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– Eliana de Lourdes Barrientos Vidal

– Patricio Alejandro Coyopae Gómez

Recuperación de predios fiscales en la población Silva Henríquez

Por La Prensa Austral Viernes 8 de Noviembre del 2024

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Esta semana se informó del inicio de las acciones de desalojo en la población Silva Henríquez, impulsado por el Ministerio de Bienes Nacionales a través de su secretaría regional ministerial en Punta Arenas.

La medida, que responde a la ocupación de terrenos de propiedad del Estado, plantea una reflexión urgente sobre el equilibrio entre la necesidad de regular el uso del suelo, la protección de los derechos humanos y la crisis habitacional que afecta a muchas familias en nuestra zona.

En este caso, además este desarme de viviendas irregulares y limpieza del sector se hizo necesario por razones de salubridad, las que han comprometido el funcionamiento de servicios sanitarios y también exponen a los vecinos a sufrir enfermedades y/o a vivir en un ambiente contaminado.

El caso de la población Silva Henríquez no es un hecho aislado. En un Chile que enfrenta una crisis habitacional, donde miles de personas se ven obligadas a vivir en condiciones precarias debido a la falta de acceso a viviendas dignas, las tomas de terrenos se han convertido en una respuesta desesperada de quienes no encuentran alternativas dentro del sistema formal. Esta situación refleja no sólo un déficit de políticas públicas efectivas, sino también un profundo desajuste entre las necesidades de la ciudadanía y las respuestas del Estado.

Por un lado, el derecho a la propiedad es un principio fundamental del orden jurídico, y la ocupación ilegal de terrenos, aunque motivada por la urgencia de la vivienda, no deja de ser un acto que desafía el marco normativo vigente. El Estado tiene la responsabilidad de proteger los bienes nacionales y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. 

En este contexto, la intervención de Bienes Nacionales ha sido vista como totalmente necesaria.

Pero, más allá del tema puntual, se requiere que haya mayor empeño de las autoridades competentes, tanto gubernamentales como municipales, para evitar que se produzcan nuevas tomas y para que haya políticas y proyectos efectivos que permitan ir solucionando la creciente demanda habitacional.

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