Descabonización de Chile: los plazos en contra y el fantasma de la sequía

• Nuestro país tiene hasta el 2040 para cerrar las 28 centrales
  eléctricas a carbón y sólo ha cerrado ocho de ellas.

Marcos Sepúlveda Loyola 

Chile de forma paulatina ha comenzado a cerrar las termoeléctricas a carbón, ya que es una de las industrias que más emisiones de dióxido de carbono (CO2) produce. Este proceso se enmarca en el compromiso del país adquirido en agosto de 2019 junto a sesenta y seis países de eliminar este mineral de su matriz energética al 2050. Estas instalaciones producen el 30% de los gases de efecto invernadero que emite Chile.

Para analizar el retiro y/o reconversión de las centrales a carbón, el Ministerio de Energía constituyó en junio de 2018 una mesa de trabajo junto a altos ejecutivos de las generadoras eléctricas y organizaciones medioambientales. Tras un año de funcionamiento, en junio de 2019, la mesa llegó a un acuerdo voluntario con las cuatro principales empresas generadoras de energía eléctrica a carbón (Enel, Colbún; Engie y Aes Gener)

Las empresas se comprometieron con el Estado a no iniciar nuevos desarrollos de proyectos a carbón que no cuenten con sistemas de captura y almacenamiento de carbono u otras tecnologías equivalentes a partir de junio de 2019 y, según el Ministerio de Energía, se creará un Grupo de Trabajo que permita establecer un cronograma y las condiciones para el cese programado y gradual de la operación de centrales a carbón.

El documento firmado entre el Estado y las generadoras eléctricas contempla que las instalaciones a carbón se pueden acoger al estado de reserva estratégica. La empresa se compromete  a  mantener la instalación en condiciones adecuadas para poder reiniciar sus operaciones en caso de problemas con el suministro eléctrico.

Según la Biblioteca del Congreso Nacional, deben estar disponibles por cinco años más y el Estado le paga a la central un 60% de los ingresos que la planta activa ganaba por mes.

Este mecanismo fue imitado de los procesos de descarbonización de países de la Unión Europea y busca evitar inseguridad en el sistema eléctrico en caso de falta de inversiones o problemas de capacidad energética.

El plan firmado entre el Estado y las generadoras eléctricas tiene como fecha límite de desconexión o reconversión de las 28 centrales termoeléctricas el 2040 y sigue los pasos de la mayoría de los países occidentales que abandonarán el carbón en 2030. 

Gabriel Boric, en tiempo de campaña, prometió adelantar el cierre de todas las centrales a carbón al 2025. “Es muy difícil que sea el 2025 o el 2040, pero probablemente el 2036 ó 2032”, calcula Julián Perret, jefe de Asuntos Públicos Zona Biobío de Colbún.

A la fecha, el Coordinador Eléctrico Nacional (Cen) ha autorizado el cierre de las ocho termoeléctricas ubicadas en las comunas de Iquique, Tocopilla, Puchuncaví y Coronel.

¿Economía o medioambiente?

Decir “chao, carbón” no era tarea fácil. En 2018 en Chile, 28 centrales termoeléctricas con una capacidad instalada de más de 5.527 MW funcionaban con este combustible, un 22% de la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (Sen). Entre 2015 y 2017 un 39% (28.970 GWh) de la generación eléctrica en el país provino de la quema de carbón. Gran parte de la electricidad usada en las ciudades cuando se acaba la luz del sol era generada con esta tecnología, según la consultora Inodú, especialista en temas energéticos.

La producción bruta total del sector generación a carbón representa un 0,69% del Producto Interno Bruto (Pib) del país y genera el 0,17% del empleo, según el Banco Interamericano de Desarrollo (Bid).

¿Qué reemplazará
al carbón?

¿Eficiencia económica o cuidado del medioambiente? ¿Cerrar o reconvertir? Eran algunas de las tantas dudas que los participantes de la mesa de descarbonización tenían con respecto al cierre de las termoeléctricas a carbón. Según consta en las actas de trabajo de esta mesa, la discusión se centró en las externalidades positivas y negativas del proceso.

A nivel medioambiental, la eliminación del carbón del sistema eléctrico en 18 años reduciría en un 80% las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y en un 88% las de óxido de nitrógeno (Nox), según un estudio realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional en 2018. Sin descarbonizar las emisiones de estos gases solo bajarán un 20%.

Las emanaciones de material particulado (MP) pasarían de seis mil toneladas en 2020 a 200 mil de MP en 2040, según el ente eléctrico.

