Exdefensor público fue encontrado culpable de cobrar “por fuera” a usuarios y arriesga 11 años de cárcel

Por los cuatro delitos de cohecho agravado que terminó siendo llevado a juicio, la justicia dictó veredicto condenatorio ayer en contra del exdefensor penal público Rigoberto Marín Andrade.

La Fiscalía pide una pena de hasta 11 años de cárcel y 8 años de inhabilitación para cargos públicos. Como querellante actúa el Consejo de Defensa del Estado.

Conocido el veredicto, leído por el magistrado José Flores, el fiscal jefe de Punta Arenas, Sebastián González Morales solicitó la prisión preventiva, por un eventual peligro de fuga del condenado.

Marín viajó a Punta Arenas la semana pasada para estar presente en el juicio. Pero el viernes regresó a Temuco, donde cumple arresto domiciliario nocturno. Los jueces no dieron lugar a la medida y mantuvieron la misma medida cautelar.

Marín fue encontrado culpable de pedir dineros para asegurar calidad en la defensa de sus representados o bien para realizar diligencias paralelas, como peritajes particulares, para lo que cobraba sumas cuantiosas. 

En su calidad de defensor penal público de Puerto Natales representó a varios imputados a quienes posteriormente les solicitó dinero para “ejercer de mejor manera la defensa y tratar con mayor preminencia” futuras etapas judiciales, lo que implicaba supeditar la calidad a un pago.

Estos hechos para el fiscal son gravísimos y por eso la pena que está pidiendo, de 11 años de cárcel. 

La sentencia se conocerá el 7 de noviembre, a las 13 horas.

El abogado José Martínez, defensor de Marín, pidió al tribunal considerar algunas atenuantes, como la irreprochable conducta de su cliente; más la colaboración sustancial, incluida una declaración inculpatoria y la reparación celosa del mal causado, al devolver 2 y 3 millones de pesos.

Por ende solicitó que el cumplimiento de la pena sea mediante la modalidad libertad vigilada intensiva.

El fiscal se opuso a que el tribunal acoja las atenuantes y la colaboración. Reafirmó la solicitud del pago de una multa de 25 millones de pesos y pidió pena de cárcel efectiva.