Recuperando el orden: la Importancia de revertir ocupaciones irregulares en predios fiscales

En el marco de la política de Bienes Nacionales, la decisión de desalojar predios fiscales bajo ocupación irregular emerge como una medida crucial para restablecer el orden, garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y promover un desarrollo equitativo.

La importancia de volver a controlar estos terrenos no solo radica en la protección del patrimonio estatal, sino también en la creación de oportunidades para el beneficio común.

En tal sentido, resulta importante la decisión de la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales de hacer realidad dicha política y de comenzar a actuar. Tal fue el caso registrado en la víspera, donde con maquinaria se ingresó a una parcela bajo ocupación irregular y se procedió a desbaratar pequeñas edificaciones levantadas en el sector de Llau-Llau.

Los predios fiscales en la región son activos valiosos que pertenecen al conjunto de la sociedad magallánica y su ocupación irregular representa una amenaza directa al patrimonio estatal, desviando su propósito original y privando a la comunidad de los beneficios que podrían derivarse de un uso planificado y sostenible.

Recuperar el control sobre estos predios no solo significa salvaguardar el patrimonio estatal, sino también preservar el valor intrínseco de estos recursos para las generaciones presentes y futuras.

La ocupación irregular de predios fiscales puede dar lugar a desarrollos caóticos y desorganizados, afectando la planificación territorial y la infraestructura pública. La política de Bienes Nacionales, al desalojar estas ocupaciones, contribuye a restablecer el orden y asegurar entornos habitables y seguros para la población.

La correcta administración y disposición de los predios fiscales permite su aprovechamiento eficiente, ya sea a través de proyectos de infraestructura, desarrollo inmobiliario responsable o iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social de la comunidad.

Quizás, también lo resuelto por la seremía -así como sucedió con el desalojo del ex hospital regional-refuerza el respeto a la legalidad y al estado de Derecho, principios fundamentales que, a ratos, parecen olvidarse, pero que deben regir la convivencia en una sociedad democrática.