Contratación de abogado Contreras sigue confrontando a concejales y alcalde

La contratación del abogado Carlos Contreras Quintana sigue “penando” en la Municipalidad de Porvenir, sobre todo después que los concejales -en la última sesión ordinaria del cuerpo colegiado- se enteraran que el alcalde Gabriel Parada lo recontrató, aunque después de superar las observaciones efectuadas por la Contraloría, en modalidad a contrata y sólo como profesional a cargo de la asesoría jurídica, no para efectos de defensa corporativa en litigios actuales o eventuales a futuro. 

El tema lo puso en tabla, en la hora de incidentes, el concejal Carlos Soto, señalando su
desacuerdo con tener a un abogado que sólo concurre algunos días del mes a la comuna y cuestionando que no se le dé preferencia a un jurista que tenga residencia en Porvenir.

Además, Soto dijo que no estaba de acuerdo con el recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas por el abogado Carlos Contreras, por lo que anunció una visita (junto a sus pares que deseen sumarse) a la contralora regional, para manifestar que no está de acuerdo con que el referido incluya -en su presentación- al municipio fueguino. Sobre la marcha, pidió que se le remitan los pagos comunales hechos al mismo abogado en los meses de enero y febrero pasados.

¿Se pagó o no a Contreras los dos primeros
meses del año?

En su respuesta, el alcalde Parada le aclaró que en la sesión anterior se aprobaron las funciones que cumpliría un abogado para prestar asesoría jurídica, para corregir las observaciones del órgano contralor y que no se le pagó contrato al abogado Contreras. 

“¿Se le ha pagado al señor Contreras en enero y febrero?”, volvió a interrogar Soto, respondiendo el jefe comunal que “lo consulté por escrito”.

“En el último Concejo se sancionaron funciones, que es lo que nos manifestó Contraloría de qué hacer y no hacer. Y en ese contexto, una de ellas era las funciones que debía tener un abogado, pero no se sancionó contrato”, reiteró el alcalde. “Entonces, quiero saber a quién se contrató por $2.900.000”, retrucó el edil Soto, respondiendo Parada: “No hemos contratado a nadie todavía”. “Pero se han hecho pagos”, insistió Soto.

Fue cuando el alcalde pidió clarificar las cosas, explicando: “Dije desde un principio que la asesoría jurídica, que salía $5.200.000 para 3 abogados y una secretaria, era lo que necesitábamos para poder funcionar como municipio. No sólo en temas jurídicos, sino también… (litigar). Ahora vamos a tener que dividir el tema y eso nos va a salir mucho más caro. Estamos hablando de 6 a 7 millones, porque el abogado que contratemos sólo nos va a llevar los casos jurídicos administrativos de la municipalidad.

“Pero -prosiguió- todo lo que son defensas, alegatos de causas e ir a la corte van a ser cobrados aparte y esa era una realidad que iba a suceder. Ustedes saben que estamos sin asesoría jurídica hasta que se haga el contrato a la empresa o al abogado que encontremos, que satisfaga las necesidades que tenemos como municipio”, acentuó Parada. 

Luego intervino el concejal Daniel Maldonado, recordando el recurso de protección que interpuso Carlos Contreras y cómo funciona Contraloría interpretando la normativa, subrayando que un municipio puede impugnar ante la Justicia decisiones a interpretciones que haya realizado el ente controlador.

“Otro tema es que la Corte de Apelaciones, o la Suprema, estén de acuerdo o no con los argumentos vertidos por el municipio. Y como esto (el recurso del abogado Contreras) está en discusión ante la Corte de Apelaciones, no veo la funcionalidad de acudir a la Contraloría General, ni la utilidad de acudir a la contralora regional o nacional en esta instancia en particular”, argumentó Maldonado, debido al corto plazo en que allí se resuelven alegatos y decisión. Añadió que Contraloría también se presentó litigando ante la Justicia.

Antecedente llegó por WhatsApp en plena sesión

En ese momento, el concejal Carlos Soto pidió la palabra indicando que tenía en su celular el decreto alcaldicio de firma de contrato entre el municipio, representado por el alcalde Parada, con el abogado Carlos Contereras, domiciliado en Punta Arenas, que desde el 14 de febrero percibiría 2 millones 900 mil pesos (mensuales). “No sé cómo le llegó la información, creo que es grave que le haya llegado por WhatsApp”, adujo el jefe comunal. “¿Por qué grave, si es pública y es un decreto alcaldicio”, preguntó Soto.

