Responsabilidad de la reparación de puentes y vías en Punta Arenas

La reciente polémica surgida a raíz de las declaraciones del alcalde Claudio Radonich en el último Concejo Municipal de Punta Arenas ha puesto sobre la mesa un tema crucial: ¿qué entidad es realmente responsable de reparar los daños en puentes y vías en la ciudad? Las palabras del edil, al endosar esta responsabilidad al Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), han generado un debate que merece una reflexión profunda.

Según la legislación vigente, el gobierno regional tiene la responsabilidad de construir, reponer, conservar y administrar las obras de pavimentación en áreas urbanas. Sin embargo, la administración de estos bienes recae en las municipalidades, lo que complica la asignación de responsabilidades cuando se trata de reparaciones y mantenimiento. Esta dualidad de competencias ha sido fuente de confusión y, en ocasiones, de ineficiencia en la gestión de infraestructuras críticas para la ciudad.

El alcalde Radonich, al señalar al Serviu como el responsable de la reparación de puentes y vías, ha puesto en evidencia un problema recurrente: la falta de claridad y coordinación entre las distintas entidades gubernamentales encargadas de estas tareas. Este cruce de competencias no sólo afecta la rapidez con la que se atienden los problemas de infraestructura, sino que también diluye la responsabilidad, dificultando la rendición de cuentas.

Más allá de la controversia, lo que resulta realmente preocupante es la falta de proyectos concretos para la mejora y mantenimiento de las vías y puentes de Punta Arenas. La ciudad no puede permitirse el lujo de seguir aplazando estas intervenciones, ya que el deterioro de la infraestructura vial no sólo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos.

Es fundamental que las autoridades municipales y regionales trabajen en conjunto para clarificar las competencias y responsabilidades, estableciendo mecanismos eficientes de coordinación que permitan atender de manera oportuna y eficaz las necesidades de infraestructura de la ciudad. Esto incluye la reparación de los daños actuales, pero también la planificación de proyectos a mediano y largo plazo que aseguren el adecuado mantenimiento de las vías y puentes.

La ciudadanía de Punta Arenas merece una respuesta clara y acciones concretas que resuelvan los problemas de infraestructura que enfrenta la ciudad. La polémica generada por las declaraciones del alcalde debería servir como un llamado de atención para todas las autoridades involucradas, instándolas a dejar de lado las diferencias y a trabajar de manera colaborativa en beneficio de la comunidad.

En lugar de perpetuar el juego de las culpas, es momento de asumir responsabilidades y actuar. La infraestructura vial es un bien público fundamental y su adecuado mantenimiento es una obligación que no puede ser evadida. Las autoridades deben estar a la altura de las circunstancias, asegurando que Punta Arenas cuente con vías y puentes seguros y en buen estado, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para todos sus habitantes.