Caso Audios: gritos esperanzadores de libertad
Esta podría ser calificada como una de las semanas más duras en la historia institucional de la Corte Suprema, el Poder Judicial y el Estado de Chile; no sólo por el tráfico de influencias que aflora en los chats de Hermosilla, sino también por el anuncio y el entramado detrás de las acusaciones constitucionales en contra de los ministros Muñoz, Matus, Carroza, Vivanco, entre otros; por las críticas al sistema de nombramiento de jueces; y por los nombramientos de ministros que llevan meses pendientes. Situaciones que, a mi juicio, reflejan algo mucho más profundo que está inmerso en la cultura del país, como el “amiguismo” y la “colusión”. Esto es sumamente grave cuando ocurre en las altas esferas públicas, en los poderes del Estado, o entre la clase política y los poderes económicos.
El acceso a favores y decisiones de los operadores del Estado a través de vínculos de amistad, parentesco o de índole profesional (y me atreveria a agregar confesional y de logias) resulta muy dañino para Chile. Este fenómeno elude las reglas que como sociedad nos hemos dado, transformándose en privilegios para unos pocos que tienen la red para llegar a quienes tienen la potestad de decisión sobre un asunto, en perjuicio de la mayoría que sigue las reglas.
Esto crea una injusticia que vulnera la igualdad ante la ley, validada en la práctica por el amiguismo o el famoso “besamanos”, una práctica muy conocida en los pasillos de los tribunales, pero que pocas veces ha sido cuestionada abiertamente en los procesos de nombramiento de jueces. Salvo hasta ahora que, a raíz de la filtración de los chats de Hermosilla, resultan prácticas perjudiciales para la opinión pública y se han convertido en una suerte de molino de viento para varios quijotes oportunistas de la clase política.
Por esto, las grabaciones y los chats del abogado Hermosilla han demostrado claramente la pérdida de libertad que hemos alcanzado en nuestro país. Nunca debemos olvidar que cuando estamos sujetos u obligados a seguir la voluntad de las personas, como está sucediendo, y no a las leyes y normas del Estado, significa que hemos perdido en gran parte nuestra libertad y no nos habíamos dado cuenta o no habíamos luchado con la suficiente fuerza por defenderla. Las grabaciones y chats aparecieron como un grito desesperado de libertad y de esperanza a la vez. De esperanza porque todos siempre soñábamos y teníamos el anhelo de corregir los errores, las injusticias y los abusos que vemos a diario.
Para avanzar hacia una institucionalidad más resiliente y transparente, es crucial considerar varias estrategias y principios fundamentales. En primer lugar, la implementación de mecanismos de control y monitoreo interno que sean robustos y efectivos es esencial para prevenir el tráfico de influencias y el amiguismo. La creación de un sistema de auditoría independiente que supervise y revise los nombramientos y las decisiones dentro del Poder Judicial y otras entidades del Estado podría ser un paso significativo para garantizar la rendición de cuentas.Además, es necesario fomentar una cultura ética entre los funcionarios públicos.
La participación ciudadana también juega un papel crítico en el fortalecimiento de la institucionalidad. Establecer canales de denuncia seguros y anónimos para que los ciudadanos, así como los propios empleados del Estado, puedan informar sobre prácticas ilícitas sin temor a represalias, refuerza la capacidad de detectar y actuar sobre actividades corruptas.
Por otra parte, la reforma del sistema de nombramiento de jueces y otros altos cargos en el Estado es una prioridad urgente. Un proceso de selección más transparente, basado en méritos y competencias, no sólo reduciría las posibilidades de corrupción, sino que también aumentaría la confianza pública en sus instituciones.
Finalmente, el papel de los medios de comunicación es vital para mantener la vigilancia sobre el poder. Los medios deben ser responsables y objetivos; su labor es fundamental para investigar y reportar actos de corrupción, actuando como un puente entre la sociedad y las instituciones.
En conclusión, la necesidad de una reforma estructural en nuestras instituciones es ineludible. Sólo mediante la implementación de medidas rigurosas, castigos ejemplarizantes y un compromiso renovado con los valores democráticos podremos garantizar que estas situaciones no se repitan. La libertad que deseamos se basa en un sistema donde se respetan las leyes y los principios de transparencia y equidad. Solo entonces podremos realmente gritar con seguridad:
¡Viva la Libertad!
