Ocupación de extranjeros, termómetro social y económico

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) sobre la ocupación de extranjeros en Chile revela una dinámica que, más allá de las cifras, refleja los retos y oportunidades que enfrenta el país y, por consiguiente, Magallanes en el manejo de la integración laboral de migrantes. 

Con una tasa de desocupación extranjera de 6,7% para el trimestre agosto-octubre de 2024, que muestra una disminución de 0,6 puntos porcentuales en comparación al año anterior, se perciben signos de recuperación económica, aunque persisten desafíos importantes.  

Uno de los datos más destacados es el aumento anual del 0,6% en la población ocupada, impulsado principalmente por los sectores de alojamiento y servicios de comida, que crecieron un 19%, y por los hogares como empleadores, que experimentaron un notable alza del 45%. Estas cifras revelan el importante rol que los migrantes desempeñan en actividades críticas para la economía, pero también subrayan una concentración en empleos tradicionalmente asociados con baja estabilidad y remuneraciones limitadas.  

Por nivel educativo, la mayor expansión de la ocupación se observó en quienes cuentan con educación primaria, un grupo que aumentó su presencia en el mercado laboral en un 4,3%. Este dato, combinado con la disminución de la informalidad en un 2,5% (lo que equivale a 316.961 personas en empleos informales), muestra avances hacia la formalización laboral, pero plantea preguntas sobre la calidad de los empleos a los que acceden los extranjeros y las oportunidades de movilidad social a largo plazo.  

¿Qué nos dicen estas cifras? Primero, confirman que los migrantes continúan siendo actores clave en sectores que sostienen la economía cotidiana de Chile. Sin embargo, esta participación no siempre se traduce en una inserción plena y equitativa. Los altos porcentajes en sectores como el servicio doméstico o la hotelería y gastronomía sugieren una segmentación laboral que podría perpetuar desigualdades si no se abordan mediante políticas públicas.  

Además, la reducción de la informalidad es una señal positiva, pero no debe llevarnos a minimizar el hecho de que todavía una parte considerable de la población migrante trabaja sin protección social ni derechos laborales garantizados. Esto no sólo pone en riesgo su bienestar, sino que también afecta la cohesión social y limita el potencial de desarrollo del país.  

Este informe debería ser un llamado a intensificar los esfuerzos en políticas de empleo inclusivo. Es necesario fortalecer programas de capacitación laboral que permitan a los migrantes acceder a empleos de mayor calidad y fomentar su incorporación en sectores estratégicos más allá de las ocupaciones tradicionales. Además, garantizar la supervisión del cumplimiento de derechos laborales es fundamental para evitar abusos y precarización.