Voluntad política y coordinación, claves para combatir la delincuencia

El avance de la delincuencia es uno de los problemas más acuciantes que enfrenta nuestro país y Magallanes no es la excepción. Se discute mucho y permanentemente del tema de la delincuencia, terrorismo y vandalismo, se han dictado leyes y modificado otras con la intención de erradicarla, pero lamentablemente nada cambia. Amplios sectores del país están cansados de charlatanerías y están buscando una mano firme que restablezca el orden en las calles y restaure la autoridad del Estado.

La razón es simple y no sólo tiene que ver con las cifras. El imaginario de la sociedad chilena se articula sobre dos dimensiones, una horizontal que corresponde a la cercanía, a lo cotidiano y otra vertical, que representa la autoridad. Los últimos años han sido horizontales, de relatos y narrativas de un Estado presente y solidario, pero el péndulo ha empezado a moverse en la dirección contraria, ya que el exceso de horizontalidad ha vuelto incierto el futuro. Chile quiere verticalidad.

Si queremos dar un giro en este flagelo, es fundamental un cambio radical en la “voluntad política” del gobierno, incluidos quienes formamos parte de la clase política. En este contexto, son dos los pilares fundamentales para el control efectivo de la delincuencia: la transformación de paradigmas históricos políticos y una coordinación robusta entre diversas entidades sociales y gubernamentales.

Primero, se requiere un cambio profundo en la “voluntad política” de nuestro gobierno y los partidos políticos. Actualmente, existe un paradigma heredado de esta “horizontalidad” que algunos consideran el “síndrome del pobrecito”, en el cual las autoridades tienen una actitud condescendiente hacia los delincuentes, argumentando que éstos no deben ser castigados porque son víctimas de una sociedad castigadora, competitiva, poco solidaria y menos aún equitativa. Sin embargo, se requieren cambios urgentes porque “el experimento de la horizontalidad ha terminado”, y se requiere una política de “Tolerancia Cero” frente a la delincuencia, terrorismo, crimen organizado y el vandalismo. Esta postura no es simplemente un castigo, sino una necesidad para mantener el orden y proteger a la sociedad en su conjunto de un camino que la lleva a la ruina.

En las comisiones del Senado, he sido testigo de numerosos ejemplos de reticencias de algunas autoridades a querer actuar e intervenir en zonas conflictivas, como, por ejemplo, en Temucuicui (Región de La Araucanía), por temor a enfrentamientos y a tener que asumir consecuencias. De igual forma, los funerales narco, en los cuales los asistentes están armados y disparan a la vista de todo el mundo sin que nadie actúe, son situaciones inaceptables que deben ser erradicadas.

En segundo lugar, la coordinación entre las autoridades es crucial. No se puede gestionar la seguridad de una ciudad de manera efectiva si la policía, los municipios y las juntas de vecinos no trabajan de forma conjunta, participativa y alineada con una única visión del tema. Es imperativo establecer canales de comunicación fluidos y constantes entre todas las partes involucradas, incluidos los gobiernos regionales. La ciudadanía debe ser parte activa en este proceso, colaborando con las autoridades y adoptando una actitud firme frente a quienes no cumplen las leyes. Sólo a través de una acción conjunta y coordinada podemos aspirar a una sociedad ordenada y respetuosa de las normas.

En conclusión, para controlar la delincuencia es indispensable transformar nuestra “voluntad política”, salir de la horizontalidad y recuperar la verticalidad. Fomentar la cooperación entre policías, municipios y ciudadanos, y adoptar una política de “Tolerancia Cero” a la delincuencia, garantizará un entorno más seguro y justo. Con estos dos puntos claros y bien implementados, se podrá lograr una reducción y control de la delincuencia, el crimen organizado y el vandalismo rápidamente, permitiendo un espacio de mayor paz y orden para todos.