Al respecto, Parada reafirmó que tenía la libertad de elegir a un abogado cumpliendo el mandato de Contraloría, apuntando que parecía que Soto tenía algo personal contra Contreras y que con la nueva modalidad de un abogado para lo administrativo y otro para las 5 causas en litigio, deberán desembolsar entre un millón 200 mil y 2,5 millones de pesos por cada una, según lo cotizado. Le pidió a Soto que diga por qué no se podría contratar al referido abogado.

“Yo no tengo nada contra Carlos Contreras -replicó Soto-, la pregunta es qué tiene usted con él que insiste en contratarlo, porque nosotros, y lo que dije en este Concejo, necesitamos un abogado que trabaje de lunes a viernes en el municipio y es lo que necesitan los funcionarios. Usted insiste con Carlos Contreras. ¡Dijo que no lo había contratado y acá tengo el decreto que lo delató!”.

El concejal adujo que podía hacer un contrato que quede en la planta y el alcalde le recordó: “En la planta que usted mismo trabajó en 2018-2019, no quedó consignado abogado ni asesoría jurídica y no puedo llamar a concurso porque no existe”. 

“La diferencia entre usted y yo es que digo que tiene que trabajar en Porvenir”, reiteró Soto. “Existe la libertad que yo puedo elegir al abogado que a mí y a la administración le brinde la mayor confianza”, alegó el alcalde.

Contreras, recontratado

Para terminar de aclarar la contratación, Gabriel Parada especificó que Contreras Quintana siguió prestando funciones en enero por una prórroga por un mes que tenía su contrato anterior (que expiró el 31 de diciembre) y que después del 30 de enero el municipio quedó sin abogado. Luego, hubo 15 días en que se generó un proceso que pasó al Concejo para sancionar las funciones y el monto (que fueron aprobados por mayoría) y que, en definitiva, se volvió a contratar a Carlos Contreras.

Para dilucidar las palabras del jefe comunal, la concejala Luz María Arrizaga pidió en su intervención que el alcalde aclare por qué “dijo hace un minuto que estábamos sin abogado”. Parada le indicó que a Contraras lo contrató el día anterior a la sesión, pero que del 1 al 19 de febrero no tuvieron abogado, quedando acéfalas las funciones jurídicas.

Para el concejal Maldonado, al tratarse de un tema conflictivo, el alcalde debió clarificar la contratación, para mentener buenas relaciones humanas. Asimismo, discrepó con Parada en que la información recibida en plena sesión por su colega Soto sea grave, pues “si no está clasificada como reservada, es pública, como lo es el decreto y no existe gravedad en que circule libremente”.

La renunión se tensó aún más cuando el alcalde Gabriel Parada les recordó a los ediles que ellos mismos aprobaron el contrato anterior de la asesoría judicial, hace un año, incluyendo la cláusula de prórroga por un mes y que no era necesario reiterarles ese punto, cuando en los hechos debieron tenerla a la vista y saber lo que habían aprobado en su momento. 

Así las cosas, las relaciones entre el jefe comunal fueguino y 3 de sus seis concejales se quebró un poco más con el espinudo tema que se arrastra ya por tres sesiones, por las observaciones de Contraloría a la contratación de la asesoría jurídica y el nuevo escenario de contratación.

Contraloría reitera en la Justicia observación hecha en Porvenir

El 14 de febrero, Contraloría Regional ofició a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para entregar sus antecedentes por el recurso de amparo que interpuso el abogado Carlos Contreras, por los cuestionamientos sobre el ejercicio de sus funciones como asesor jurídico de los municipios de Río Verde y Porvenir, acotando que el abogado no acompaña los patrocinios de ambas instituciones.

Hace ver que, en estos casos, es el alcalde quien debe representar judicial y extrajudicialmente a una municipalidad y que “no resulta procedente ni aceptable que el recurrente se arrogue la representación de las mencionadas corporaciones”. Reitera que las funciones entregadas por ley a asesoría jurídica “deben ser desempeñadas por personal municipal y no por terceros ajenos a la administración”.

También advierte el recurso como “extemporáneo, toda vez que el plazo de 30 días corridos establecidos para tal efecto, se encuentra vencido” y que “no es efectivo lo afirmado en cuanto a que esta entidad contralora está propiciando la contratación a honorarios para la prestación de los servicios de que se trata”. Concluye en sus argumentos que “de este modo, no se advierte en la especie una distinción que pueda ser considerada arbitraria”.