La baja de estos contaminantes dependerá de la velocidad con la que las centrales a carbón cierren y las inversiones en energías renovables que se realicen.

La reducción de pago de impuestos y el aumento del costo de las inversiones son las externalidades negativas de este proceso.

Con el cierre de las 28 centrales a carbón el presupuesto de las municipalidades en donde se emplazan estos complejos disminuirá en un 6% y el Estado dejaría de percibir 135 millones de dólares al año por el pago del impuesto que grava las emisiones de CO2, material particulado, NOx y SO2.

Según el CEN, el cierre de estas instalaciones aumentará en un 61,5% los costos de inversión. El Ministerio de Energía calcula que con la descarbonización se deberán invertir 20 mil millones de dólares para mejorar el parque eléctrico en 20 años.

Entre 5.000 MW y 10.000 MW se deben invertir para reemplazar la energía producida por las centrales a carbón. El ente eléctrico proyecta que estos miles de megawatt van a ser generados por energías renovables como la geotérmica, solar y eólica.

De aquí a 2040 la producción de energía a través de paneles solares aumentará en 600%, señala el informe presentado por el Coordinador Eléctrico Nacional en la mesa de descarbonización. La consultora Inodú recomienda a la mesa apostar por esta energía dada las condiciones climáticas del norte grande, lugar en donde hasta 2019 un 70% de la capacidad instalada era a carbón.

La transnacional italiana Enel en Chile reemplazará los 638 MW de capacidad instalada a carbón por cuatro centrales solares ubicadas en el norte grande, una hidroeléctrica de pasada en el río Maule y una central eólica en la Región de La Araucanía. Los proyectos tienen una inversión de 1.459 millones de dólares y aportan 1.104 MW.

El 80% de la matriz energética debe ser proporcionada por energías renovables y el resto generado en base a petróleo o gas con el fin de inyectar flexibilidad al sistema eléctrico”, propuso a las autoridades chilenas en 2018 el secretario de Estado del Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Protección del Clima de Alemania, Patrick Graichen.

El principal problema del nuevo sistema es la transmisión. Esta actividad es realizada por ocho empresas, las cuales operan más de 16 mil km de líneas eléctricas, la distancia entre Chile y Japón. Sin redes de transmisión, la energía renovable generada en lugares apartados del país no puede llegar a las grandes ciudades.

El CNE  proyecta invertir US$391 millones en siete proyectos de desarrollo del sistema de transmisión US$175 millones), 16 de transmisión zonal (US$ 104 millones) y 32 nuevas subestaciones (US$112 millones) para evitar que la energía generada por las centrales solares en el norte y la eólica en el sur se pierda.

Proyecciones del Coordinador Eléctrico Nacional estimaban que el cierre de las instalaciones a carbón iba a aumentar la presión sobre las 97 centrales termoeléctricas a gas y petróleo en un 18,9% anualmente entre 2020 y 2040. “Su peak se alcanzará en 2029 e irá reduciendo su operación debido al reemplazo por centrales de fuente renovable de base”, indica el informe elaborado por el ente eléctrico en 2018.

El fantasma de la sequía

“Si falta agua, se tendrá que ocupar combustibles fósiles”, explica Humberto Verdejo, académico de la Usach, en entrevista con radio Futuro el 15 de febrero de 2023. El analista indica que, en un contexto de sequía, aumento del precio del gas y petróleo, el carbón vuelve a ser una alternativa viable para proporcionar electricidad, lo que impacta en la velocidad del proceso de descarbonización.

Las hidroeléctricas de pasada y embalses generan un 37% de la energía consumida por el país y representan el 21% de la capacidad instalada, según la Comisión Nacional de Energía (CNE)en diciembre de 2022. Este tipo de centrales, a diferencia de las que utilizan energía renovable, pueden funcionar las 24 horas del día, lo que asegura flexibilidad y seguridad al sistema.

En las autoridades políticas está la preocupación de que el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas esté en peligro y se repita la situación del invierno de 1999 cuando el gobierno de Eduardo Frei Ruiz- Tagle tuvo que implementar u na política de racionamiento energético. Este fantasma estuvo presente durante el primer semestre de 2022, ya que el 2021 fue el tercer año más seco en la historia de Chile, incluso obligó al Coordinador Eléctrico a postergar el cierre de Bocamina II en cinco meses.

La industria y la autoridad han llegado a la conclusión de que uno de los mejores mecanismos para enfrentar la estrechez de energía sin impactar el proceso de descarbonización es crear una reserva hídrica. Esta consiste en acumular agua en los embalses para ser usada en los períodos más críticos de los meses de invierno.