“El proceso se ve bloqueado e interrumpido por los intereses de un grupo en particular de industriales y operadores políticos”

Hace más de cinco años, el pueblo kawésqar, conocido por su histórica relación con los fiordos de la Patagonia, recibió un importante reconocimiento por parte del Estado chileno. En enero de 2019, se creó el Parque y la Reserva Nacional Kawésqar, una iniciativa que respondió a las demandas expresadas por esta comunidad en la consulta indígena realizada en 2017. Este logro marcó un hito en la preservación de la cultura y los territorios de este pueblo canoero, quienes han habitado y navegado estas áreas durante siglos.

El decreto de creación de estas áreas protegidas subrayó la importancia de preservar las regiones terrestres, humedales, cuerpos de agua continentales y la fauna endémica y nativa de la región, reconociendo además la necesidad de una gobernanza compartida con el pueblo kawésqar. Este reconocimiento parecía abrir las puertas a una coadministración sostenible de los territorios en armonía con la naturaleza.

Sin embargo, el proceso de implementación del plan de manejo para el Parque y la Reserva Nacional Kawésqar ha enfrentado serios obstáculos. Conaf, en colaboración con diversas entidades, trabajó durante años en un borrador que priorizaba los usos sustentables de estos espacios, como la pesca artesanal, la recolección de orilla, los usos culturales y el turismo.

Margarita Vargas López, presidente de la comunidad indígena kawésqar Jetarkte, señala que este proceso, que apuntaba a resguardar tanto los valores culturales como los ecológicos del parque, “se ve bloqueado e interrumpido por los intereses de un grupo en particular de industriales y operadores políticos”. Específicamente, la consulta indígena necesaria para elaborar el plan de manejo ha sido bloqueada “por intereses industriales, particularmente por la industria salmonera con capitales extranjeros quienes, a través de la desinformación, manipulación e influencia política, no sólo han intervenido en un proceso formal administrativo, sino que además han limitado el ejercicio de un derecho del pueblo kawésqar”.

La intervención de estas empresas, que operan con un claro interés económico, explica Vargas, ha significado un daño en el tejido social  del pueblo kawésqar, desviándolos de su lucha por preservar su cultura y territorio. “A través de la
desinformación, manipulación e influencia política, no sólo han intervenido en un proceso formal administrativo, sino que además han limitado el ejercicio de un derecho del pueblo kawésqar”, apunta Vargas.

Por otro lado, releva nuevamente que la actividad de estas empresas ha generado un impacto negativo en los ecosistemas de la región. “Logran grandes ganancias a costas de los ecosistemas, infringiendo la ley, sobreproduciendo, contaminando los fiordos, y minando la cohesión de distintas comunidades a través de la manipulación de sus trabajadores”, denuncia Vargas. Por otro lado, esto se lleva a cabo con complicidad de los servicios públicos responsables de fiscalizar a la industria, debido a su incapacidad para realizar esta labor de manera íntegra.

Llamado a autoridades

Ante esta situación, Vargas hace un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para reanudar la consulta indígena, que se basa en el Convenio 169 de la Oit sobre derechos de los pueblos indígenas. “Hago un llamado a las autoridades a cumplir con su deber y hacer lo necesario por reanudar la consulta indígena (…) A velar porque el proceso se descongele y se finalice el plan de manejo”.

Los kawésqar subrayan la necesidad de unidad dentro de su comunidad para continuar la lucha por la protección de su maritorio y cultura, del patrimonio vivo que son los abuelos y abuelas no sólo por el presente, sino también por las futuras generaciones.