Polémica en el Congreso por elevados sueldos de funcionarios

Alto revuelo provocó en el Congreso la información que da cuenta de que 35 funcionarios contratados por el Senado tienen salarios de entre $10 millones y $17 millones brutos, es decir, por sobre el sueldo que estableció para el Presidente de la República la comisión que fijó los altos sueldos del Estado. 

Los parlamentarios de distintos sectores salieron a plantear distintos puntos al respecto, tras la publicación de La Segunda. 

El senador José Miguel Insulza (PS) pidió explicaciones: “Quisiera saber si esas son realmente remuneraciones que se pagaron en este Senado y qué ha pasado con los trámites y las gestiones que se iban a hacer para intentar regularizar de alguna manera las remuneraciones”. 

El presidente del Senado, José García Ruminot, respondió a las inquietudes: “Lo importante es que las remuneraciones que se perciben con fondos públicos deben ser acordes con la responsabilidad de la función que se realiza; deben tener una contraprestación efectiva y comprobable; y deben estar debidamente publicadas, tal como lo mandata la ley”.

Insulza consultó sobre la cuestión al secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, ya que, entre otros casos, el ingreso más alto ($16 millones) lo recibe el cargo de prosecretario general y tesorero del Senado, pese a que su rango se encuentra por debajo del puesto de secretario.

“En la comisión de Régimen Interno hay dos proyectos: uno que dice relación con una modificación al reglamento del personal, para establecer respectivos estamentos (de sueldos de funcionarios). Ese trabajo se remitió al Servicio Civil para que nos brinde colaboración en la reestructuración de la organización administrativa, que aún está pendiente”, aclaró Guzmán.

Sin embargo, “también se ha efectuado un trabajo para establecer una nueva planta a fin de determinar remuneraciones que se ajusten a un estándar de los servicios públicos del país en general. Eso significa que los funcionarios que actualmente están en servicio no pueden verse perjudicados en sus remuneraciones porque tienen derecho adquirido”, sostuvo.

“No es razonable
el derecho adquirido”

Dicha ilegalidad en la baja de los ingresos no fue bien recibida por algunos parlamentarios, quienes argumentaron que “no es razonable” y plantearon crear una “planta de extinción”; es decir, que a medida que los empleados salgan de su cargo, el sucesor tenga un sueldo estandarizado de menor valor.

“No es razonable defender que existen derechos adquiridos para personas que ganan sueldos de 17 millones de pesos en un país con un sueldo medio de 780 mil”, manifestó el senador del Partido Social Cristiano Rojo Edwards.

Su par, de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, sostuvo que “nosotros planteamos que este Congreso -donde nadie ha tenido los pantalones de hacerlo- desarrollara una ley de plantas que respetara lo que ganan todos hoy día; pero que fuera un planta de extinción, que cuando una persona llega a cierta edad tiene la obligación de jubilar y, quien lo reemplaza, lo hace recibiendo un sueldo estándar acorde a todos los ministerios de Chile”.

Por último, desde el oficialismo, el senador José Miguel Insulza (PS) argumentó que “esto no es un tema de transparencia: esto es un tema de cómo funciona este Senado, y que en los últimos años no hemos hecho aquello que nos propusimos hacer, que es crear la planta en extinción y fijar una nueva planta para el conjunto del personal”.

Los parlamentarios solicitaron el establecimiento de una comisión con los funcionarios, pero no se ha fijado su fecha aún.

En tanto, la presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola, aseguró la disposición de estandarizar un mecanismo de publicación entre las instituciones.

Cooperativa/Emol