Violencia contra las mujeres en Magallanes

Esta semana, un reportaje de este diario nos vuelve a recordar la compleja realidad al interior de los hogares de nuestra región. Según los datos disponibles, en Magallanes, 4 de cada 10 mujeres sufren maltrato por sus parejas. Ya no se trata de sensaciones, rumores o notas aisladas, sino que de números concretos. En lo que va de este año ya llevamos más de 500 denuncias, lo que implica que diariamente hay más de dos casos de Violencia Intrafamiliar en la región. Esta violencia dentro del hogar, que está dirigida principalmente hacia las mujeres, la sufren también los niños y niñas.

Para enfrentar la violencia intrafamiliar se requieren de políticas integrales que incluyan medidas preventivas -a través de campañas de concientización, prevención y empoderamiento de las posibles víctimas-, generar mayor autonomía económica de las mujeres que las habiliten a salir del círculo de la violencia y, por cierto, la construcción de una red de apoyo inmediato a las víctimas que les brinden apoyo psicológico, asistencia legal y acceso a la justicia para que estos delitos no queden en la impunidad.

Desde el Parlamento hemos abordado este complejo problema social aprobando diversas leyes. En agosto de 2022 aprobamos la ‘Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos’ que ha aliviado la carga de las mujeres en el cobro de las pensiones de alimentos de sus hijos y que colabora en generar mayor autonomía económica para las mujeres. En abril de 2023 despachamos la ‘Ley de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y sus familias’, que establece una pensión para los hijos e hijas de víctimas de femicidio, atendida la compleja realidad familiar que enfrentan los niños y niñas al quedar sin sustento maternal y paternal. Este 2024, después de más de 6 años de tramitación, aprobamos la ‘Ley integral para erradicar la violencia en contra de las mujeres’ que establece un sistema de protección interinstitucional enfocado en niñas y mujeres, para una mejor coordinación de todas las instancias estatales que cuentan con dispositivos para enfrentar esta lamentable realidad.

Pese a estos avances, hay que reconocer que necesitamos hacer un esfuerzo adicional en nuestra región. Nuestras tasas no son aceptables. No podemos acostumbrarnos a que dentro de nuestros hogares exista esta violencia, y que nuestras infancias crezcan en ambientes agresivos. La violencia intrafamiliar es un delito y un problema de seguridad, que pese a que no recibe la misma atención mediática que los delitos que se cometen en la vía pública, merece nuestra igual atención. Es hora que destinemos recursos regionales adicionales para fortalecer las medidas que se implementan desde el nivel central. En un año en el que elegimos autoridades municipales y regionales, espero que esta problemática esté al centro del debate público y que escuchemos nuevas propuestas para erradicar la violencia de nuestros hogares.