Ex fiscal de Puerto Natales se querelló en contra de Carlos Palma por “obstrucción a la investigación”

• Así las cosas, el fiscal regional de Aysén suma una segunda acción judicial.
  La primera le costó ser removido de la investigación del caso Convenios.

 

Edmundo Rosinelli
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El ex fiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez, formalizado por los delitos de “cohecho agravado” y “revelación de secreto”, actualmente en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, interpuso una querella criminal en contra del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, y de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de “obstrucción a la investigación”.

En la querella, Marisa Navarrete Novoa, en su calidad de abogada patrocinante, describe que su representado está siendo investigado por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secreto.

Previo a la formalización de cargos, el fiscal Palma presentó en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas lo que se conoce como “querella de capítulos”. Trámite previo para poder formalizar a un fiscal, el que finalmente obtuvo luz verde.

Pero, la defensa de Cristián Muñoz apeló a la Corte Suprema, encontrándose pendiente el fallo.

A pesar de esto, no encontrándose firme dicha resolución, el fiscal denunciado (Palma) formalizó y solicitó la prisión preventiva. La jueza no accedió, pero posteriormente el máximo tribunal de Magallanes revocó y envió a la cárcel al ex fiscal.

Graves irregularidades

La abogada de Muñoz denuncia graves irregularidades cometidas durante la tramitación de esta causa por parte del fiscal Palma, “algunas de las cuales son irregularidades administrativas, las que han sido objeto de una reclamación de esa naturaleza ante el fiscal nacional, pero otras constitutivas, a nuestro juicio, de un delito penal”.

Sindican a Palma de ocultar antecedentes de la investigación que favorecían a Muñoz y de “realizar maniobras para no ser descubierto en dicho ocultamiento”.

Esto tendría por objetivo “instalar en la opinión pública y en sus superiores y tribunales, una culpabilidad respecto de Cristián Muñoz Pérez en un delito que ha sido descartado por los antecedentes que mantuvo ocultos”.

Según la querella, el fiscal regional de Aysén “mantuvo una carpeta paralela, sin foliación, en la cual existían antecedentes que desvirtuaban el supuesto delito de violación de secretos, ya que al momento de emitirse un mensaje por parte de mi representado, que decía, “Vale, pero mañana la tengo difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de Puq acá ”, no existía causa penal por Ley 20.000 en contra del destinatario del mensaje, ni respecto del socio de dicho destinatario, como lo sostuvo el fiscal querellado”.

Antecedentes ocultos

Los antecedentes que se habrían mantenido ocultos serían las declaraciones de los policías de “Antinarcóticos”, quienes señalaron que no tenían reunión con el ex fiscal Muñoz, que no tenían programado viaje a Natales esa fecha; y que los antecedentes que fundaron la detención del socio de dicho destinatario, sólo surgieron dos días después del mensaje”.

Se hace ver que dichos antecedentes sólo fueron conocidos después de ser apercibido a entregarlos, a solicitud de esta defensa, por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, “no sin antes haber instalado en la opinión pública la supuesta culpabilidad de mi representado”.

La defensa de Muñoz expone que Palma, para “intentar ocultar su grave irregularidad, esto es, haber ocultado antecedentes de la investigación, incorporó supuestos alzamientos de secreto que jamás existieron, fingiendo derechamente la realización de actuaciones que nunca tuvieron lugar, conductas todas ellas constitutivas del delito de obstrucción de la investigación cometida por un fiscal regional del Ministerio Público”.

La querella del ex fiscal Muñoz fue “declarada admisible” y, por ende, acogida a trámite por la jueza Mónica Mancilla Barría, que remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue los hechos denunciados.

Segunda querella

Con la presentación de Muñoz, el fiscal regional de Aysén viene a sumar una segunda acción judicial. La primera le costó ser removido de la investigación del caso Convenios por parte del fiscal nacional Angel Valencia, luego de presentarse una primera querella en contra de Carlos Palma, por “omisión de denuncia”.

La querella es del penalista Fernando Leal, basada en artículos de Ciper, donde se pide investigar un presunto tráfico de influencias. Esto, por un pantallazo enviado por el fiscal Palma al cuestionado abogado Luis Hermosilla, el que levantó las alertas, donde se revela un diálogo con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco, dando cuenta de un ofrecimiento de Migueles a Palma de un doctorado y un puesto en la Fiscalía Centro Norte, reemplazando a Xavier Armendáriz. Todo esto en el contexto de que Palma se postuló al cargo de fiscal nacional.