“Avanzar administrativamente en la habilitación de nuevas áreas aptas para la acuicultura en Magallanes ha sido muy complejo”
Algunos años antes de asumir su cargo en el actual gobierno como subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño Ugalde escribió diversas columnas de opinión sobre materias que actualmente gestiona desde su rol. Manifestaba una visión bastante crítica sobre el hidrógeno verde, lo que se desprende sólo del título de algunos de sus artículos: “Economía del hidrógeno para Latinoamérica? No, gracias”.
No obstante, su visión actual es bastante más moderada. “Desde el punto de vista ambiental, la instalación de la industria del hidrógeno verde tiene dos dimensiones: uno, el rol que está llamando a jugar en la transición energética, para enfrentar la crisis climática es necesario el hidrógeno verde (
) Pero al mismo tiempo, es un cambio tan grande que el proceso hay que cuidarlo mucho. La instalación de una industria de esta magnitud, la cantidad de proyectos, la escala de los proyectos, por cierto, tienen una serie de impactos que se pueden trabajar adecuadamente para minimizarlos, compensarlos e incluso en algunos casos, eliminarlos”.
Desde la visión de su cartera, plantea que hace años identificaron en la región una serie de brechas que existían a la hora de proponer consideraciones ambientales. “No contábamos con la información ambiental, la descripción detallada del territorio en términos ambientales, que generalmente son las líneas de base”.
En ese sentido, en las zonas donde se busca instalar la industria, no ha habido otros proyectos de inversión, por lo que esa información no existía. La medida que han impulsado tendrá sus frutos cúlmines en marzo de 2025. “Tomamos la decisión de implementar las primeras líneas de base públicas del país para la Región de Magallanes, un proceso que se licitó a un consorcio de universidades y se lo adjudicó la Universidad de Magallanes con la Universidad Católica, está en proceso de elaboración que culmina en marzo del próximo año).
No obstante, en base a la información preliminar de dicho proyecto, ha permitido visualizar zonas críticas respecto al impacto en aves, así como levantar las interrogantes de cómo se puede avanzar en su protección. Junto con la zonificación del borde costero y el reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, serían los tres instrumentos más importantes para planificar el territorio con consideraciones ambientales, según explica el subsecretario Proaño.
Impactos a escala
Teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos, aún sin saber cuánto porcentaje de ellos se va a concretar, resulta importante conocer el impacto que generarán estos a escala en la región, lo que fue abordado por la autoridad nacional en su visita realizada a Magallanes la semana pasada.
– ¿Cómo la ciudadanía puede conocer los impactos a escala de esta industria?
– “Más allá de la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto, que por cierto tiene sus procesos de participación, donde cada persona conoce los detalles, pero también es necesario que la ciudadanía comprenda el proceso en su totalidad, cómo se está llevando ese proceso, cuáles son los instrumentos que se están desarrollando para cuidar el medio ambiente, también para que este proceso sea exitoso, para generar certezas a todos los actores, a las empresas, por cierto, pero también a la ciudadanía. Ahí, por ejemplo, hay instancias como la feria educativa. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de estudiantes que había entre colegios, y sobre todo que está pensado para explicar en simple algo que no es simple, o sea, cómo se produce el hidrógeno verde, qué rol va a jugar, etc. (
) Creo que es fundamental el rol que tenemos también como autoridades (8:32) de conversar con todos los actores involucrados e ir explicando y socializando lo que estamos haciendo”.
– ¿Cómo se va a relacionar el Sbap (Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas) con la nueva industria y qué facultades va a tener?
– “La Región de Magallanes va a ser una de las primeras que va a contar con oficinas regionales y donde ya se comienza a implementar el Servicio (
) La priorizamos por el alto patrimonio natural que existe en esta región, o sea, es necesario proteger vastas partes de este territorio, porque son únicos en el mundo en cuanto a valor ecológico. El servicio va a ser quien administra estas áreas protegidas, pero además va a jugar un rol importante en cuanto a investigación en estas áreas, monitoreo, fortalecimiento de guardaparques, mayores capacidades para la protección y también en cuanto al otorgamiento y definición de qué actividades se pueden desarrollar o no en nuestras áreas protegidas, dependiendo de las categorías de protección”.
