Radio “La voz del Sur” de Punta Arenas llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Hasta San José, en Costa Rica, llegó el caso de la radio “La Voz del Sur”, lugar donde se realizará la audiencia pública del caso Galetovic Sapunar y otros versus Chile, por la falta de recurso judicial efectivo en nuestro país para la reparación a realizarse por la confiscación de esta emisora ocurrida durante la dictadura.

La petición apunta al perjuicio de Mario Galetovic Sapunar, Daniel Ruiz Oyarzo, Carlos González Jaksic, Oscar Mayorga Paredes, Hugo René Formantel Díaz y Néstor Navarro Alvarado. De este grupo, sólo Mario Galetovic y Oscar Mayorga sobreviven a la fecha. Serán representados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Ciro Colombara López y Jennifer Alfaro Montecinos, pertenecientes al Estudio Colombara, con una amplia experiencia en estas materias.

En septiembre de 1973 la radiodifusora operaba en Punta Arenas y llevaba casi cuatro décadas de funcionamiento, siendo una de las principales emisoras de la provincia de Magallanes. El 11 de septiembre, terminando de transmitir el discurso del Presidente Salvador Allende antes de su muerte, fuerzas del Ministerio de Defensa tomaron posesión física de las instalaciones de la radio. Los socios principales fueron detenidos y llevados a centros de prisión y tortura.

Posteriormente, en 1975 fueron transferidos a título gratuito a la Radio Nacional de Chile todos los bienes de propiedad de la Sociedad Ruiz y Compañía, que llevaban la radio.

Años más tarde, el caso se retomó, cuando el 24 de noviembre de 1997 el 7º Juzgado Civil de Santiago emitió sentencia a favor de la parte demandante al considerar que la administración estatal carecía de atribuciones para ejercer funciones jurisdiccionales que eran exclusivas y propias de los tribunales de Justicia.

El 13 de marzo de 2002, la Corte de Apelaciones confirmó íntegramente la sentencia de primera instancia y el 21 de enero de 2004 el Fisco de Chile interpuso recurso de casación y la Sala Tercera Constitucional de la Corte Suprema de Chile acogió los argumentos del Estado y resolvió que, si bien los decretos eran nulos, la acción para reclamar la compensación por las consecuencias patrimoniales de dicha nulidad había prescrito a los cinco años de la promulgación de los decretos, esto es en 1979, en plena dictadura y estando las víctimas bajo acusaciones por Consejos de Guerra, relegadas en otros territorios de Chile y/o exiliadas.

Con dichos antecedentes el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha referido la importancia del caso a nivel interamericano, ya que está en la figura de prescripción ante violaciones de derechos humanos.