Tres sitios de interés y dos causas abiertas mantiene el Plan Nacional de Búsqueda en Magallanes

Lucas Ulloa Intveen
Lucas.ulloa@laprensaaustral.cl

El Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de desaparición forzada en dictadura fue creado a partir de Decreto Supremo el 30 de agosto del año pasado. A casi un año de su implementación, se encuentra en una etapa de desarrollo de las primeras líneas de investigación en lo que dice relación con las trayectorias de las víctimas. En ese contexto, trabajan en la redacción de una nómina única de víctimas, como también la determinación de los sitios de interés prioritarios. En Magallanes se han determinado tres sitios de interés correspondientes a dos causas: la de Silvio Francisco Bettancourt y una nueva causa abierta el año pasado.

A nivel nacional se han determinado 47 sitios de interés para el trabajo en terreno, además de más de 36.000 unidades documentales relevantes para el plan que requieren ser digitalizadas. En la región, los tres sitios de interés considerados se concentran en la provincia de Magallanes y la comuna de Punta Arenas: el fundo Los Roblecitos, el Cementerio Municipal y Colón 636.

“Estos tres sitios de interés corresponden a dos causas que lleva el programa de Derechos Humanos en la región. Una es la de Silvio Francisco Bettancourt y una es una nueva causa que se abrió el año pasado, producto de información que fue entregada a la seremi de Justicia y Derechos Humanos de familiares de una presunta víctima en relación al Cementerio Municipal de Punta Arenas. Más antecedentes, no se pueden entregar públicamente porque hay información que es confidencial”, explicó la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat.

Cabe señalar que el Plan Nacional de Búsqueda continúa recibiendo información constantemente. Según informa la seremi Peutat, a través de conversaciones se han recabado antecedentes de personas desaparecidas en dictadura “que nunca fueron informadas ni integradas en los listados cuando se hizo la clasificación”. La información a nivel regional se recaba en la oficina de la secretaría ministerial los viernes desde las 15 horas, con garantías de respeto, seguridad y confidencialidad de la información.

Respecto del trabajo en terreno para los tres sitios de interés que se mantienen en la comuna, las diligencias son instruidas por el Poder Judicial, dado que se tramitan en el proceso penal antiguo, por tanto el juez se hace parte de la investigación, generando mayor obligatoriedad en las instituciones involucradas.

En ese sentido, el Programa de Derechos Humanos ya ha solicitado diligencias de carácter arqueológico y de carácter pericial, las que van a tener que ser coordinadas con la Policía de Investigaciones, en su Unidad de Derechos Humanos y con el Servicio Médico Legal.

Cajas de osamentas

Desde el 2001, por orden del juez Juan Guzmán, la Universidad de Chile había estado custodiando 89 cajas con restos óseos de presuntos desaparecidos. En 2014 la bodega donde se almacenaban tuvieron inundaciones, afectando con hongos el material. Recién en 2019 fueron trasladadas al Servicio Médico Legal (SML), sin embargo hasta 2023 no habían sido periciadas. Según indican desde el programa de Derechos Humanos, esta fue una de las primeras diligencias realizadas por la institución, órgano clave en el Plan Nacional de Búsqueda.

Paulina Zamorano Valenzuela, jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda, aseguró que este fue de los primeros trabajos que desarrollaron. “No solamente la identificación de las 89 cajas y luego los envíos de muestras para sus respectivos peritajes, sino que también de cualquier otra osamenta que se pueda reunir con motivo de los trabajos en terreno”, explica sobre el trabajo del SML.

“Actualmente, también se va a entregar posteriormente un avance respecto del estado pericial de las cajas, porque primero lo que es preciso determinar es lo que dice relación con la datación de las osamentas, en caso de que se haya determinado que son osamentas humanas. Posterior a eso, se informan a los tribunales para que se proceda la notificación de los familiares de manera conjunta tanto el SML como el Programa de Derechos Humanos”, agregó la jefa del programa.

Licitación cuestionada

El 9 de agosto, Ciper publicó un reportaje de investigación que reveló que el gobierno pagó $619 millones por trato directo a la empresa Unholster para desarrollar la plataforma de búsqueda del plan. Inicialmente la empresa se adjudicó una licitación de $98 millones para elaborar el anteproyecto de plataforma y cinco meses más tarde, sin concurso, los más de 600 millones fueron entregados para desarrollar la plataforma.

Consultada Zamorano por la decisión de realizar esta segunda etapa vía trato directo, señaló que “en este caso se tomó la decisión en razón de la urgencia y la envergadura del trabajo que se estaba desarrollando (…) Otros procesos, incluso otras líneas de acción que estábamos hablando con universidades, tomaban tiempo, y además que ya estaba la infraestructura y el personal para poder trabajar”.

La decisión de hacerlo en dos partes y no una sola licitación concursable, indica, fue por razones presupuestarias desde la Dipres. “Se nos entregó el presupuesto para el año 2024, que eran los 690 millones de pesos, para el trabajo de la plataforma, y el anteproyecto de la plataforma fue el año 2023”. El total del proyecto involucra una suma de $717 millones, considerando la licitación inicial y el trato directo posterior.

La noticia despertó críticas y reproches de distintos sectores. Una bancada de diputados Udi concurrió ante la Contraloría para realizar las evaluaciones que correspondan, y el órgano contralor indicó que realizará una auditoría para revisar el proceso. Por otro lado, Sandro Gaete, ex PDI con vasta experiencia en derechos humanos (integrante de la brigada que logró dar con Paul Schäfer en Argentina y en cientos de indagatorias para dar con paradero de detenidos desaparecidos), renunció, según sus propias palabras en entrevista con La Tercera, por “el problema suscitado con la contratación de la empresa Unholster”.