– ¿Cómo sería el cronograma de la entrada en vigencia del organismo?
– “Desde los primeros meses del próximo año ya el Sbap en la región va a contar con oficina y con los primeros procesos de contratación de los funcionarios que tendrán que levantar la oficina a nivel regional. El proceso busca que el traspaso de los funcionarios Conaf y propios de la subsecretaría hacia el Servicio también suceda a principios de 2026”.
Protección de
áreas protegidas
En la región hay tres planes de manejo para áreas protegidas que están en elaboración por Conaf. Está en fase de consulta indígena el borrador, proceso que se vio paralizado.
– ¿Cuál es la mirada del gobierno frente a las actividades que se desarrollan en áreas protegidas?
– “El desafío es justamente cómo se logra conservar el alto valor ecológico de los ecosistemas de las áreas protegidas, cómo se determinan los objetos de conservación y cómo estos se logran resguardar. Y cómo las actividades productivas son compatibles, cuáles son compatibles, a qué escalas son compatibles. Es algo que se tiene que determinar, también dependiendo de la categoría de protección”.
– ¿Cómo miran el proceso que se desarrolla en la región respecto de estas áreas?
– “A nosotros nos interesa, es importante que las áreas protegidas cuenten con planes de manejo. En este caso en particular, además, porque en el decreto de creación del área no se establecieron los objetos de protección, que es una anomalía. Entonces, el plan de manejo es el que nos tendrá que establecer los objetos de protección y en base a eso se podrá determinar qué actividades son compatibles o no con el área y cómo se logra equilibrar. Aquí es fundamental mantener el equilibrio ecosistémico y por lo tanto que las actividades que se desarrollen en su interior sean compatibles, a la escala que sean compatibles y con las exigencias y criterios ambientales necesarios”.
– ¿Cómo evalúan el proceso de relocalización que impulsó inicialmente el gobierno?
– “La Región de Magallanes tiene una particularidad, que tiene un gran porcentaje de su región en un estado de protección, en alguna categoría de área protegida. Por lo tanto, eso dificulta justamente el proceso de relocalización fuera de áreas protegidas de la industria. No es un proceso que llevamos nosotros, pero lo hemos conversado algunas veces con Subpesca y eso es lo que nos han planteado. Lo que aquí ha ido sucediendo es que la industria es la que identifica puntos en los cuales se puede desarrollar, se pueden presentar proyectos. Y para Subpesca es muy difícil visualizar nuevos puntos de las solicitudes que ya están. Está actualmente en situación de moratoria el desarrollamiento de nuevas concesiones, pero hay muchas concesiones ya solicitadas y la verdad es que nuevos espacios es muy difícil de visualizar”.
– En ese sentido, ¿cómo se pretende avanzar en esto?
– “Lo que hemos conversado con Subpesca es que aquí hay una discusión que se va a tener que centrar en el Parlamento. Nosotros hemos anunciado la presentación de un proyecto de Ley de Acuicultura, que separó la Ley de Pesca que está en discusión con un proyecto aparte donde efectivamente se podrán establecer otra serie de criterios para que se dé el debate de cuál es el futuro de la industria de la acuicultura, de la salmonicultura en nuestro país”.
– Digamos que estarían trasladando esta política de relocalización desde el Ejecutivo al Legislativo.
– “Efectivamente, al menos avanzar administrativamente la habilitación de nuevas áreas en la Región de Magallanes, de nuevas áreas para la acuicultura, nuevas áreas de concesión, ha sido muy complejo, eso es lo que nos ha compartido Subpesca (
) Pero ha sido un trabajo difícil y creemos que hay un debate que se debe dar en el Congreso”.