Caso “acarreos” en San Gregorio: uno de los inscritos asegura que hubo incentivos monetarios

El ganadero y abogado Alfonso Campos González lleva años “peleando contra los acarreados” en la comuna donde registra domicilio, San Gregorio. Este año ingresó una denuncia al Tribunal Electoral Regional (Ter) en julio pasado, la que fue acogida. A raíz de esta denuncia, el Ter identificó a 152 personas que realizaron cambio de domicilio electoral entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2024, procediendo a su eliminación del Padrón Electoral. Este insumo fue agregado en una nueva querella criminal que ingresó la semana pasada y que este lunes 28 de octubre fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

La querella criminal se interpone contra quienes resulten responsables e incluye un listado de 44 de estas personas que cambiaron su domicilio electoral hacia la comuna de San Gregorio entre enero y julio de 2024. “Algunas de estas personas indicaron como domicilio electoral el Campamento Posesión o Terminal Gregorio, dependencias de la Empresa Nacional del Petróleo donde no existe establecimiento educacional ni residencias particulares y sólo residen temporalmente trabajadores de Enap o empresas contratistas”.

Según relata Campos, “después nos dimos cuenta de que empezó a aparecer un señor en San Gregorio diciendo que tenía 45 votos, no lo conocía nadie, y le ofrecía a los alcaldes que si le daban algunos puestos o cosas, él les daba esos 45 votos. Ahí empezamos a ver los votos y todos coincidían por las direcciones que eran justamente Terminal Gregorio, Primera Angostura, Segunda Angostura”.

La Prensa Austral se contactó con una persona del listado de electores que inscribieron su domicilio electoral en dicho periodo de tiempo, quien decidió mantener bajo reserva su identidad. Según relata, “era tránsfugo, andaban pagando 20 lucas por cambiarte a San Gregorio”.

A juicio de este testigo, “se movió harta plata” con esos fines. “Te piden la Clave Unica, nombre y Rut”. Su contacto fue a través del tío de un conocido de él, que “andaban buscando votos y ofrecían plata para conseguirlos”. En su caso, no fue a votar a la comuna, puesto que para el fin de semana de elecciones se encontraba en otro lugar del país.

Los querellados arriesgan una pena de multa que va entre los $665.00 a $6.650.000 y el “acarreador” además la inhabilidad de ejercer cargos públicos.