Control ético de abogados… ahora se preocupan de los locos

El año 1989 existían 9 escuelas de derecho en Chile. En ese tiempo ya se cuestionaba, en términos generales, el explosivo aumento de universidades privadas y, en términos particulares, la proliferación de carreras de derecho. Con respecto al primer cuestionamiento el reputado especialista en materias de educación José Joaquín Brunner entregaba una serie de “datos duros” respecto al sistema de educación justificando que en nuestro país se presentaba un déficit de profesionales y la solución pasaba por generar un aumento de carreras y con ello, además, se produciría un proceso de movilidad social que permitiría avanzar en situaciones de equidad; en cuanto al segundo problema, precisaba que el mercado, ante la ausencia de un sistema de control del ejercicio de la abogacía, debía hacer su trabajo con lo cual los mejores abogados serían premiados y los abogados deficientes castigados, permitiendo de esa manera un proceso de control natural del adecuado ejercicio profesional.   

Pasados más de 30 años es posible efectuar una serie de constataciones y reflexiones respecto al primer cuestionamiento en cuanto a si efectivamente Chile ha alcanzado el nivel de profesionales que requiere para enfrentar el desarrollo o mantenemos el déficit que, presumiblemente, se trataba de superar o, si es el adecuado, pero esas reflexiones y argumentos se las dejo a los lectores, pues esta columna se centrará en la discusión del control ético en el ejercicio de la profesión de abogado.

Efectivamente hasta el año 1973 todo abogado tenía la obligación de ingresar al Colegio de Abogados de modo tal que si no lo hacía no estaba en condiciones de ejercer la profesión, (de ahí el concepto de “habilitado” para el ejercicio de la profesión) además, su colegiatura implicaba que quedaba sometido al reglamento del Colegio de Abogados respectivo y, especialmente, a cobrar dentro del margen de sus aranceles, así como estar sujeto a las normas del Código de Etica que regía la profesión. Así las cosas, el abogado tenía obligación de afiliarse a un colegio correspondiente a su zona territorial, debía cobrar sus honorarios dentro de los márgenes que establecía su arancel y su conducta ética era regida y sancionada por el Colegio, quien tenía facultades hasta para suspenderlo del ejercicio profesional por un tiempo determinado.

Todo cambió con la dictadura, pues con su instalación, entre tantas cosas, prohibió la sindicalización o afiliación obligatoria y con ello la obligatoriedad de formar parte de un colegio profesional y con ello el control ético de los abogados fue diluyéndose hasta, prácticamente, desaparecer.

El problema que se presenta hoy es que, en el tiempo que se estableció este control obligatorio los abogados constituían un número reducido y acotado de profesionales y el ejercicio de la dirección de los colegios, más allá de los colores políticos de quienes lo integraban, tenía por objetivo fundamental mantener el correcto ejercicio de la profesión, entendiendo su fuerte impacto y contenido social; pero, en el tiempo actual el enorme número de abogados, así como, la ausencia de orden en el ejercicio de la política y la creciente demagogia impiden, a mi juicio, reeditar este control con posibilidades reales de éxito.

Sólo queda confiar en que los Tribunales puedan responder eficientemente a las demandas y denuncias que, en esta materia se presenten, teniendo presente que, no siempre lo que se reclama es justo y que, muchas veces el actuar de un abogado puede ser correcto y no ser compartido por el cliente, cuestión que se deberá resolver en el caso concreto.

En todo caso y parafraseando una famosa línea de diálogo de una película chilena de los años noventa: “Ahora se acuerdan de los locos, ahora que estamos todos locos”, que vendría a ser: “ahora se acuerdan de la ética, cuando ya no existe control de la ética”.