Más Estado, menos soluciones: la enfermedad del sistema en Chile

Esta semana, el Congreso Nacional despachó la ley que crea el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, evidenciando una tendencia que ya parece convertirse en una enfermedad: cada vez que enfrentamos un problema que no sabemos resolver, se crea una nueva institución para abordarlo. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta de que estas nuevas instituciones tampoco logran solucionar el problema. Hay múltiples ejemplos de esto; el más reciente es el de la educación, donde se intentó resolver la crisis mediante la creación de los Servicios Locales de Educación. No obstante, la evidencia actual demuestra que tampoco son capaces de brindar una educación de calidad.

Una situación similar se presenta con el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En lugar de aprovechar y mejorar las instituciones existentes y otorgarles más atribuciones y responsabilidades a los Delegados Presidenciales, se optó por crear más seremías y aumentar el número de cargos públicos, que acabamos financiando todos los chilenos. Esta decisión se prefirió en lugar de destinar los cerca de 8.000 millones de pesos que se gastarán en la implementación del nuevo Ministerio a una gestión operativa más eficaz para abordar el problema de la delincuencia de inmediato, en lugar de esperar unos años a que el nuevo ministerio comience a operar. Me habría parecido más adecuado que los 8.000 millones que costará en régimen se destinaran directamente al fortalecimiento de las fuerzas de orden o a mejorar la bonificación para los policías que arriesgan su vida cada día en las calles. Lo que es aún más preocupante es que, en vez de concentrar el poder -como se recomienda en situaciones de crisis-, con la creación del nuevo ministerio se diluirá la toma de decisiones.

  En lugar de implementar los cambios necesarios para corregir el funcionamiento de las instituciones, se ha optado por más Estado, más burocracia y más cargos públicos. Esto no es casualidad; durante este gobierno, el número de funcionarios públicos ha aumentado exponencialmente. De hecho, ya es difícil saber cuántos funcionarios públicos hay en total. Esto se produce incluso en contra de la misma ley que establece que el personal a contrata no debe superar el 20% del total de personal de planta; actualmente estamos en un 56%. Peor aún, cuando una autoridad legítimamente debe despedir a funcionarios, las asociaciones de trabajadores paralizan el proceso y presionan al servicio, sin distinguir si lo que se está haciendo es eliminar a las “manzanas podridas” del cajón. El Estado se ha transformado en un botín, un hecho que incluso la Contralora General intentó frenar, pero funcionarios y la Corte Suprema, incluidos, la vetaron.

    ¿Es el verdadero problema las instituciones? No. El problema son las personas que dirigen y dan vida a estas instituciones. La realidad de los últimos años es que los gobiernos no han actuado con la convicción necesaria para imponer mano dura ante la delincuencia. Algunos no toman decisiones por temor y otros por convicciones políticas.

Hoy en día, los gobiernos están atrapados en paradigmas ideológicos que les impiden tomar las medidas necesarias; sin embargo, el costo lo siguen pagando los chilenos honestos. Chile padece de una enfermedad caracterizada por un exceso de Estado, más burocracia y una creciente cantidad de cargos públicos que, ni siquiera, son capaces de funcionar mejor con su expansión. Esta situación es insostenible; necesita ser reformada y corregida de una vez por todas.

    La verdadera reforma debe dirigirse primero al sistema institucional del Estado, antes que al sistema político. La prioridad debe ser el bienestar de los chilenos y sus intereses, no los de los partidos políticos.