Fiscalía abrió investigación de oficio ante posibles irregularidades en entrega de pensiones de gracia

• Se determinará si funcionarios públicos incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas, entre otras materias de investigación.

En medio de la controversia por la entrega de pensiones de gracia en el marco del estallido social a personas con antecedentes penales, la Fiscalía Nacional decidió abrir una investigación penal de oficio con el fin de recabar antecedentes y analizar la posible comisión de delitos en la entrega de estos beneficios.

La determinación la adoptó el fiscal nacional, Angel Valencia, conforme a los antecedentes recabados a través de los diversos medios de comunicación, según lo informado por la Contraloría General de la República y la presentación de parlamentarios ante diversas instituciones.

Para esto designó a Marcos Pastén, quien hace poco asumió la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, para encabezar la indagatoria.

Según informó la Fiscalía, en esta investigación se deberá determinar si los funcionarios públicos efectivamente se encontraban a cargo de los pagos, si intervinieron o participaron en la asignación de los recursos, si incumplieron con sus funciones o si existieron conductas engañosas o fraudulentas para obtener beneficios estatales, entre otras materias que serán indagadas.

Cabe recordar que luego del informe emitido por la Contraloría General de la República que revisó cómo se tramitaron y entregaron durante el año 2022 un total de 418 pensiones de gracia a víctimas del estallido social de octubre de 2019, uno de los puntos más criticados ha sido el hallazgo de 58 casos en el que los beneficiarios registran antecedentes penales.

Entre ellos, destacan dos casos de especial gravedad: uno por abuso sexual en contra de una niña de seis años, y otro, por producción de material pornográfico infantil en contra de una menor de 17 años.

El primero de ellos corresponde al caso de Robinson Eduardo Jaramillo Monje (56), a quien el 21 de febrero de 2022, bajo el mandato del Presidente Sebastián Piñera, se le concedió una pensión de gracia equivalente a $425.429 mensuales al ser calificado con lesiones de carácter “grave”, producto del impacto de una bala en uno de sus tobillos en la ciudad de Valdivia.

El segundo caso corresponde al de José Alejandro Lagos Lagos (29), quien mediante el decreto N°2898 del 29 de septiembre de 2022, durante el mandato del Presidente Gabriel Boric, recibió la calificación de daño “leve” producto del estallido social, lo que le permitió acceder a una pensión de gracia de $283.619 mensuales.

En esta situación, el jueves el gobierno anunció que el Mandatario firmó el decreto para revocar el beneficio.

De acuerdo a los registros del Poder Judicial, el 1 de julio de 2022, Lagos fue condenado como autor del delito de producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años.

Además, existe un beneficiario con nueve condenas por delitos reiterados y otros por intento de robo de altas sumas de dinero.

Emol/La Tercera