Exclusión de víctimas de abusos eclesiásticos

El pasado 4 de mayo de 2022, el Presidente Gabriel Boric, en un momento cargado de empatía y simbolismo, expresó su apoyo a las víctimas de abusos sexuales por parte del clero. Sus palabras resonaron con una esperanza que, lamentablemente, parece haberse disipado tras más de 950 días. “El sufrimiento es muy grande, lo hemos visto en demasiados casos acá en la Región de Magallanes también y, por lo tanto, estoy disponible a que, desde el Estado, trabajemos en una alternativa que le dé acogida a las víctimas, que no se sientan desprotegidas”, aseguró el mandatario. Esa promesa, sin embargo, hoy suena vacía para quienes esperaban justicia y verdad.

La reciente firma del decreto que crea la Comisión Asesora Presidencial para investigar vulneraciones a menores bajo custodia del Sename es, sin duda, un paso relevante. Pero este avance se ve empañado por la decisión de excluir de sus competencias los casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Este giro, que resulta incomprensible para muchas víctimas, significa que no se ahondará en las denuncias ni se esclarecerán los posibles encubrimientos en casos que han marcado dolorosamente a la sociedad chilena.

Frente a esto, la Red de Sobrevivientes de Abusos Institucionales expresó su profundo rechazo a esta medida, que consideran un acto de exclusión y revictimización.

De ello, se da cuenta hoy en nuestra edicion dominical, donde surgen nombres importantes de la iglesia y tambien se cruza el del joven Ricardo Harex, desaparecido en 2001.

La exclusión deja sin respuesta interrogantes cruciales sobre figuras como el fallecido Rimsky Rojas, el exsacerdote Jaime Low, o el rol de los obispos Tomás González y Bernardo Bastres, quien hoy se encuentra en retiro. La oportunidad de establecer responsabilidades, identificar a nuevas víctimas y brindar reparación queda, una vez más, truncada. Es un portazo para quienes, durante años, han luchado por hacer oír sus voces en un país donde el peso de las instituciones eclesiásticas ha dificultado el camino hacia la verdad.

El ejemplo de países como España, Portugal, Alemania y Francia, que han creado comisiones para abordar de forma integral los abusos cometidos por el clero, deja en evidencia la deuda pendiente de Chile con las víctimas. Estas iniciativas han permitido dimensionar el alcance de los crímenes y generar medidas concretas para evitar su repetición.

Aparentemente, serían consideraciones económicas, relativas a quién debería indemnizar a las víctimas, las que habría motivado por exclusión.

La decisión de excluir los casos de pederastia en la Iglesia de esta comisión representa una traición a la promesa de “acogida” hecha por el Presidente. Es también un retroceso para la lucha contra la impunidad y un recordatorio de que la justicia no debe tener fronteras institucionales.