Migración en Magallanes: un derecho que requiere políticas efectivas y humanitarias

La migración es un derecho humano fundamental. En Magallanes, al igual que en muchas otras regiones del mundo, la presencia de migrantes es una realidad que enriquece nuestra sociedad cultural y económicamente. Sin embargo, la gestión de este fenómeno debe estar sustentada en políticas efectivas que garanticen la legalidad y la dignidad de quienes buscan una nueva vida en nuestra región.

El Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas migratorias que no sólo regulen el ingreso de extranjeros, sino que también aseguren que no queden en la ilegalidad y en condiciones de menoscabo. La irregularidad migratoria crea un entorno propicio para la explotación laboral, la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos como la educación y la salud. Es imperativo que se establezcan mecanismos eficientes para identificar y registrar a los migrantes, brindándoles una vía clara hacia la legalidad.

Una de las principales fallas en la gestión migratoria en Magallanes es la incapacidad de las oficinas encargadas y de la policía para regularizar el ingreso de migrantes. Un reciente reportaje publicado en nuestro suplemento Fueguinas dejó al descubierto, primero, el gran número de extranjeros que ha llegado a Tierra del Fuego y, segundo, el desamparo institucional al cual están sometidos. La Pastoral de Migraciones es la única institución que atiende a estos migrantes en la isla. Insólito, por decir lo menos.

Esta ineficiencia no sólo perjudica a los migrantes, que se ven atrapados en un limbo legal, sino que también plantea riesgos para la seguridad de la región. La falta de un registro adecuado puede convertir a Magallanes en una plaza atractiva para personas con intenciones delictivas, exacerbando problemas de seguridad pública.

Garantizar el acceso a la salud y la vivienda para los migrantes es una parte esencial de una política migratoria humana y efectiva. Los migrantes deben tener las mismas oportunidades de acceder a estos servicios, lo cual beneficia a los individuos y sus familias, fortaleciendo la cohesión social y la estabilidad comunitaria. La discriminación y la exclusión en estos ámbitos generan tensiones y resentimientos, socavando la convivencia pacífica.

La educación es otro pilar fundamental que no puede ser descuidado. Los niños y jóvenes migrantes deben tener acceso garantizado a una educación de calidad que les permita integrarse plenamente en la sociedad magallánica y contribuir a su desarrollo. Las barreras educativas perpetúan la desigualdad y privan a la sociedad del potencial que estos jóvenes pueden aportar.

Es urgente que el gobierno regional haga suyo este problema y que, más allá de esperar los lineamientos desde Santiago, adopte una perspectiva integral en la gestión de la migración, que combine el respeto por los derechos humanos con la seguridad y el orden. Pero, todo esto tiene un punto de partida central: tener control sobre las fronteras y un catastro fidedigno de quiénes están ingresando a nuestra región y si lo están haciendo por pasos legales o no.