómnibus con 644 artículos titulada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que contempla la privatización de 41 empresas públicas.

El extenso texto que lleva la rúbrica del recién asumido Mandatario trasandino, justifica el traspaso de las compañías estatales a capitales privados en “la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”.

Dicho proceso se dará en el marco de la normativa vigente de la ley 23.696 de Reforma del Estado, “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.

Ley ómnibus: las empresas públicas que busca privatizar Milei

Administración General de Puertos

Aerolíneas Argentinas

Empresa Argentina de Soluciones Satelitales

Agua y Saneamiento

Banco Nación de la Argentina

Banco de Inversión y Comercio Exterior

Casa de la Moneda

Contenidos Públicos

Corredores Viales

Correo Oficial de la República Argentina

Construcción de Viviendas para la Armada Argentina

Dioxitex

Educ.ar

Empresa Argentina de Navegación Aérea

Energía Argentina

Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín”

Fabricaciones Militares

Ferrocarriles Argentinos

Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias.

Intercargo

Nación Bursátil

Pellegrini

Nación Reaseguros

Nación Seguros de Retiro

Nación Servicios

Nucleoeléctrica Argentina

Playas Ferroviarias de Buenos Aires

Polo Tecnológico Constituyentes

Radio de la Universidad Nacional del Litoral

Radio y Televisión Argentina

Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba

Talleres Navales Dársena Norte

Télam

Desarrollo del Capital Humano Ferroviario

Belgrano Cargas y Logística

Administración de Infraestructuras Ferroviarias

Operadora Ferroviaria

Vehículo Espacial Nueva Generación

Yacimientos Carboníferos Fiscales

Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)

YPF 

El antecedente privatizador de Milei en el mega DNU

La letra chica de la ley ómnibus sigue la línea del decreto de necesidad y urgencia que dio a conocer el gobierno la semana pasada, donde el Poder Ejecutivo introdujo una serie de modificaciones en la reglamentación actual que posibilitará las privatizaciones de firmas públicas.

“Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”, dictaminó Javier Milei como paso previo a la desnacionalización de las compañías.

“Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”, agrega el DNU.

En paralelo, el escrito remarca que las empresas en las que la administración central sea accionista “no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni podrá el Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios, ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo, alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga”.

Por último, Milei dispuso un período máximo de transición de 180 días a partir del dictado del DNU para que “la Autoridad de Aplicación proceda a la aplicación del artículo 48 y la inscripción de las sociedades transformadas en los Registros Públicos de Comercio que corresponda”.

Cabe destacar que tanto la ley ómnibus como el decreto presidencial deberán pasar por el tamiz de Diputados y el Senado de la Nación, aunque el tratamiento será diferente. En el primer caso, si una de las dos cámaras rechaza el proyecto, cae. En cuando al DNU, basta con que uno de los dos lo apruebe para que siga en vigencia.

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