“Existen 600 líderes de bandas criminales aproximadamente a lo largo de los 82 establecimientos penitenciarios de todo el país”

Esta semana se inauguró la nueva sección femenina del Centro Penitenciario de Punta Arenas, lo que significa un avance en la capacidad para mujeres privadas de libertad, como también garantizar derechos humanos para las internas. Para participar de este hito, viajó a la región el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, dado que se enmarca en un plan ministerial para mejorar las condiciones carcelarias de las reclusas.

Sobre este plan, Gajardo expone que el objetivo es que “existan condiciones adecuadas para el cumplimiento de la prisión y que esas condiciones nos permitan generar aquello que se requiere para la reinserción social”.

A nivel nacional estos últimos años se ha visto un aumento exponencial de la población penal, así como un incremento en la peligrosidad de los reclusos. “En general, en todo el país hemos tenido un aumento significativo en las personas que se encuentran privadas de libertad. Esto se debe a varias causas, dentro de ellas una política de persecución penal más efectiva que ha llevado este gobierno adelante. Cuando asumimos como gobierno, existían alrededor de 42.000 personas privadas de libertad, hoy por hoy tenemos 54.000 personas privadas de libertad a lo largo del país”, expone Gajardo. Es decir, en estos dos años habrían ingresado 12 mil personas a centros penitenciarios.

Dicho incremento explosivo ha generado, a su vez, una serie de desafíos, para lo que se han tomado medidas como un Plan de Infraestructura Penitenciaria. “Durante el 2024 y el 2025, vamos a poner en operación más de 9.000 plazas a lo largo de todo el país, ya sea en ampliación de recintos penitenciarios, en reapertura de establecimientos penitenciarios, remodelaciones y también inauguraciones de nuevos recintos”, señala el subsecretario. Para este año, por ejemplo, indicó que se materializará una de las inauguraciones más importantes del gobierno que es el nuevo Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca.

A la vez, se ha estado implementando un plan de seguridad penitenciaria que incluye tener espacios de alta y máxima seguridad adecuados para albergar a la población más peligrosa. “Existían solo 6 módulos de alta y máxima seguridad a lo largo del país con una capacidad para 300 plazas, hoy tenemos el doble de cantidad de plazas”, señala Gajardo. Sin embargo, en Magallanes no existen este tipo de instalaciones, ya que -según señala el subsecretario- “no hemos tenido la necesidad”.

Crimen organizado en las cárceles

En noviembre 2022 y agosto 2023 se aprobaron dos proyectos de ley que modifican el Código Penal, establecen nuevos tipos penales y que permiten combatir la tenencia de elementos prohibidos y en especial de teléfonos celulares. Primero, se establece como delito el ingreso de teléfonos celulares y, segundo, la tenencia de teléfonos celulares al interior. Entre ambos, se califican como delitos tanto el ingreso como la tenencia, lo que ha permitido hacer más de 500 denuncias a nivel nacional ante el Ministerio Público.

“Existen 600 líderes de bandas criminales aproximadamente a lo largo de los 82 establecimientos penitenciarios de todo el país. Estos líderes es importante tenerlos segregados y, por eso, hemos generado un aumento en las plazas que tenemos de alta y máxima seguridad”, dice.

Para hacer frente a esta realidad se han entregado mayores facultades a Gendarmería para la investigación criminal al interior de los establecimientos penitenciarios, como también la desarticulación mediante inteligencia de estas bandas y la inhibición de la telefonía celular al interior de los recintos. “Tenemos adjudicada una licitación y firmado un contrato para que en marzo de este año comience a operar la inhibición de la telefonía celular en todo el sector de Pedro Montt, lo que nos va a permitir también cortar cualquier vínculo que tengan las bandas criminales con el exterior”.

Institución de Reinserción Social Juvenil

Sobre la reinserción juvenil, explica que se trata de una política pública que se inició con el gobierno de Michelle Bachelet, continió con Sebastián Piñera y ahora la posta es tomada por el Presidente Gabriel Boric. Busca implementar adecuadamente una institucionalidad robusta para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que implicó que el Servicio Nacional de Menores se divida en dos servicios especializados: Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

“Va a comenzar sus operaciones el 12 de enero en la macrozona norte y va a continuar su implementación el 12 de enero del próximo año en la macrozona sur, lo que implica que a contar de este año comenzamos a trabajar en la implementación en esta macrozona que va desde Ñuble hasta la región de Magallanes y la Antártica Chilena”, explica el subsecretario Gajardo.

Entre las principales características, Gajardo indica que “lo primero es que forma parte de un sistema de garantía de protección de derechos de la niñez y adolescencia. Lo segundo es que pone en el centro a los jóvenes y la necesidad de su reinserción social. Lo tercero es que para hacer efectivo estos fines y objetivos se le entrega una fortaleza institucional muy relevante. Este nuevo servicio va a tener más herramientas institucionales, más facultades legales, va a tener mayor presupuesto, mayor especialización, lo que implica un aumento de dotación importante, va a tener un sistema de acreditación de los programas de reinserción y de las instituciones que colaboran con el servicio”.

Actualmente el Servicio Nacional de Menores funciona a través de la subvención, es decir que “no se paga el total de lo que cuesta un programa de reinserción y se paga conforme a los jóvenes que se encuentran atendidos diariamente, lo que muchas veces genera un incentivo algo perverso, porque muchas veces es mejor tener un joven dentro del programa en vez de tener un joven reinsertado o rehabilitado socialmente”, ilustra el subsecretario.