Permisología: la burocracia que nunca deja de sorprendernos

El concepto “permisología” se ha puesto de moda, debiendo incluso, para controlar su influencia, recurrir a leyes que supuestamente favorecerían mayor agilidad en la entramada maraña burocrática. Lo cierto es que, en muchos ámbitos, lograr realizar un proceso de tramitación puede llevar “la vida” de sus intrépidos y necesitados solicitantes. Lo que más llama la atención es que ante tantos requisitos y recovecos, justificados en la ineludible rigurosidad de tales solicitudes para asegurar un proceso impecable de ejecución y resultados posteriores, nos encontramos muy a menudo con desprolijidades inexplicables que traen graves consecuencias en la eficiencia que se pretendía.

A pesar que se ha aceptado la “permisología” por parte de sus actores, ya que quienes la mantienen se niegan a aceptar este concepto y justifican la necesidad de contar con procesos reguladores, mientras quienes la sufren terminan resignándose ante un aparato monumental que tiene todas las de ganar; ha alertado en el último tiempo que el exceso injustificado de una burocracia ineficiente y lenta ha perjudicado el crecimiento de nuestro país. En efecto, se pensaba que a pesar de colocar un sinnúmero de exigencias, muchas de ellas sin argumentaciones técnicas de peso, las inversiones y proyectos seguirían fluyendo como en tiempos pretéritos. Pero, como hemos mencionado tantas veces: la realidad, es la realidad. 

Lo sucedido con Efe (Empresa de Ferrocarriles del Estado) en la Quinta Región no puede menos que llamarnos la atención. Una inversión de 680 millones de dólares, que beneficiaría a más de un millón de personas al extender el recorrido del Metro de Valparaíso entre Limache y La Calera; se ha visto afectada por el reclamo de la comunidad Diaguita Araya-Araya de Collahue, ya que ellos realizan ceremoniales en la ruta donde se encuentra una línea férrea que data del siglo XIX. Un antecedente a destacar es que estos ritos se efectúan sólo desde 1978, en que el patriarca de la familia Araya (de ahí que sus integrantes tengan apellidos criollos) al llegar a la zona de Collahue decidió realizar caminatas por la línea del tren, en un peregrinaje destinado a ofrendar su agradecimiento a sus divinidades. Es importante señalar que los diaguitas se encuentran extintos hace siglos producto del dominio Inca y la posterior invasión hispana. En el lugar son escasos los vestigios encontrados producto de su paso por la zona, ya que no se habrían asentado de manera relevante en ese sector. Lo que actualmente reclama esta comunidad diaguita, es la preservación de rituales ceremoniales que datan de hace menos de 50 años y que fueron una iniciativa de la familia Araya, que en marzo del año pasado obtuvieron de la Conadi su reconocimiento oficial. 

En los medios no sólo ha aparecido el retraso del proyecto y el posible llamado a una nueva consulta ciudadana para considerar el reclamo de los Araya/Araya; pues Karina Galdames, representante de la comunidad, expresó: “Estamos en contra y dispuestos a defender (esta postura) con la vida. Somos diaguitas, no somos chilenos. No me interesa la opinión de los chilenos”. Para mayor precisión, un tiempo después matizó sus dichos, declarando que no se oponen al ferrocarril y el progreso, estando dispuestos a resignar sus ceremoniales si el Estado les compra un terreno para establecerse. El proyecto vial puede seguir retrasándose meses o incluso más, a pesar que el estudio de impacto ambiental ya había evaluado favorablemente su ejecución considerando, entre otros aspectos, el entorno natural y los pueblos
originarios. 

Más allá que encontremos posturas a favor o en contra de alguna de las partes, ojalá por análisis reflexivos que consideren lo legal, valórico y el beneficio para las personas en vez de automatismos ideológicos; este caso resulta especialmente valioso para revisar legislaciones que en su espíritu defendían buenas intenciones y derechos legítimos, pero llevadas al aparato burocrático real, parecen distorsionar lo verdaderamente importante, permitiendo o fomentando una “permisología” que nos afecta a todos como sociedad.