Necesidad de protección de las áreas marinas y la biodiversidad

La reciente solicitud de información realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente a dos empresas salmoneras, tras el trágico hallazgo de dos ballenas jorobadas muertas en áreas marinas protegidas, fue una noticia que no dejó de impactar.

Este suceso ha despertado la alarma no sólo en la comunidad científica, sino también entre organizaciones como Conaf y las comunidades indígenas, quienes han expresado su inquietud ante la falta de vigilancia y la necesidad de rendición de cuentas en las actividades que se llevan a cabo en algunos centros de cultivos y espacios marinos protegidos.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Magallanes subraya la gravedad de la situación y la urgencia de determinar si hubo una relación entre las operaciones de las empresas salmoneras y la tragedia ambiental.

La muerte de estas majestuosas criaturas en un entorno donde la protección del ecosistema debería ser prioritaria es un claro llamado a la acción. 

Las comunidades locales, que han convivido durante generaciones con la riqueza marina, sienten la amenaza que representan las prácticas irresponsables y la falta de supervisión adecuada.

Si se llegara a determinar responsabilidad de las empresas, sería inaceptable que, en un contexto donde la protección del medio ambiente es crucial para la sostenibilidad de nuestras comunidades y la biodiversidad, las compañías no respeten sus propios protocolos de actuación. 

Las leyes y regulaciones están diseñadas para prevenir desastres, pero su efectividad depende de una implementación rigurosa y de un sistema de fiscalización robusto. Es imperativo que las entidades encargadas de velar por la salud de nuestros ecosistemas cuenten con la capacidad y los recursos humanos necesarios para llevar a cabo inspecciones más rutinarias y efectivas.

Además, la autonomía de los servicios públicos para realizar estas inspecciones es un aspecto crítico que no puede subestimarse. La colaboración entre entidades gubernamentales y la sociedad civil es esencial para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Las comunidades indígenas, en particular, poseen un conocimiento ancestral sobre el mar que debe ser integrado en las decisiones sobre el uso de recursos marinos. Su participación no sólo enriquecería el proceso, sino que también fortalecería la legitimidad de las medidas adoptadas.

La intersección entre desarrollo industrial y conservación ambiental no debe ser un campo de batalla, sino un espacio de diálogo y cooperación. Las empresas salmoneras deben ser responsables no sólo ante sus accionistas, sino también ante la comunidad y el entorno que las rodea. La sostenibilidad debe ser el eje de sus operaciones y la pérdida de biodiversidad no puede ser un costo aceptable en su modelo de negocio.

El incidente de las ballenas muertas debe ser un punto de inflexión. Es hora de que el Estado fortalezca su capacidad de fiscalización. La protección de nuestros océanos y mares interiores es una tarea colectiva. Se tiene que garantizar un futuro donde la vida marina y las actividades humanas coexistan en armonía.