El sentido de las autoridades regionales

Un lugar común de discusión, cuando se plantea la necesidad de desarrollo y crecimiento del país, se centra en la necesidad de contar con autoridades regionales, para cumplir con el objetivo de desarrollar las unidades territoriales, hoy regiones, antes provincias.

No podemos desentendernos que el elemento determinante y distintivo de esta larga y angosta franja de tierra denominada Chile, es el carácter de país unitario, que muchas veces se contrapone e impone al concepto de regional o local, en circunstancias que son conceptos diversos.

Pero, la idea de esta opinión no es dar una clase acerca de los gobiernos federales, unitarios o federados, sino que referirme a la importancia y sentido que deberían tener las autoridades regionales.

Es necesario precisar que muchas autoridades regionales tienen de autoridad regional sólo el nombre. Lo anterior, no es sólo porque desconocen o no conocen la región, lo cual ya es importante, sino que, además, porque sus procedimientos y decisiones dependen directamente del nivel central, en algunos casos por la definición del modelo mismo de administración que se encuentra centralizado y en otros porque la autoridad no emite su pronunciamiento sin antes consultar al nivel central y adoptar la decisión de dicho nivel; en este sentido, el problema no se presenta cuando el sistema está centralizado, pues ello no es posible de obviar u omitir en el nivel regional, el problema se presenta cuando la autoridad regional renuncia a generar un pronunciamiento o una gestión que implica un conocimiento del territorio y de las instituciones que se tratan, dejando la solución a los noveles centrales, ello es lo que produce el conflicto de difícil solución y ejemplos de estas situaciones las tenemos por cantidades, tanto en el mundo privado como en el público.

El sentido de tener autoridades regionales pasa por tener personas competentes profesionalmente, dotadas de autoridad, para desarrollar su gestión de cara y con un claro conocimiento de la realidad en la región y no esperando los pronunciamientos de la capital o reproduciendo sus decisiones en el plano local.

Si bien es cierto se ha avanzado con las autoridades regionales electas y con competencias, como los gobernadores regionales, bastó un descalabro en materia de administración presupuestaria para que la Dirección de Presupuestos adoptara decisiones que restringieron sus acciones y esto debería ser materia de mejoramiento y no de restricción de competencias o gestiones.

Los problemas que se plantean al respecto se multiplican: el financiamiento de obras con fondos que dependen del nivel central con el consecuente atraso en los pagos, las exigencias en el sistema de compras públicas que igualan a todos los proveedores y los procesos como si se ejecutaran en Santiago, obviando las dificultades naturales de traslado, instalación de faenas y costos asociados en nuestra región; la necesidad de ajustar las decisiones administrativas a las realidades locales, tanto en exigencias legales como administrativas.

La falta de compromiso y sentido de lo regional también contribuye a un proceso de desarrollo limitado y con escasos resultados que beneficien a los habitantes de regiones.

Hemos avanzado, sin lugar a dudas, pero mientras mantengamos autoridades regionales que renuncien a tomar decisiones conforme a las realidades regionales seguiremos un par de pasos atrás en relación al centro del país