Ministra Orellana y petición de renuncia por Caso Monsalve: “Esto es una atribución exclusiva del Presidente de la República”

En una semana marcada por el remezón político que ha generado el caso Monsalve, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, visita la zona, donde ante los medios de prensa respondió a los cuestionamientos en contra del gobierno, sobre todo la forma cómo ha enfrentado la denuncia por abuso sexual y violación del ex subsecretario del Interior.

En su caso, un grupo de diputadas de la Udi exigió este miércoles su renuncia al cargo, a lo que la secretaria de Estado respondió que “las renuncias a mí no me corresponden determinarlas, eso es una atribución exclusiva del Presidente de la República”, señaló, insistiendo que su enfoque principal ha sido la protección y atención de las víctimas de violencia de género, asegurando que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia, el Ministerio de la Mujer activó inmediatamente su red de apoyo.

Uno de los temas más relevantes abordados por la ministra fue el tratamiento que el Ministerio de la Mujer ha dado al caso Monsalve, así como la importancia de seguir los protocolos establecidos para evitar abrumar a las víctimas de violencia. “Desde que tomamos conocimiento de la existencia de la denuncia, esto es el día jueves, hemos puesto a disposición nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género a las representantes de la víctima. ¿Por qué no yo llamando directo? Porque eso no corresponde, todos los lineamientos técnicos y recomendaciones de la experta no dicen que una autoridad tenga que llamar directamente a la víctima, porque incluso eso podría tomarse desde el otro lado como un intento de presión”, afirmó Orellana, subrayando que las acciones del Ministerio se basan en lineamientos técnicos que buscan proteger a las víctimas y evitar que sean presionadas o abrumadas por instituciones que buscan asistirlas.

También señaló que, en estos casos, la institución toma contacto directo con la víctima, siendo la que primero toma conocimiento del hecho, para evitar un desgaste innecesario. En este sentido, la jefa nacional del Area de Violencia contra las Mujeres del Ministerio fue quien se encargó de coordinar con la Unidad de Apoyo a Víctimas de la Fiscalía Centro Norte.

En cuanto al apoyo ofrecido a las víctimas, Orellana planteó que este incluye representación jurídica, aunque aclaró que la víctima ha optado por la representación de la abogada María Elena Santibáñez, una de las mayores especialistas en delitos sexuales en el país. A pesar de ello, el Ministerio continúa ofreciendo apoyo en áreas como la reparación psicológica y el apoyo laboral, según las gestiones necesarias indicadas por la Unidad de Apoyo a Víctimas.

Frente a las acusaciones sobre intentos de amedrentamiento a la víctima, la ministra fue categórica al señalar que cualquier intento de interferir con la justicia será investigado a fondo. “La PDI obró correctamente al informar a la ministra Carolina Tohá de que había una denuncia en contra de su superior jerárquico, precisamente porque eso permitió activar el resguardo de la investigación. Ahora, todas las otras cuestiones que se señalaron ayer (miércoles) en la audiencia son materia de investigación, y como señalaba, el gobierno va a estar a disposición, tal como estuvo el presidente, para responder todas las preguntas que hubo”.

Frente a los dichos de la abogada María Elena Santibáñez, quien ha señalado que hubo intentos de amedrentamiento, la ministra Orellana indicó que “eso me parece gravísimo y debe ser investigado, y que por supuesto contará con nuestro apoyo, si así lo dispone la víctima, que es mayor de 18 años y dueña de decidir quién la representa”.

Impacto social 

En relación con el impacto que estos casos pueden tener en la sociedad, la secretaria de Estado destacó que cuando se da visibilidad a delitos sexuales de alto perfil, muchas personas que antes no reconocían lo que les sucedió como un delito, experimentan lo que se conoce como “develación”, un proceso en el que toman conciencia de que lo que vivieron es un delito. 

La ministra recordó que, en Chile, existe una ley de imprescriptibilidad para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad y un aumento del tiempo para denunciar, hasta 10 años, en casos de delitos sexuales contra mayores de edad.

Centro de Atención Especializado 

La ministra participó de la inauguración del Primer Centro de Atención Especializado en Violencias de Género en Magallanes, enmarcado en una estrategia nacional para descentralizar la atención a víctimas de violencia de género. Este centro, que se inscribe dentro de un plan más amplio de inversión pública en la región, cumple con el compromiso del Presidente Gabriel Boric de ofrecer atención especializada en cada región del país.

El Centro está diseñado para ofrecer atención a casos graves, como violencia sexual, femicidio frustrado o lesiones graves, con un enfoque en la reparación psicológica y representación jurídica. “Nos permite optimizar también los tiempos de atención y […] dar un seguimiento más personalizado”, aseguró Orellana, subrayando la relevancia de este avance en la región.

11 femicidios frustrados
en la región

En la Región de Magallanes las cifras de violencia de género siguen siendo motivo de preocupación. A la fecha, aunque no se han registrado femicidios consumados, ya se contabilizan 11 de ellos frustrados, lo que refleja un aumento respecto al año anterior. Esta situación pone de relieve la importancia de la coordinación entre las instituciones para prevenir y actuar ante estos casos.

En este contexto, se realizó por primera vez en la región una sesión conjunta del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) y del Sistema Táctico Operativo Policial (Stop). Este encuentro fue liderado por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y contó con la participación de Carabineros, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), entre otras instituciones.

Durante la sesión, se destacó el esfuerzo intersectorial para mejorar la respuesta a los casos de violencia de género, en particular aquellos relacionados con femicidios frustrados y violencia intrafamiliar, ambos delitos priorizados por su alta incidencia en la región. 

El general Marco Alvarado, jefe de Zona de Carabineros, subrayó que la reducción de los tiempos de respuesta han sido claves.

La secretaria de Estado planteó que la incorporación del Stop en las sesiones del Circuito Intersectorial de Femicidios busca una mayor eficacia en la identificación de las áreas críticas donde se generan más denuncias y cómo las instituciones están respondiendo. “Esta articulación entre las fuerzas operativas y los servicios de atención a las víctimas permite no sólo una mejor persecución penal, sino también prevenir con mayor efectividad”, remarcó.