Contraloría oficia a Medio Ambiente para aclarar denuncia sobre áreas protegidas irregulares

El impacto en los proyectos de inversión, así como el mal uso de la normativa para iniciar la tramitación de nuevas áreas protegidas fueron los principales focos que llevaron al senador Matías Walker (Demócratas) a denunciar la situación ante Contraloría, buscando que oficie al Ministerio de Medio Ambiente sobre las atribuciones que ha impulsado dichos procedimientos.

Según argumenta el senador, Medio Ambiente no tiene las facultades legales para iniciar este tipo de trámites, dado que el Congreso aprobó en junio del año pasado que dichas competencias fueran llevadas a cabo por el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (Sbap). Dicho organismo se encuentra en una fase de transición y sin los reglamentos que complementan su función.

No obstante, el Ejecutivo ha impulsado la creación de nuevas áreas protegidas, como una de las más recientes en la Región de Magallanes: parque nacional público-privado Cabo Froward.

El oficio de Contraloría fue presentado el 6 de marzo y contestado por la cartera medioambiental el pasado 28 de marzo. En su respuesta argumentan que la creación de zonas protegidas no sólo representa una función estatal, sino que responde a mandatos constitucionales y compromisos adquiridos ante la comunidad internacional.

“La labor de creación, tal como dispuso la citada Ley Nº21.600, quedó radicada en el Ministerio de Medio Ambiente, debiendo, en virtud del principio de continuidad en la función pública, mantener la señalada función estatal, en miras a la adecuada protección del patrimonio ambiental del país en beneficio de las actuales y futuras generaciones”, sostuvieron desde el ministerio. Añaden que “un área protegida no se declara antojadizamente. Se debe realizar un proceso técnico y jurídico prolongado, en el que se levantan antecedentes y se realizan informes técnicos justificatorios”.

Sin embargo, el senador Walker aseguró que mientras no se aclaren las atribuciones, la creación de áreas protegidas constituyen un mecanismo al que se podría recurrir para frenar proyectos de inversión relevantes y que podrían llegar a ser una “trampa” que empeora los plazos de tramitación.