Secuestro y trágico desenlace: la seguridad chilena en jaque

El reciente secuestro del ex militar venezolano y el subsiguiente hallazgo de su cuerpo, con la primera detención de un joven de 17 años, arroja luz sobre la complejidad de los desafíos en materia de seguridad que enfrentamos como sociedad.

Este caso pone de manifiesto las implicancias de la creciente influencia de bandas organizadas en la región latinoamericana y en nuestro país, así como la urgente necesidad de abordar estas cuestiones para garantizar la seguridad de la comunidad y la integridad de nuestras instituciones.

Uno de los factores a considerar es que Ronald Ojeda Moreno era un ex militar venezolano disidente del gobierno de Nicolás Maduro, que estaba en Chile tras solicitar asilo. Su secuestro y asesinato dejan, entonces, en entredicho la capacidad que tiene el Estado chileno de garantizar la seguridad de aquellas personas que vienen a nuestro país solicitando algún tipo de protección oficial.

Por otro lado, este caso evidencia el creciente poder de las bandas organizadas, capaces de perpetrar actos violentos que trascienden las fronteras nacionales. Estas organizaciones, con una estructura cada vez más sofisticada, representan una amenaza significativa para la seguridad ciudadana. Es esencial abordar este fenómeno con estrategias integrales que incluyan la cooperación interinstitucional y un enfoque determinado en la prevención del crimen.

El caso resalta los desafíos inherentes a mantener la seguridad en un entorno cambiante y dinámico. La capacidad de estas bandas para operar en el anonimato y adaptarse a nuevas estrategias de perpetración de delitos requiere respuestas igualmente adaptables por parte de las autoridades. La tecnología, la inteligencia y la colaboración efectiva entre organismos de seguridad son esenciales para enfrentar esta amenaza.

Eventos como estos también tienen implicancias significativas en la percepción de seguridad. El aumento de la violencia y la presencia del crimen organizado generan temor e inseguridad, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. De hecho, la forma cruenta en que actúan estos grupos busca provocar aquello.

Por ello, la gestión eficaz de la seguridad no sólo implica abordar la criminalidad en sí, sino también reconstruir la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de su protección.

La lucha contra las bandas organizadas no puede limitarse a medidas represivas; es fundamental abordar los desafíos socioeconómicos subyacentes que pueden alimentar la formación y expansión de estas organizaciones. Programas de prevención del delito, educación y oportunidades de empleo pueden desempeñar un papel crucial en la reducción de la vulnerabilidad a la influencia de las bandas organizadas.

Dada la naturaleza transnacional de muchas de estas organizaciones, acá subyace también una cuestión fundamental: la vulneración de nuestras fronteras. La colaboración internacional se vuelve indispensable. Compartir información, coordinar esfuerzos y fortalecer las alianzas regionales son aspectos clave para abordar de manera efectiva las amenazas de bandas organizadas.

Por último, cabe destacar que lo sucedido desnudó la capacidad (o incapacidad) de inteligencia que tienen las instituciones encargadas del orden y la seguridad de nuestro país, tanto del gobierno como de las policías y las propias Fuerzas Armadas. No nos podemos olvidar que el ex militar estaba bajo protección del Estado en su calidad de asilado y que, por ende, alguien debió estar encargado de garantizar su seguridad.