A un año de que un joven padre fuera abatido por la PDI, Fiscalía espera peritajes para resolver formalización

El pasado viernes se cumplió un año desde que un joven padre de 25 años fuera abatido a tiros por una patrulla de la PDI en una calle del barrio Archipiélago de Chiloé, en un hecho sin precedentes en Magallanes en las últimas tres décadas.

Los disparos costaron la vida en el mismo lugar a Oscar Fernández Vargas, quien exhibía antecedentes penales. Cuando tenía 17 años apuñaló mortalmente a otro joven, lo que le valió ser condenado a 4 años de presidio atendida su entonces minoría de edad.

En la tarde del 16 de febrero de 2023 la PDI recibió en el servicio de guardia el llamado de una desesperada mujer que pedía urgente ayuda porque su hijo la estaba encañonando con un arma de fuego.

Al llegar la patrulla policial al pasaje Los Coliboro, frente al parque del mismo nombre, se enfrentaron con un sujeto parapetado detrás de un vehículo, quien lo recibe con un disparo, desconociendo hasta ese momento los policías que se trataba de una pistola a fogueo.

Luego el hombre sale del vehículo y se muestra de cuerpo entero, pero sin soltar la pistola de la mano derecha. Ahí vuelve a percutar el arma y uno de los policías, que no vestía chaleco antibalas, le dispara en las extremidades inferiores y cae al suelo, pero se reincorpora sentándose en el pavimento. Otra vez apunta al PDI. En el video que circuló en redes sociales se ve que apunta y dispara otra vez. Es ahí cuando una oficial policial, que estaba a resguardo en el vehículo de la PDI, le dispara al sujeto. Este se desploma y muere en el lugar.

El baleo generó la indignación de los vecinos que presenciaron la escena y quisieron agredir a los tres funcionarios policiales.

Al día siguiente, Rigoberto Nancuante, padrastro del occiso, entrevistado por La Prensa Austral, pidió públicamente que se investigue el procedimiento y aclaró que el arma utilizada por Oscar Fernández era a fogueo.

El Ministerio Público abrió una carpeta investigativa y su fiscal a cargo, Fernando Dobson, decretó a partir de ahí una serie de diligencias, confiando las indagaciones a la Sip de Carabineros.

A un año de este hecho de sangre, el fiscal Dobson respondió que está pendiente la recepción de una pericia que tiene carácter relevante y que fue requerida en su oportunidad, y que una vez que llegue se analizará el mérito del caso, en base a lo cual se resolverá si procede o no judicializar la causa.

Mientras tanto, a nivel interno de la PDI se puso en marcha un sumario administrativo, cuyo resultado habría terminado con una propuesta de sanción para los miembros de la patrulla integrada por un agente policial y dos oficiales, de hecho a raíz de las pericias balísticas a las que fueron sometidas sus armas, les privó portar sus pistolas por un tiempo determinado.

Desde la institución policial evitaron profundizar en torno al procedimiento interno.