Ex alcaldesa de Río Verde: “La justicia y la verdad tarda, pero llega”

Frente a la solicitud de formalización de cargos respecto de 35 electores que se inscribieron para votar en Río Verde en la elección municipal de 2021, con miras a favorecer a ciertos candidatos, la abogada querellante y ex alcaldesa de dicha comuna, Tatiana Vásquez Barrientos, declaró que “la justicia y la verdad tarda, pero llega”.

Fue el fiscal Oliver Rammsy quien solicitó al Juzgado de Garantía de Punta Arenas día y hora para formalizar investigación en contra de un grupo de personas, en el denominado caso “acarreos”.

A través de una declaración pública, Tatiana Vásquez señaló que “el fiscal dirigió una investigación meticulosa, exhaustiva y prolija, que arribó a concluir que 35 personas no residen, es decir, no trabajan, no estudian y tampoco tienen la calidad de propietarios o arrendatarios en la comuna de Río Verde. En otras palabras, proporcionaron datos falsos o un domicilio electoral diferente a los permitidos en el art. 10 de la Ley sobre Inscripciones Electorales”.

Según agregó, en este caso específico, la causa data del año 2021, cuando se constituyó una ONG, con fines culturales y patrimoniales, que fue utilizada por ciertos candidatos para obtener un resultado o piso electoral favorable en las elecciones municipales de ese año. En paralelo, la justicia electoral ordenó la exclusión del padrón electoral de 86 personas ese mismo año. 

La abogada Vásquez considera “gravísimo que el mismo fiscal indique que se encuentran individualizados en la causa, las personas que incitaron a este ilícito”.

Añade que en caso de configurarse el delito, aquellas personas que promovieron u organizaron electores para modificar su domicilio electoral con datos falsos o diferentes de los permitidos en el art. 10 de la citada ley, sufrirán la pena de presidio menor en su grado medio, multa entre los $659.000 y $6.590.000, y la inhabilitación absoluta y perpetua para el
desempeño de cargos y oficios públicos.

“Es lamentable que se utilicen personas en su mayoría sencillas, de escasos recursos, familiares, amigos y compañeros de trabajo para configurar este delito de carácter electoral y el incitador o promotor quede sin sanción ni reproche social”, indicó, señalando que en su calidad de querellante colaborará y aportará antecedentes para obtener una sentencia condenatoria.

Finalizó manifestando que tiene experiencia en este tipo de causas desde 1992, logrando excluir de los padrones electorales a un número considerable de electores inscritos en contravención a la ley durante el transcurso de los años. En este ámbito, destacó el rol ejercido por dos abogados magallánicos Gerardo Alvarez y Alfonso Campos quienes han denunciado similares hechos ante el Servel, Tribunal Electoral Regional, incluso al Tribunal Calificador de Elecciones, con resoluciones y sentencias favorables.