Caso Convenios y su impacto negativo en la descentralización
El denominado caso Convenios sigue dando de qué hablar y no han sido pocos los intentos por, en forma interesada, tratar de hacer llegar sus tentáculos hasta Magallanes, siendo que no hay elementos para aquello.
Este caso, que afectó profundamente al gobierno de Gabriel Boric a poco de instalado, ha dejado una estela de controversias y acusaciones.
En medio de este torbellino, se ha buscado seguir ventilando situaciones ligadas a la situación madre y/o relacionadas en el sentido del uso de fundaciones para la adjudicación de recursos estatales y las presiones que las máximas autoridades regionales han tenido a lo largo del país para firmar convenios y realizar dichas transferencias.
A nivel regional, la gestión de Flies no ha tenido ningún vínculo con el caso Convenios.
Más allá de los hechos puntuales y también de los intentos por enlodar a quienes se considera contrincantes políticos, hay elementos que deben ser sopesados. Primero, que estamos en un escenario caliente marcado por las próximas elecciones municipales y de gobiernos regionales. Segundo, el incalculable impacto que el caso Convenios ha tenido en la marcha del proceso descentralizador.
Con la primera elección de los gobernadores regionales, se creía iniciado un camino sin posibilidad de retroceso hacia la anhelada descentralización, con autoridades electas por la voluntad popular y con el traspaso gradual de competencias desde el poder central hacia las regiones.
Pero, el caso Convenios laceró estos intentos y fue aprovechado por muchos actores, entre ellos los parlamentarios, para ir regando cortapisas y retrotraer lo avanzado. Así, los gobiernos regionales han estado siendo tapizados de instructivos de la Contraloría, de Hacienda, de Dipres y otros organismos, buscando limitar al máximo las atribuciones ganadas y/o, derechamente, quitárselas.
Todo esto ha tenido un gran impacto en la toma de decisiones, en los procesos administrativos y, en rigor, en la inversión pública en regiones. Así, se sigue manteniendo la dinámica de las agendas estratégicas y económicas decididas en su gran mayoría en alguna oficina del centro del país y la lógica de inversión sectorial que dificulta el financiamiento de iniciativas integrales y coordinadas.
