“Si el joven al salir no tiene oportunidades de seguir estudiando o trabajando, es muy difícil que pueda sostener ese cambio”

Lucas Ulloa Intveen

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Con la implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil comienza la cuenta regresiva del Servicio Nacional de Menores (Sename), dejando atrás un modelo de trabajo que demostró ser obsoleto. Los desafíos apuntan a modificar los problemas estructurales del sistema que se buscó modificar, sanar el estigma y promover una institucionalidad con capacidades para asumir la responsabilidad que demanda el servicio.

A la cabeza del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil se encuentra Rocío Faúndez, quien asumió el 12 de enero del 2023 como la primera en su cargo, tras concurso público. En entrevista con El Magallanes aborda los desafíos en la implementación del servicio en el norte del país, la forma de enfrentar eventos críticos y la mirada que tienen sobre los territorios y las acciones a llevar a cabo.

La implementación comenzó hace casi un año en las cinco regiones del norte del país y Faúndez explica: “Tenemos un buen balance al cierre del primer año”. Sin duda aquello no implica que no haya habido dificultades, lo que ha requerido que ir “subsanando algunos de los problemas que habían al principio, completando la dotación, echando a andar cambios técnicos, como con el nuevo programa de mediación juvenil o la estrategia de acompañamiento a los jóvenes cuando terminan de cumplir medidas o sanciones”.

A un año la organización se encuentra “mucho más aceitada y con más músculo”, para enfrentar la entrada en vigencia a partir del 13 de enero en las regiones desde el Maule a Magallanes, donde se encuentra el 25% del total de la población atendida.

– ¿Cómo han enfrentado los eventos críticos y situaciones más difíciles en este proceso de implementación?

– “Es importante partir por señalar que el 80% de los jóvenes con los que nosotros trabajamos no están en centros privados de libertad. El juez o el tribunal ha decidido que el delito que han cometido y, sus características no justifican privarlos de libertad y por lo tanto, están en las comunas, en sus casas, siendo acompañados por un programa. Lo que llamamos en el mundo de justicia juvenil “eventos críticos” son situaciones que ocurren dentro de centros, donde hay una cantidad acotada de jóvenes hoy día. En Magallanes, tenemos sólo 6 jóvenes privados de libertad. Los eventos críticos son situaciones que ocurren en los centros de justicia juvenil cada cierto tiempo, que tienen que ver con riñas, con situaciones en que un joven está desregulado emocionalmente y tiene alguna conducta que puede ser riesgosa para su propia identidad o la de sus compañeros o funcionarios. La tarea que tenemos es, más que eliminarlos totalmente, irlos disminuyendo. En el Norte hemos podido ver cómo la cantidad de eventos críticos en los centros ha ido bajando desde que nosotros entramos”.

– ¿Como enfrentan los principales factores de reincidencia en los jóvenes?

– “Hay dos elementos estructurales que el nuevo servicio cambia respecto de lo que hacía el Sename. El primero tiene que ver con un mandato de acompañar a los jóvenes una vez que terminan su sanción, durante seis meses. Es un periodo particularmente sensible para la reincidencia, porque muchas veces el joven ha decidido darle un vuelco a su trayectoria vital, pero si al salir vuelve a su casa y, por ejemplo, hay otras personas que están comprometidas con la vida criminal, si el joven al salir no tiene oportunidades de seguir estudiando o trabajando, es muy difícil que pueda sostener ese cambio (…) Otra herramienta muy poderosa, que no tenía el Sename, es que tenemos vigente una Ley de Garantía y tenemos por primera vez una política de reinserción donde todas las instituciones públicas comprometen acciones y nosotros tenemos mecanismos para exigirles eso”.

– ¿De qué manera el servicio va a articular todos estos organismos estatales?

