Los audios que complican al ex defensor Rigoberto Marín, llevado a juicio por cohecho

Las escuchas telefónicas captadas por oficiales de la PDI, en el marco de la investigación de la operación “Alianza Austral”, uno de los grandes contrabandos de mercancías y tráfico de drogas, terminaron provocando la “caída” del ex defensor penal público de Puerto Natales, Rigobero Marín Andrade.

El megaoperativo policial transnacional, entre Chile y Argentina, terminó con 17 detenidos, allanamientos e incautaciones, en agosto del año pasado.

La investigación de la “Alianza Austral” develó la forma en que hace mucho tiempo venían operando los integrantes de una banda criminal en Magallanes, Chile; y la provincia de Santa Cruz, en Argentina.

“Tráfico de drogas, contrabando y receptación aduanera, junto con porte de arma de fuego y municiones”, fueron algunos de los delitos imputados a los detenidos.

Con esta investigación quedó al descubierto la internación de cigarrillos, armas de fuego a Chile, y contrabando de neumáticos hacia Argentina.

Utilizaban pasos fronterizos no habilitados, principalmente por el sector de Villa Dorotea, en la provincia de Ultima Esperanza.

El destino final del contrabando eran las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas, lugares a los que arribó marihuana y cigarrillos en grandes cantidades.

En este megaoperativo participaron 75 oficiales de la PDI de la zona y 25 procedentes de otras regiones. 

Y neutralización el trabajo ilícito de dos casas de cambio de moneda.

Ex defensor 

Casi todas las personas quedaron en prisión.

¿Y por qué Rigoberto Marín fue sumariado y sacado del cargo de defensor jefe de Puerto Natales, y hoy está enfrentando un juicio oral, donde en caso de ser encontrado culpable podría ser condenado a 8 años de cárcel?.

Porque según el fiscal Sebastián González le pidió a las familias de cuatro detenidos del megaoperativo, cifras millonarias para agilizar trámites y apelar a la prisión preventiva, “siendo que la defensa pública debe ser gratuita, salvo casos excepcionales, entonces cobraba una remuneración que no correspondía”.

El cohecho es un delito muy grave, “y nosotros estamos solicitando penas de 8 años de privación de libertad”.

Audio

Parte de la prueba fiscal son los audios que grabó la PDI. Interceptaciones telefónicas que fueron autorizadas por el tribunal, en el marco de la investigación de la operación transnacional

Los jueces los escucharon ayer, en el primer día de juicio.

En uno se escucha al ex defensor cuando llama a una mujer (cuyo marido estaba en prisión preventiva por el operativo Alianza Austral) y le señala que “existen bastantes posibilidades que mañana apelemos la prisión preventiva de su marido”.

“Esta causa excede un poco la defensa pública, entonces existe la posibilidad de que usted pueda colocar algo de dinero”, le dice Marín.

“¿Podrá juntar un millón de pesos?”, pregunta el abogado.

La mujer se allana a la cifra, indicando que un amigo de su marido estaría en condiciones de prestarle el dinero.

“Entonces le voy a pasar la cuenta y usted me transfiere un millón y después, cuando lo saquemos (al marido), otro millón más. Le parece”, pregunta al final Marín.

“Este audio fue signado con el número 2796 del 28 de agosto del año 2023”, respondió el oficial de la PDI que lo grabó y que ayer declaró, convocado por la Fiscalía.

Consultado por estos audios el abogado defensor José Martínez Ríos, admitió el requerimiento pero dijo que hay que contextualizarlo más bien a un estándar de defensa privada, “en el sentido de que ese dinero iba a ser ocupado para el pago de peritajes particulares”. 

“Nosotros vamos por la absolución”, anticipó.

En esta causa participa como querellante el Consejo de Defensa del Estado, representado en el juicio por el abogado Marcel Villegas Vargas.

La Fiscalía acusa a Marín de solicitar dinero para “ejercer de mejor manera la defensa y tratar con mayor preminencia”, al tomar la representación de al menos cuatro imputados del megaoperativo en la audiencia de control de detención.