La urgente necesidad de compromiso para una gobernanza responsable

La baja participación en el curso “Hacia una Gobernanza Responsable y Efectiva”, organizado por la Contraloría General de la República (CGR), refleja una preocupante apatía entre las autoridades electas comunales y regionales. Esta jornada, inédita y esencial para fomentar la ética, la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, apenas logró captar la atención de un puñado de autoridades en nuestra región: sólo 3 consejeros (21%), 1 alcalde (10%) y 6 concejales (10%) se inscribieron.

El evento forma parte del Programa para Autoridades Regionales y Comunales 2024, que se inició de manera online el pasado 5 de noviembre. Su propósito es fortalecer capacidades y compromisos éticos en quienes tienen el deber de liderar nuestras comunidades, con el fin de garantizar una administración pública que realmente sirva al interés colectivo. Sin embargo, los bajos niveles de asistencia ponen en duda la voluntad real de estos representantes para adquirir herramientas que les permitan
desempeñarse con responsabilidad.

La contralora regional, Verónica Orrego, lo dijo con claridad: la colaboración es clave para construir una gobernanza al servicio de la comunidad. Esta premisa debería ser entendida como un llamado urgente a la acción, especialmente en una época en la que la ciudadanía exige mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas.

El desinterés demostrado es preocupante. Si quienes nos representan no se comprometen con iniciativas diseñadas específicamente para mejorar su desempeño, ¿cómo podemos esperar que cumplan con las expectativas de quienes los eligieron? La capacitación no debe ser vista como un trámite, sino como una oportunidad de fortalecer la democracia y garantizar el buen uso de los recursos públicos.

Las consecuencias de esta apatía no son menores. La falta de preparación y ética en la gestión pública abre puertas al mal uso de los fondos, la corrupción y la ineficacia administrativa. Cada peso malgastado representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de las comunidades. Por ello, esta situación merece un análisis profundo y acciones concretas que garanticen mayor compromiso en el futuro.

Es imperativo que las autoridades electas comprendan que su rol no es sólo representativo, sino profundamente técnico y ético. Instancias como ésta son herramientas valiosas para asumir esa responsabilidad con conocimiento y dedicación. También, como sociedad, debemos exigir mayor participación y compromiso de quienes ostentan cargos públicos, pues su desempeño tiene un impacto directo en el bienestar colectivo.

La gobernanza responsable no es un lujo ni una elección; es un deber esencial de toda autoridad pública. La Contraloría General de la República ha puesto a disposición los medios para avanzar en esta dirección. Ahora, corresponde a las autoridades hacer su parte. La comunidad espera, y merece, que estén a la altura de este desafío.