Reparación o decepción: análisis del bono para cotizantes del 4%

El 11 de febrero de 1958, se promulgó la ley N° 12.855, que otorgó el derecho a los contribuyentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares a jubilarse un año antes por cada período completo de seis años trabajados en la – aquella época – provincia de Magallanes. Para financiar este beneficio, se incrementaron las imposiciones de los trabajadores de Magallanes afiliados a dicha Caja en un 4%: un 2% a cargo del empleador y el otro 2% a cargo del trabajador (lo que parece una muy buena idea para aplicar hoy a la trabada Reforma de Pensiones). En esa época, en todo el país era posible jubilarse a los 35 años de servicio; sin embargo, los imponentes de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, que cotizaban este 4% adicional, podían jubilarse anticipadamente a los 30 años de servicio, como un incentivo por  vivir y trabajar bajo las duras condiciones climáticas y del aislamiento de esta austral zona. 

No obstante, en la práctica, la opción de jubilarse a los 30 años no funcionó como se esperaba, ya que fueron muy pocos los cotizantes que se acogieron a este beneficio, la mayoría continuó trabajando hasta los 35 años o más. Algunos lo hicieron por desconocimiento de la ley, mientras que otros eligieron trabajar más años para obtener una mejor pensión. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1977, se promulgó el Decreto Ley Nº 2.071, que vino a derogar la  ley 12.855, anulando el abono de un año por cada seis años de servicio y poniendo fin a la cotización del 4% adicional. Este decreto entró en vigencia el 1 de diciembre de 1977, de manera tal que la ley 12.855, que estableció el 4% adicional estuvo en vigencia durante 19 años, 9 meses y 21 días.

Posteriormente y producto del desconocimiento y de la escasa información, la mayoría de los cotizantes no pudieron hacer efectivos estos ahorros con el cambio al nuevo sistema de jubilación que rige hasta nuestros días y que comenzó a funcionar a comienzos de los años 80.

 Teniendo esto presente, en el mes de marzo del  2022, se acercó a mi oficina la directiva y miembros de la agrupación del 4%, presidida por la Sra. María Teresa Vargas. A partir de la cual, comenzamos a trabajar con esta sentida demanda de estos adultos mayores. Primero estudiando todos los antecedentes para y luego ingresar un Proyecto de Acuerdo en el mes de mayo (que fue firmado y aprobado por casi la totalidad del Senado) solicitando al Gobierno que se busque y proponga una solución a esta gran injusticia. 

A raíz de esta solicitud, la agrupación sostuvo reuniones con diversas autoridades regionales y nacionales, incluyendo al Ministro de Hacienda, para buscar empujar una solución, y se comprometieron a hacerlo. La agrupación planteó que se debía establecer un monto por año de imposiciones realizadas en la Caja de Empleados con el 4%, estimando una cifra de entre uno y dos millones de pesos por año. Todas estas gestiones tuvieron su fruto cuando el ministro de Hacienda, en su última visita a la región se comprometió a entregarles una solución. 

Este año, en el mes de marzo tuve una reunión con el Presidente magallánico, Gabriel Boric, donde me mencionó que este año se cancelaría un bono de compensación, aclarando en esa oportunidad que este no sería heredable. Luego de lo cual, aparecieron distintas versiones sobre la posibilidad de crear una ley especial, que se incluiría en la Ley de Presupuesto, hasta que en una conversación con el ministro Mario Marcel éste me aseguró que se presentaría en la Ley de Reajuste del sector público en diciembre, y así fue, exactamente. El gobierno efectivamente incorporó la propuesta para dar solución a los imponentes de la ex Caja de Empleados Particulares de Magallanes, lo cual responde a los compromisos asumidos por el Ejecutivo. El bono estipulado constituye una medida de reparación destinada a un grupo históricamente postergado en el sistema previsional chileno. 

 Sin embargo, esta propuesta es, por decirlo suavemente, “vergonzosa”. En primer lugar, no considera a aquellos que tienen entre 1 y 5 años de imposiciones, lo que representa una enorme injusticia para las personas en este tramo.

Otro de los puntos más preocupantes es que el bono no sea heredable. Esto es grave porque muchos pensionados del 4% fallecieron esperando una respuesta del Estado por los dineros que impusieron; este bono deja a sus familias sin ninguna opción, quienes legítimamente deberían recibir esa compensación.

Por otra parte, la iniciativa propone montos que se pagarán según los años cotizados. De esta forma, quienes hayan cotizado entre 6 y 11 años recibirán un bono de 700.000 pesos; aquellos con 12 a 17 años, 1.400.000 pesos; y quienes hayan aportado 18 años o más, 2.800.000 pesos. Ante estos tramos, lo que plantea Hacienda no es razonable, ya que alguien que cotizó por 11 años recibirá la mitad que quien cotizó 12 años. Esto es totalmente desproporcionado e injusto.

Además, los montos propuestos son extremadamente bajos e irrisorios en relación al problema real. La fórmula que debería haberse adoptado consiste en fijar un monto de dinero por cada año de imposición realizado, de tal manera que la cantidad a recibir sea proporcional al tiempo que efectivamente se realizaron las imposiciones. 

Si consideramos las 1.906 personas y sus tramos correspondientes, el monto total a pagar asciende a $1.278.200.000 pesos. Si lo distribuimos como pago por año de imposiciones, cada persona recibiría un promedio de 88.567 pesos, considerando también a quienes tienen menos de 6 años de imposiciones. Claramente, este es un monto muy bajo y totalmente injusto e irrisorio para este grupo de personas de la tercera edad, quienes realmente merecían una propuesta más digna por parte de este gobierno, especialmente considerando que su figura máxima es un hijo de esta Tierra.