Violencia en las aulas: 17 denuncias por agresiones contra profesores y otras 3 respecto de asistentes de educación

La reciente entrega de información a través de la Ley de Transparencia pone en evidencia los problemas de maltrato y agobio laboral que reinan dentro de los colegios que administra el Servicio Local de Educación Pública (Slep) de Magallanes. A poco más de 8 meses del traspaso de la educación pública al nuevo servicio, el sistema ya muestra signos alarmantes. Las 17 denuncias por agresiones contra docentes y 3 respecto de asistentes de la educación no sólo reflejan la tensión dentro del sistema, sino son un síntoma de problemas mucho más profundos que las autoridades han sido incapaces de gestionar.

Hace casi un mes, que los docentes salieron a las calles advirtiendo de la compleja situación que se vive en torno al maltrato y agobio escolar que sufren los educadores, oportunidad en que su directiva solicitó transparentar sumarios por maltrato y abuso, lo que a la fecha no se ha producido. Más allá de estos datos entregados vía Transparencia, que dan cuenta de la compleja situación que se vive en el primer semestre de gestión de la nueva administración de la educación pública.

Las denuncias por maltrato hacia los docentes es sólo una parte de un panorama más amplio, en el que el personal educativo no sólo se enfrenta a agresiones y acoso, sino también a una absoluta falta de transparencia en los procedimientos administrativos. Resulta indignante que, pese a las promesas de una gestión más eficiente con la transición al Slep, los sumarios e investigaciones siguen sin ser transparentados, replicando los mismos errores de la antigua Corporación Municipal de Punta Arenas.

La reciente movilización de más de 600 docentes en Punta Arenas no sólo denuncia el maltrato, sino también la inacción de las autoridades que parecen más interesadas en perpetuar una burocracia ineficaz que en resolver los problemas de fondo.

Más allá de las denuncias, el malestar de los docentes apunta a problemas estructurales, en que la falta de respuesta por parte del gobierno evidencia un distanciamiento alarmante entre las autoridades y la realidad que enfrentan los profesores en su día a día.