Complejo penitenciario de Punta Arenas llegó al límite de su capacidad, admitió fiscal judicial

Por segunda vez en el año sesionó la mesa regional de supervisión carcelaria, encabezada por el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Pablo Miño Barrera.

En esta instancia las entidades relacionadas con la vigilancia y cuidado de la población penal abordan diversas temáticas que se advierten en los recintos penitenciarios de Magallanes.

Además tiene como objetivo analizar, proponer y ejecutar tareas y proyectos tendientes al respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales, y el bienestar de los funcionarios que allí se desempeñan.

Intento de fuga

El reciente intento de fuga de cuatro internos de la cárcel de Punta Arenas también se trató en la reunión, como su consiguiente reubicación en otros centros privativos de libertad del país. Además de las carencias en infraestructura y de profesionales de la salud que ejerzan en los recintos penitenciarios, durante al menos 8 horas al día y, también,  la petición de mayor dotación de personal.

Tras la reunión, Pablo Miño admitió que en el complejo penitenciario de Punta Arenas “ya se ha llegado al límite de su capacidad; esto es que 481 internos, entre condenados e imputados, se encuentran privados de libertad, lo que significa proyectar el aumento de dotación de gendarmes; así como también que profesionales de la salud ejerzan funciones en el recinto, y con ello evitar que deban ser trasladados a los centros de salud de la ciudad”.

En esta segunda versión anual de la Mesa de Supervisión Carcelaria de Magallanes, participaron la seremi de Justicia y DD.HH., Michelle Peutat; el director regional de Gendarmería, Freddy Molinet; la defensora Penal Pública, Verónica Reyes y la defensora penitenciaria, Priscilla Vásquez;  José Miguel Maldonado de la Fiscalía Regional del Ministerio Público; Cristián Figueroa y Marlys Saldivia por el Instituto de Derechos
Humanos.