El desafío de la informalidad

Alvaro Vargas
Seremi de Hacienda

Se consideran ocupados informales todos aquellos trabajadores que no cuentan con protección legal o seguridad social o que perteneces a empresas no registradas en SII. Este fenómeno es un desafío a nivel global y sobre todo de países en vías de desarrollo, en Chile posemos la segunda menor tasa de informalidad de Latinoamérica, de un 27% en promedio desde que existe este indicador, y nosotros en Magallanes contamos con la tasa de ocupación informal más baja del país, cercana al 18%.

La situación no deja de ser preocupante. La informalidad abarca desde microemprendimientos, formas de trabajo precarias e incluso actividades ilícitas. Desde la perspectiva de la recaudación tributaria, resulta preocupante que cerca de un tercio de los trabajadores no contribuyan al fisco. Sin embargo, estudios a nivel nacional indican que el potencial de recaudación derivado de una masiva formalización sería menor que lo que se podría obtener combatiendo la elusión fiscal de grandes contribuyentes

Es prioritario para nuestro gobierno reducir la informalidad, tanto para atender las demandas legítimas de los pequeños comerciantes frente a una competencia desleal, como para abordar las precariedades laborales y la exclusión social que esta realidad conlleva. Existe una clara correlación entre la informalidad y diversos factores como bajos niveles de educación, género, pertenencia a comunidades indígenas, residencia en zonas rurales, edad y posiblemente discapacidad. Resulta llamativo que, mientras a nivel mundial la informalidad afecta más a los jóvenes, en Chile son los adultos mayores quienes presentan las tasas más altas en todas las categorías, a menudo combinando varios de estos factores.

Desde una perspectiva teórica, existen dos enfoques principales sobre el funcionamiento de la informalidad: uno la concibe como respuesta a la falta de empleo formal, mientras que otra plantea como empleos complementarios a las industrias formales pero que han sido precarizados. En Chile, se observa una relación directa entre la cantidad de empleos formales, el crecimiento económico y el empleo informal. Por ejemplo, durante la pandemia, ambos tipos de empleo sufrieron una fuerte caída, pero actualmente estamos viendo su recuperación, aunque a diferentes velocidades. Además, está bastante estudiado que la informalidad es una alternativa para personas que no pueden acceder a trabajos con horarios rígidos debido a, por ejemplo, responsabilidades de cuidado.

Para abordar esta problemática, como gobierno hemos implementado diversas medidas, como la compatibilización del trabajo con las labores domésticas, el registro nacional de cuidadores, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la reforma de pensiones y, desde el Ministerio de Hacienda, una serie de proyectos dentro de los que destaca la reciente aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de cumplimiento tributario. Este proyecto incluye mecanismos para identificar rápidamente ventas informales y el fortalecimiento de la Aduana, Tesorería y SII, el que se complementa con la ley de inteligencia económica o la obligatoriedad de inicio de actividades para importaciones sobre 3.000 dólares. Sin embargo, las medidas más significativas se presentarán en el proyecto de rentas para Pymes, que contempla la “ruta del emprendimiento”, ofreciendo beneficios tributarios a las pequeñas empresas que se formalicen.

En la región, hemos llevado a cabo charlas de formalización dirigidas a diversos grupos y en distintas comunas que continuaremos reforzando durante este año. Pero es fundamental que todos los emprendedores comprendan que formalizarse es una medida de protección y salvaguarda de su patrimonio, y también un paso crucial para el crecimiento de su negocio. Muchas son las ideas innovadoras que surgen en el ámbito emprendedor y estas merecen tener la oportunidad de tener escalabilidad. El Estado ofrece una serie de recursos y apoyos, como los fondos de Sercotec y Corfo, en conjunto con una serie de beneficios tributarios. Además, existe la posibilidad de convertirse en proveedor del Estado, especialmente destacando que, con la nueva ley de ChileCompra, se prioriza a las empresas de menor tamaño, regionales y lideradas por mujeres. Enfrentar la informalidad representa un desafío, pero también una oportunidad para mejorar las condiciones de vida, fomentar el crecimiento económico y avanzar hacia un desarrollo equitativo.