Gobierno regional no dará versión oficial sobre la incautación del teléfono del gobernador Flies
También fueron requisados los celulares a la jefa de la División de Desarrollo Social del Gore, Paola Fernández; al alcalde de Porvenir, Gabriel Parada, y a dos funcionarios de aquella municipalidad.
La noticia de la incautación del celular del gobernador Jorge Flies; de la jefa de la División de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Paola Fernández; y de varios funcionarios de la Municipalidad de Porvenir, entre ellos su alcalde Gabriel Parada, en medio de la investigación por los convenios con ProCultura sorprendieron a los actores políticos.
Al igual que cuando allanaron el gobierno regional, Jorge Flies se encontraba fuera de la región. El miércoles sostuvo un encuentro de gobernadores regionales en Puerto Montt y ayer estuvo con varias reuniones en Santiago. Desde comunicaciones del Gore, indicaron que no iban a hacer declaración pública sobre la incautación y que Flies estaba a full en Santiago.
Opinión de Riquelme
El más duro fue el republicano consejero regional, Alejandro Riquelme, quien se mostró aliviado y aseguró que esto es fruto de una “de acuciosa fiscalización” liderada por él.
“Periodistas y programas financiados por el gobernador regional me tildaron de mentiroso, un año atrás los consejeros regionales de izquierda, alineados al gobernador, cuestionaron la veracidad de los hechos y nunca han querido fiscalizar, funcionarios del mismo gobierno regional realizaron funas en la sesión de Core y me tildaron de “falta de respeto” por realizar mi labor”, indica el consejero republicano.
Riquelme en reiteradas ocasiones ha denunciado la relación de la administración Flies con ProCultura y la Fundación Hernando de Magallanes. Desliza que el gobernador Flies y su equipo jurídico, “han tenido una estrategia sistemática de ocultar y negar la entrega de los documentos, asociadas a las millonarias transferencias a Fundaciones y otras organizaciones”. Espera que pronto haya imputados en esta causa en marcha.
Del PC a Republicanos
“Dejar actuar a la justicia” es la frase que más se repitió entre los presidentes regionales de los partidos políticos. El líder regional de los comunistas, Dalivor Eterovic, indicó que “diligencias como la incautación de celulares deben ser aclaradas” por la administración Flies. Define las indagatorias que lleva el fiscal regional de Aysén de “muy complejas”.
El timonel de los socialistas, Pablo Bussenius, reiteró su deseo que “se investigue todo lo que haya que investigar” y haya un “total esclarecimiento de los hechos”. La presidenta regional de la Democracia Cristiana, Gloria Chodil, fue más escéptica al señalar que “no me consta que se incautase”. El secretario regional de la falange e histórica figura del sector, Juan Morano, al ser consultado sobre si en la DC están preocupados por el presunto vínculo de una de sus militantes en la arista ProCultura, dijo que: “El uso del teléfono es personal al igual que las eventuales responsabilidades por mal uso, la DC ha sido meridianamente clara en sancionar a sus militantes que faltan a la probidad”. A nivel nacional, varios militantes y ex militantes están siendo investigados en la causa “caso convenios”.
El consejero regional por Tierra del Fuego y presidente de los Radicales, Rodolfo Cárdenas, calificó el tema como una acción que corresponde y que garantiza una adecuada investigación.
En Chile Vamos la incautación del teléfono de Flies es vista con mesura. Atrás quedaron las frases dichas por Rodolfo Arecheta, vicepresidente de Evópoli, quien trató al gobernador de “poco transparente” cuando el Gore fue allanado a mediados de marzo. “No lo utilizaremos con criterio electoral”, indicó la presidenta regional de Renovación Nacional, Cecilia Cárdenas, quien esperará la decisión de la Fiscalía para calificar los actos de Jorge Flies en la arista ProCultura.
“Existe un principio de inocencia que se debe respetar (…) justicia determinará las culpabilidades”, expresó el candidato a gobernador y presidente del Partido Republicano, Javier Romero, quien calificó como “lamentable” la situación en la que se vio involucrado la máxima autoridad regional. “Debilita la fe pública que hace un tiempo está en desmedro por estas lamentables actuaciones”, declaró. Romero enfatizó que se pierde tiempo de gestión efectiva y la gente en “Magallanes necesita que les den solución a problemas sociales”.
Por último, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien investiga la arista ProCultura, declinó referirse a la diligencia decretada.