Adaptación legislativa para una migración controlada en Chile

A fines de la semana pasada, la Contraloría General de la República tomó razón de la Ley Nº21.655 que se vincula al procedimiento de reconducción de personas extranjeras que ingresan a Chile de manera irregular.

La nueva normativa, entre otras cosas, se refiere a la condición de refugiado y establece un proceso y etapa inicial para esta determinación. También regula la expulsión inmediata de quienes ingresen irregularmente al país.

En el contexto de la creciente preocupación por la migración y la necesidad de mantener un control efectivo sobre las fronteras, la facultad del Estado para reconducir a sus países de origen a extranjeros que ingresan ilegalmente se presenta como una herramienta clave.

Sabido es que ha habido un desborde de nuestras fronteras y que están meridianamente identificados los países de procedencia de esta inmigración irregular y también las nacionalidades más recurrentes.

Este ingreso descontrolado ha derivado en aumento de la delincuencia y una activación de bandas del crimen organizado a niveles que eran desconocidos en nuestro país. Como magallánicos, también hemos estado sufriendo coletazos de todo aquello.

Es, por ello, que la adecuación legislativa y de las normas y reglamentos se vuelve esencial para gestionar de manera efectiva y equitativa el fenómeno migratorio en Chile.

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo han convenido que esta enmienda será una medida vital para salvaguardar la integridad de las fronteras y garantizar la seguridad interna. Esto es visto como un paso necesario que debe tener en cuenta no sólo la seguridad, sino también los derechos fundamentales de los individuos.

La adaptación legislativa debería centrarse en reforzar los procedimientos de reconducción, asegurando que se realicen de manera justa, transparente y respetando los derechos humanos. Los protocolos y reglamentos deben ser claros y eficientes, evitando arbitrariedades y garantizando un trato digno a quienes estén sujetos a estas medidas.

En esto se espera colaboración de los países y una coordinación internacional, todo lo cual resulta esencial para poder llevar a buen término cualquier proceso que se siga en virtud de las nuevas disposiciones legales en Chile.

La facultad del Estado para reconducir a extranjeros que ingresan ilegalmente es una herramienta que, cuando se adapta y utiliza adecuadamente, puede contribuir a un control migratorio equilibrado y efectivo.