Rector de la Umag anunció la no renovación de contrato a 36 funcionarios en medio de la crisis financiera
En medio de la incertidumbre económica del sistema de educación superior, la Universidad de Magallanes (Umag) confirmó la decisión de no renovar los contratos de 36 trabajadores de apoyo a la actividad universitaria. Según la institución, esta medida responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera frente a un déficit estructural que se ha agravado en los últimos años y que afecta especialmente a las universidades estatales en zonas extremas.
“Esta decisión ha sido muy difícil, pero responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad de Magallanes en un escenario que afecta a todo el sistema de educación superior, en especial, a las universidades estatales de regiones”, argumentó la institución mediante un comunicado oficial.
El rector José Maripani brindó mayores precisiones sobre este proceso, que abarca profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. El rector destacó que esta medida es el resultado de la revisión de los presupuestos institucionales, ajustando las renovaciones únicamente a las áreas que la universidad puede financiar. Sobre la naturaleza de los contratos no renovados, agregó: “Son principalmente personas ligadas a empresas externas, profesionales, técnicos y auxiliares que prestan apoyo a nuestras actividades”.
Déficit estructural bordea los $2.500 millones
En un encuentro con la prensa, la autoridad universitaria abordó la difícil situación financiera que enfrenta la casa de estudios regional, afirmando que los balances de la institución han mostrado resultados negativos en los últimos años. Sin embargo, explicó que el problema no se limita al plano contable, ya que también los flujos de caja y otros indicadores financieros han reflejado una progresiva fragilidad.
“En general nuestra universidad se financiaba en el límite, pero en los últimos años eso no ha sido suficiente y por lo tanto, efectivamente, así como otras universidades del país, por distintos motivos, desde menor cantidad de estudiantes, ustedes saben que las poblaciones van decreciendo por un tema estructural de la natalidad, también personas que van a otras instituciones y la aparición también de otras opciones regionales hace que muchas universidades nos veamos complicadas para financiar y tener flujos lo suficientemente fuertes para que podamos mantener la operación y la cantidad de funcionarios que hemos llegado a tener”, complementó.
Precisó que enfrentan un déficit estructural de entre 2.000 y 2.500 millones de pesos anuales, cifra que refleja la diferencia entre los ingresos y los costos recurrentes de la institución.
Además de los términos de contrato, la Umag considera implementar medidas complementarias, como la reducción de costos operacionales y el fortalecimiento de actividades de retención estudiantil. El objetivo principal, según el rector, es asegurar que la universidad continúe operando con estándares de calidad, pese a las dificultades.
Presidenta de la Asociación de Funcionarios
“Hoy día ha sido un día negro para la educación pública estatal”
Mónica Alvarez Mancilla, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Magallanes y de los Trabajadores de las Universidades del Estado, dijo que la drástica medida refleja un escenario doloroso e injusto para los afectados, especialmente considerando las condiciones laborales de los funcionarios públicos. “Nosotros no tenemos derecho a seguro de cesantía ni a indemnización por años de servicio”, señaló, subrayando la precariedad que enfrentan al perder sus empleos.
Dio cuenta que habían sostenido reuniones con el vicerrector de Finanzas para abordar la situación y dejó claro que el recorte de personal no resolverá el problema financiero estructural. “Si ves la página de Transparencia y revisas los sueldos que tenemos en personal de apoyo a la docencia, es impensado que con desvincular a 36 personas se pretenda dar una solución financiera a la planilla de sueldos. El gran cargo en la planilla de sueldos está en la parte académica y en académicos con muchos años de servicio. No está en la parte nuestra”, subrayó.
Consultada por el impacto del dictamen de Contraloría sobre la “legítima confianza”, Alvarez reconoció el impacto de la medida. “A los pocos días que se les renueva a los académicos, se conoce el dictamen de la Contraloría de que se pierde la legítima confianza. Entonces, en esta renovación, claro que operó el dictamen de la Contraloría, porque se revisaron casos de dos y de cinco años para abajo. Recordar que quizás por nosotros hacen la limpieza, porque no votamos por los rectores para que lleguen a ocupar los cargos. El rector se elige por académicos y no por el estamento que está siendo desvinculado”, manifestó la dirigenta universitaria, quien aclara que “por los sueldos que tenemos, no somos ninguna solución al problema financiero. El estamento que yo represento, sigue siendo el tercio del ordenamiento de sueldos”
Enfatizó que esto obedece al sistema de financiamiento que tienen las propias universidades del Estado. “Esto ya colapsó. Nosotros veníamos resistiendo como podíamos. Hoy (ayer) tuve la noticia de la Universidad de la Frontera que despidió a cerca de 300 funcionarios, y dice que vienen más. También hemos sabido que hay desvinculaciones en la Universidad de Antofagasta, en la Universidad de Valparaíso, en la Universidad del BioBio. Esto está diciendo que el sistema universitario chileno de las universidades estatales está colapsando. Están cayendo de a poco las universidades, y yo estoy hablando de las universidades estatales regionales”, reforzó.
En este contexto, formuló un llamado urgente al Presidente de la República: “Va a entregar un país con las universidades estatales intervenidas si no asume el rol que tiene que tener con la educación superior. Porque puede cuestionar el sistema y los problemas de administración, de gestión que pueden tener las autoridades de turno, pero no nos coloquemos una venda en los ojos. El Estado de Chile hace rato que dejó a la buena de Dios a sus universidades estatales. Cada una compitiendo en sus zonas como puede, y hoy día estamos cayendo a pedazos. Hoy día ha sido un día negro para la educación pública estatal chilena por la cantidad de funcionarios que se han ido hoy día desvinculados”.
Finalmente, criticó la expansión irresponsable de las últimas rectorías, con organigramas más grandes y la creación de cargos que sobrecargaron a la institución. “No somos nosotros quienes debemos pagar los platos rotos por las malas decisiones del rector Maripani y su equipo. Esta estructura pesada está lejos de ser sostenible “, concluyó.