Reestructuración de la Umag: funcionarios en “alerta máxima” por despidos
- La decisión de no renovar contratos a 36 empleados desencadenó una ola de cuestionamientos por parte de asociaciones gremiales y el sector público.
La reciente decisión de la rectoría de la Universidad de Magallanes de no renovar contratos a 36 funcionarios ha provocado un clima de incertidumbre y críticas desde diversos sectores de la comunidad universitaria y laboral. Las asociaciones gremiales acusan una gestión insensible y unilateral, mientras se cuestiona la viabilidad de las medidas tomadas para enfrentar una crisis financiera que, según advierten, podría haberse manejado con alternativas menos perjudiciales para los trabajadores.
Mónica Alvarez, presidenta de la Asociación de Funcionarios (Afun), afirmó que este proceso se ha llevado a cabo sin diálogo con los representantes gremiales. En medio de la movilización por los despidos, les llegó la notificación, oficializada mediante el Decreto 43 del 4 de noviembre de 2024, respecto de la reestructuración de la Universidad de Magallanes. “La reestructuración afecta a toda la comunidad universitaria y ha instalado un clima de terror laboral. Es un escenario que no vivimos desde los tiempos de rectorías designadas en dictadura”, acusó Alvarez.
“Esto es mucho más complejo de lo que teníamos ayer, porque en un proceso de reestructuración somos todos los que estamos afectados. En consecuencia vamos a tener que concordar otro tipo de acción. Temíamos que algo así podía pasar. No sé si el rector (José Maripani) está dando el ancho para poder seguir a la cabeza de la Universidad, porque una reestructuración son palabras fuertes y por eso les digo que esto es lo más parecido que hemos vivido nosotros como comunidad universitaria desde la rectoría del rector designado (en dictadura). Así está hoy día nuestra situación al interior de la universidad”, remarcó la dirigenta gremial.
Por su parte, Roberto Barrientos Molina, presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la casa de estudios superiores regional, criticó la forma en que se implementaron los despidos: “La decisión fue insensible, sin previo aviso, y ha generado un impacto devastador en la moral de los trabajadores. Esto es un golpe a las áreas más vulnerables de nuestra institución”.
Críticas a la gestión financiera
La administración del rector José Maripani ha sido blanco de cuestionamientos por parte de las asociaciones gremiales, que acusan una falta de transparencia y una mala gestión de los recursos. Según Mónica Alvarez, las decisiones tomadas por el equipo directivo no sólo han agravado la crisis financiera, sino que han golpeado directamente a quienes perciben los sueldos más bajos, como auxiliares con ingresos de apenas $550.000 mensuales.
“Las decisiones actuales responden más a un ajuste superficial que a una solución estructural”, complementó.
Los dirigentes explicaron que las medidas afectan a trabajadores con contratos precarios y sin evaluaciones previas, en abierta contradicción con lo estipulado por el Estatuto Administrativo.
Apoyo del sector público y
la molestia con el rector
Cuando el rector José Maripani acudió al Congreso para solicitar presupuesto, fue con el apoyo de la Mesa del Sector Público y la gestión de sus trabajadores, esos mismos a los que ahora están despidiendo.
“Esta decisión nos duele”, sostuvo Luis Muñoz Villarroel, presidente de Fentess Magallanes (Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de los Servicios de Salud), dirigente de la Cut y vocero de la Mesa del Sector Público, expresó su solidaridad con los afectados y criticó duramente la falta de diálogo por parte de la rectoría. “La verdad que es un golpe bastante duro el que nos ha dado el rector de la Universidad de Magallanes pensando en que su administración se ha centrado básicamente en tratar de ajustarla a costa de los trabajadores y de los estamentos más bajos. Estamos hablando que son 36 funcionarios que reciben prácticamente el sueldo mínimo y si uno lo multiplica por el total de funcionarios no da una gran cifra que impacte en lo que es la administración de los presupuestos de la Universidad”.
En este sentido, emplazó al rector Maripani para que instale la Mesa de Evaluación de Antecedentes para poder revertir la situación de la no renovación de contratación de los funcionarios. “El oficio 17 de Hacienda señala claramente que ante medidas de no renovación de contrataciones tiene que ser por razones fundadas. Creemos que la administración de recursos no es una razón fundada y no es suficiente”.
Muñoz también destacó la responsabilidad del Estado en la precarización de las universidades regionales. “El modelo de financiamiento es insuficiente para enfrentar las particularidades de una zona extrema como Magallanes. Urge un cambio estructural para garantizar la estabilidad de la educación pública”.
Respuesta institucional
Freddy Cabezas, vicerrector de Administración y Finanzas de la Umag, justificó las decisiones como parte de un proceso de priorización presupuestaria: “Sabemos que son medidas difíciles, pero necesarias para garantizar el funcionamiento de la universidad en el largo plazo. Estamos trabajando en brindar apoyo emocional y opciones de reinserción laboral para los afectados”.
Sin embargo, las explicaciones no han logrado calmar las críticas, de los funcionarios y la falta de medidas que implican reducción de altos sueldos y reasignación de funciones refuerza la percepción de desigualdad en la aplicación de las políticas de ajuste.
Un llamado al
Presidente Boric
Las asociaciones gremiales emplazaron al Presidente Gabriel Boric, exlíder estudiantil, a asumir un rol más activo en el financiamiento de las universidades estatales. “No queremos que su legado sea el colapso de la educación pública en regiones. Las universidades estatales necesitan un rescate financiero urgente”, concluyó Alvarez.