“La Fiscalía desarrolla una investigación de alta complejidad”, dijo fiscal Crisosto por caso Fach
“Ad-portas” de cumplirse cinco años de la peor tragedia aérea, donde murieron 38 personas que viajaban a la Antártica en el avión Hércules de la Fuerza Aérea, el fiscal regional de Magallanes Cristián Crisosto salió al paso de la “denuncia administrativa” por graves irregularidades que presentó en su contra la abogada defensora de los imputados de esta causa, Carola Fernández Santander.
Crisosto dijo estar en condiciones de asegurar que “la Fiscalía desarrolla una investigación de alta complejidad, con la rigurosidad y calidad que exige una inquisitoria de esta naturaleza. Y en la cual, el objetivo principal es honrar nuestro compromiso con las 38 víctimas, otorgándoles a sus familiares certezas de la o las causas más probables del siniestro”.
“Es por ello que la Fiscalía, buscando justicia, pidió una nueva audiencia para formalizar investigación, la cual fue fijada para el 6 de diciembre de este año. Por tanto, todos los antecedentes respecto del contenido de la investigación deben hacerse presente en tribunales”, aseveró el fiscal regional.
Abogada
Como parte de la estrategia de la defensa, el pasado 21 de noviembre los abogados Carola Fernández Santander y Cristián Ahumada Buracchio, que representan a Fernando Mondaca, Joaquín Urzúa, Julio Ojeda, Marcelo Mella y Allan Asenjo, presentaron un reclamo administrativo dirigido al fiscal nacional Angel Valencia Vásquez, denunciando graves irregularidades en la gestión del fiscal regional de Magallanes Cristián Crisosto Rifo, en el marco de la investigación del accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile, ocurrido el 9 de diciembre de 2019.
Denuncian una “contratación negligente de un perito no idóneo”. Cuestionan la designación de Luis Gómez García, cuyo título profesional como ingeniero aeronáutico es inválido según la normativa, cuya experiencia en el ámbito aeronáutico está
desactualizada por más de 19 años; y por carecer de experiencia en aviones de transporte militar y procedimiento FMS con el gobierno de los Estados Unidos.
Apuntan a la presentación de un informe pericial plagiado. Y a una vulneración de principios esenciales.
Acusan a Crisosto de “transgredir los principios de objetividad, probidad administrativa, legalidad y veracidad, afectando la imparcialidad y el rigor técnico de la investigación”. Y por “uso indebido de recursos públicos”
Los abogados le piden al fiscal nacional que “se inicie una investigación administrativa contra el fiscal regional, se evalúe la validez del informe pericial presentado y se adopten medidas correctivas para garantizar que la investigación continúe bajo los principios de transparencia e imparcialidad”.