Empresa Bus Sur rechaza amenaza de alcaldesa de Natales de cerrar el Terminal Rodoviario por conflicto judicial

Un nuevo capítulo de discrepancias escriben la empresa de Transporte Bus Sur y la Municipalidad de Puerto Natales, ante las amenazas de cierre del terminal Rodoviario de Natales para los transportistas. El conflicto radica en el cobro por el derecho de losa adeudado con el Terminal Rodoviario, el cual tiene un origen multifactorial según expone la empresa a través de una declaración y la vocería alcaldicia preocupa por su “postura unilateral y abusiva”.

Esta situación de atraso en el pago de la losa, indican desde Bus Sur, no afecta sólo a su empresa, sino que ha sido enfrentada por otras compañías del rubro. “Esta deuda histórica se ha originado, en parte, por la falta de claridad administrativa entre la Corporación Municipal de Cultura y Turismo y la Municipalidad de Puerto Natales, quienes comparten la responsabilidad sobre la administración del terminal”.

Exponen que esta confusión ha llevado a que se posterguen pagos, a la espera de una resolución definitiva sobre quién es el acreedor y el destino del dinero recaudado. Por otro lado, indican que la medida contraviene “el Decreto Supremo del Ministerio de Transportes, el cual establece que las empresas de transporte interurbano deben operar exclusivamente en terminales autorizados”.

Además, la ordenanza municipal de Puerto Natales no permite utilizar otro espacio que no sea el Terminal Rodoviario, lo que deja a la empresa “en un vacío legal frente a la posibilidad de operar de manera regular y bajo la normativa legal vigente (
) Consideramos que la amenaza de cerrar el terminal a nuestra empresa afecta gravemente la libertad de trabajo y el derecho de miles de pasajeros a movilizarse de manera segura”.

Durante esta administración, la Municipalidad ha demandado a Bus Sur ante el Juzgado Civil, causa que se mantiene en curso, por lo que no se refieren al respecto. Sin embargo, indican que se han visto impedidos de realizar los pagos adeudados principalmente por la aplicación de “intereses arbitrarios, que alcanzan casi el 200%, una cifra desproporcionada en comparación con las tasas convencionales establecidas por la Comisión para el Mercado Financiero”.

El lenguaje impositivo llevado por parte de la edil, según califica la empresa, ha tensionado la relación, pese a estar abiertos a una “solución pacífica y conciliadora”. “Rechazamos categóricamente avanzar bajo amenazas, ya que no creemos que este sea el camino adecuado para resolver el conflicto. Un eventual cierre del terminal afectaría no sólo a nuestra empresa, sino también a más de 100 trabajadores y a miles de usuarios, además de tener un impacto directo en la imagen turística de la región”.