Represor chileno acumula sentencias por más de 1.000 años de cárcel

• 50 años después del golpe militar, el Estado, bajo el gobierno de Gabriel Boric, ha impulsado un Plan de Búsqueda que procura establecer el destino de las personas desaparecidas.

Es cosa de sacar las cuentas. La última condena emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de uno de los más sanguinarios represores de la dictadura militar se agrega a casi una treintena de sentencias en ejecución que suman 1.047 años de cárcel. El ex coronel de Ejército y uno de los jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina, la policía secreta de Pinochet), Miguel Krassnoff Martchenko, ni con diez vidas podría cumplir las condenas que ha recibido por los más de 300 asesinatos acreditados y que se le atribuyen en las investigaciones judiciales.

Cada cierto tiempo “El ruso”, como era conocido entre sus colegas militares, se viste una casaquilla amarilla de “Imputado”, estira sus brazos para ser esposado y camina tranquilo hasta el carro celular del servicio penitenciario que lo traslada a los tribunales. La última vez fue el viernes pasado, cuando fue llevado desde la cárcel especial para represores de “Punta Peuco” en las afueras de la capital chilena, ante las cortes para notificarse de la sentencia de otros 20 años de prisión, ahora por el secuestro y desaparición forzada de la pareja de actores y cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller, arrestados por los organismos de seguridad en noviembre de 1974, en un barrio residencial de Santiago. En el operativo de secuestro estuvo entre otros Krassnoff, quien niega -al igual que en todos los casos por los que ha sido condenado- cualquier participación. Ante los jueces se declara “analista de inteligencia” e intenta desmentir a decenas de sobrevivientes que le apuntan como uno de los más violentos interrogadores.

Aunque nació en Austria, la familia de Krassnoff era cosaca; su padre y abuelo combatieron junto a las tropas nazis y fueron hechos prisioneros por los aliados al finalizar la guerra y entregados al Ejército Rojo. En 1947, ambos fueron fusilados, tras lo cual su madre emigró hacia Chile. “El caballo loco”, como le decían en la Dina, ingresó al Ejército chileno y la mañana del 11 de septiembre de 1973 dirigió las tropas que atacaron la casa residencia del Presidente Salvador Allende. Al igual que otros oficiales que comandaron fuerzas de asalto el día del golpe de Estado que derrocó al gobernante socialista, integró los círculos de confianza militar del general Augusto Pinochet.

Luego de especializarse en Inteligencia y operaciones antisubversivas en la Escuela de las Américas que en los 70 todavía funcionaba en la zona del canal de Panamá, fue llamado a integrar la Dina formada a fines de 1973 por el entonces coronel Manuel Contreras, quien reportaba directamente a Pinochet. A cargo de la Brigada “Lautaro” y luego de la agrupación “Caupolicán” de la Dina, la actividad de Krassnoff se concentró en el exterminio de la dirección central del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Mir), luego del Partido Socialista y posteriormente del Partido Comunista, en 1976. En el periodo 1973-1977 se registra la mayoría de los más de 3.100 casos de ejecuciones sumarias y de desapariciones forzadas, según establecieron los Informes oficiales sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridas en el Chile dictatorial.

Carmen Bueno y Jorge Müller eran militantes del Mir y desde la clandestinidad organizaban la resistencia a la dictadura cuando fueron secuestrados. Ambos fueron llevados a los centros de detención de la Dina y el rastro de ambos se pierde a las pocas semanas. En julio de 1975 la dictadura civil militar llevó a cabo una operación de guerra psicológica conocida como “Operación Colombo”, que buscó ocultar la autoría criminal de los aparatos represivos en los centenares de casos de desaparición de personas y además diseminar a la sociedad chilena un mensaje de terror sobre la capacidad represiva de la dictadura.

La operación supuso la coordinación que incluyó autoridades y militares de Brasil y Argentina para publicar en ambos países medios de prensa -que circularon por una única vez- con una lista de 119 personas que, según indicaron las agencias oficiales apuradas en reproducir las versiones de los organismos de seguridad, se habían matado en disputas internas y cuyos cuerpos habían sido hecho desaparecer por las propias organizaciones de izquierda. “Exterminados como ratones” tituló el diario chileno La Segunda de la cadena de El Mercurio, dando cuenta de la lista de 119 personas detenidas desparecidas en Chile, pero que quisieron hacer creer que habían sido asesinadas en el exterior. En la lista apareció el nombre de Carmen Bueno, pese a las decenas de testigos de su estadía en los centros represivos de la Dina.

La “Operación Colombo” fue una acción fundante del “Plan Cóndor”, impulsado desde Chile y en el que participaron los organismos represivos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Durante años el Plan Cóndor secuestró y/o asesinó a varios miles de militantes de izquierda del cono sur de América Latina, hizo intercambio de prisioneros, los torturó indistintamente en Santiago, Buenos Aires, Asunción o Montevideo. Años más tarde, la red de Cóndor fue usada para proteger de la justicia a los represores. En toda la cadena de acciones que hicieron posible la Operación Colombo participó como secuestrador y torturador el entonces capitán Krassnoff, al igual que buena parte de los oficiales que dirigían la Dina.

Las dos cárceles especiales para represores que hay en Chile albergan a unos 150 condenados por crímenes de lesa humanidad, la mayoría de los cuales mantienen un férreo pacto de silencio sobre el destino de las y los desaparecidos. La justicia chilena, pese a recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde los días posteriores al golpe de Estado de 1973, recién inició investigaciones conducentes a establecer la verdad y castigar a los hechores a inicios de los años 2000, luego del arresto del general Pinochet en Londres, detenido por la acción de la justicia española. De hecho, Krassnoff entró a prisión por primera vez recién en el año 2001, cuando ya estaba acogido a retiro con el grado de brigadier de Ejército.

Los gobiernos civiles pos dictadura crearon comisiones especiales para investigar los crímenes de la dictadura, las que emitieron en 1991 el Informe Rettig sobre asesinatos y desaparición forzada, y en 2003 el Informe Valech sobre prisión política y torturas. Pero ha sido 50 años después del golpe militar que el Estado, bajo el gobierno de Gabriel Boric, ha impulsado un Plan de Búsqueda que procura establecer el destino de las personas desaparecidas. Las organizaciones de derechos humanos apoyan la iniciativa, pero se muestran escépticas: los testigos sobrevivientes están muriendo, como los familiares de las víctimas, y también los represores, se está imponiendo -como dijo un juez- la “impunidad biológica”. Y a eso también contribuye el silencio que mantiene Krassnoff.

Libio Pérez/Diario Red