De castigar a reparar: un nuevo camino para la Convivencia Escolar
En 2019, Chile comenzó a implementar la Política Nacional de Convivencia Escolar, para fortalecer los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión de la convivencia. Fue una manera de responder ante las preocupantes denuncias de violencia en el sistema educativo, que siguen ocupando, de tanto en tanto, las páginas de los diarios, y preocupando a docentes y a las familias que participan del sistema.
En los últimos años, han tomado mucha mayor relevancia el agobio, el acoso, el maltrato, las agresiones hacia docentes y, probablemente, entre docentes también. En otras palabras, existen comunidades que están viviendo maltrato, y se están maltratando entre sí. En esto el programa del Mineduc “A convivir se aprende”: buscar acompañar a las escuelas en el proceso de aprender a vivir en comunidad.
Como universidad ejecutora de esta política en Magallanes, hacemos este trabajo desde la perspectiva de la justicia restaurativa en educación, que es una forma de resolver conflictos poniendo el foco en la reparación y la participación comunitaria en lugar de la punibilidad y la exclusión. En ese contexto, utilizamos frecuentemente una metáfora del reino vegetal, protagonizada por una planta seca. ¿Acaso cuando la vemos, pensamos que es su culpa no haber crecido, florecido, fructificado? ¿O reflexionamos acerca de las condiciones que la llevaron a esta situación?
Docentes, estudiantes, y la totalidad de quienes integran las comunidades educativas con diversos roles, también pueden florecer. Pero ¿qué condiciones se necesitan para lograrlo? Tres principios fundamentales: dignidad humana como condición fundamental, respeto y preocupación mutua.
A partir de estos principios, pensamos que el trabajo de la convivencia consiste en aprender a crear ambientes de aprendizaje justos y equitativos, donde se puedan nutrir relaciones sanas y reparar daños. Lo que estamos recalcando con ello, es que la convivencia es necesaria para el aprendizaje, y es parte de lo que se debe aprender en una escuela; que cuando abordamos el agobio, el acoso, el maltrato, o las agresiones hacia docentes, tenemos que reflexionar acerca de cómo se construye una comunidad donde se establecen lazos de dignidad, de preocupación mutua y de respeto, y cómo eso se trabaja cuando hay conflictos y terminan en violencia.
Cuando apelamos a la justicia restaurativa como modelo, no ponemos el foco en la punibilidad, o sea, en el castigo hacia las personas que hacen daño, sino en cómo esas personas pueden reparar el daño que hacen, aprendiendo en el camino a relacionarse mejor. No lo miramos como un acto contra la institución, sino contra la comunidad. De este modo, las personas que lo cometen asumen su responsabilidad y, al hacer eso, aprendemos en conjunto a cómo reparar cuando hemos agredido y generado dolor a otra persona.
En el transcurso de este proceso de acompañamiento, hemos confirmado que es fundamental trabajar con las familias, pues son parte de la comunidad educativa. Sin embargo, este criterio está generalmente debilitado en nuestro sistema educativo, pues las escuelas suelen considerarlas como una entidad de la que hay que protegerse o mantener al margen para que no interrumpa su labor.
En resumen, la implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar en Chile no sólo busca mejorar el rendimiento y la seguridad en nuestras escuelas, sino que también aspira a transformar profundamente las relaciones al interior de ellas. Al adoptar enfoques como la justicia restaurativa, estamos desafiando las viejas maneras de entenderla, proponiendo un cambio cultural necesario para que nuestras escuelas sean espacios de aprendizaje y desarrollo integral. Este camino, aunque desafiante, nos brinda la oportunidad de construir una comunidad educativa más justa y equitativa, donde cada individuo pueda florecer y contribuir a una convivencia pacífica y respetuosa.
