Adultos mayores en Magallanes: una deuda social que no podemos ignorar

En Magallanes, la red de apoyo social para los adultos mayores no autovalentes es un espejo que refleja las carencias de un sistema que, a pesar de los discursos y promesas, sigue dejando a una de las poblaciones más vulnerables en el olvido. 

La situación del Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor (Eleam) en Punta Arenas es el ejemplo más visible de este abandono. Con una capacidad reducida y personal que enfrenta maltratos laborales, remuneraciones insuficientes y una constante falta de insumos básicos, la institución lucha por brindar servicios mínimos, mientras quienes dependen de ella quedan atrapados en un círculo de precariedad.  

El panorama no mejora al observar la oferta de centros privados, donde muchas veces se privilegia el lucro sobre la calidad del servicio. La falta de supervisión y estándares adecuados permite que operen en condiciones que podrían ser inaceptables, pero que se perpetúan bajo un manto de indiferencia institucional.  

Las entidades públicas que deberían liderar la respuesta “como Desarrollo Social, Senama, Sernameg y los organismos de salud” han optado con demasiada frecuencia por eludir responsabilidades, escudándose en limitaciones presupuestarias o competencias compartidas. Este desinterés genera un vacío que deja a los adultos mayores en un limbo de negligencia, mientras sus familias, en muchos casos, no cuentan con los recursos ni las herramientas para suplir las carencias del sistema.  

El envejecimiento de la población es un desafío creciente en Magallanes, pero no debería ser una excusa para la inacción. Al contrario, es una oportunidad para replantear nuestras prioridades y avanzar hacia un modelo que coloque la dignidad y el bienestar de los adultos mayores en el centro de la agenda pública. Esto implica, primero, garantizar que el Eleam y otras instituciones similares operen con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios. No podemos permitir que quienes cuidan a los más vulnerables sufran abusos laborales o trabajen en condiciones de agotamiento extremo.  

Además, se debe exigir una fiscalización estricta de los centros privados, estableciendo criterios claros de calidad y sancionando severamente cualquier incumplimiento. Las instituciones públicas deben asumir un rol proactivo, coordinando esfuerzos entre Desarrollo Social, Salud y Senama para diseñar políticas integrales que incluyan tanto la atención residencial como programas de apoyo domiciliario.  

Por último, es fundamental sensibilizar a la comunidad respecto a las necesidades de los adultos mayores. No se trata sólo de políticas públicas, sino de construir una sociedad que valore y respete a quienes han contribuido a ella durante toda su vida.  

La deuda que Magallanes tiene con sus adultos mayores es más que una cuestión administrativa; es una falla ética que debemos resolver con urgencia. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva, es un día más en el que las personas mayores ven vulnerados sus derechos más básicos. ¿Estamos dispuestos, como sociedad, a seguir mirando hacia otro lado?