– “En el mes de octubre, tanto en Magallanes como en las otras regiones del sur empezó a funcionar el espacio de gobernanza para coordinar a todos estos actores, que se llama Comité Operativo Regional. Lo preside la seremi de Justicia y el director regional de Reinserción es el secretario ejecutivo. Están a punto de tener su segunda sesión de manera que cuando en enero partamos, estén todas esas coordinaciones activadas, por un lado, para que ninguna prestación tenga un periodo de pausa durante el inicio del funcionamiento del servicio. Y luego, para asegurar que en la región haya un plan regional específico, donde en Magallanes se tome la política nacional que definieron y que lo lleve a lo que es la realidad de la región.”

– ¿Considera inversiones en infraestructura la entrada en vigencia de este servicio?

– “En Magallanes, tenemos una cantidad muy acotada de jóvenes. Tenemos 38 en total atendidos en la región, la principal inversión en infraestructura que se va a hacer tiene que ver con arrendar un inmueble para que ocurra una función que se llama libertad de asistencia especial con internación parcial. Esto consiste en que los jóvenes llegan a dormir en la noche, por lo tanto, es un lugar para poder recibirlos adecuadamente, pero que durante el día pueda hacer trabajo con las familias, con las comunidades. En este momento nuestro director regional está siguiendo los pasos que hemos instruido, porque buscar un inmueble con las condiciones técnicas apropiadas, hay que pasar por bienes nacionales, ver si existe algún inmueble fiscal, sino activar búsqueda de un arriendo, etc. Esperamos que la inauguración de ese centro de libertad de asistencia especial pueda ocurrir durante el primer semestre del 2025”.

– ¿Cómo se relacionarán con el aparataje judicial? Se habla de fiscales y defensores especializados, ¿implicará mayor dotación de funcionarios en la región?

– “Se hará a través de capacitaciones. Como la reforma no incluye sólo un nuevo servicio, sino que la especialización de todos los actores del sistema de justicia, cada institución ha ido llevando a cabo un proceso de capacitación. El Ministerio Público ha capacitado a los fiscales, la Academia Judicial al Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, que ya venía especializada en responsabilidad penal adolescente, ha profundizado sus procesos de capacitación. Y luego tuvimos durante el mes pasado, un ciclo de capacitaciones donde se reunieron todos esos actores para simular audiencias”. 

– Podemos decir que en Magallanes tenemos al menos un juez, un fiscal y un defensor especializado

– “Exactamente, cada una de las instituciones ha definido cómo va a afrontar la especialización en el país, entonces no todas lo hacen de la misma manera. Tengo clarísimo que el Ministerio Público va a tener un fiscal o fiscales especializados en la región y yo creo que en conjunto con el director regional del servicio, con la seremi de Justicia, van a ir llevando adelante esta bajada un poco más propia de la región”.

– ¿Existe en Magallanes los organismos como para llevar a cabo todos los programas que ofrece el servicio?

– “El día viernes nosotros hicimos la apertura de ofertas del proceso de licitación, tanto para el norte como para el sur. Como está funcionando el comité de evaluación yo no puedo dar ninguna información, pero lo que puedo en términos muy generales decir es que tenemos oferentes en el país, hay organizaciones de la sociedad civil con larga trayectoria que saben trabajar con jóvenes en el proceso de reinserción social, que han pasado por un proceso muy exigente de acreditación, que nosotros hemos implementado con nuestro consejo experto y que hoy día están postulando a través de la Ley de Compras Públicas. Vamos a tener oferta el 13 de enero”.

– ¿Qué programas estarán bajo el alero del Servicio de Reinserción Social?

– “Vamos a ejecutar programas que corresponden a medidas y sanciones definidas por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Entonces vamos a tener, por un lado, la internación provisoria, que quiere decir el trabajo que uno realiza con jóvenes que el tribunal decidió que tenían que estar privados de libertad mientras se investiga. Está la internación en régimen cerrado, donde se trabaja con jóvenes que ya están cumpliendo alguna condena, privados de libertad. Está la libertad asistida especial, simple y con internación parcial, que es el programa donde los jóvenes llegan a dormir. Están los servicios en beneficio de la comunidad, cautelares ambulatorias, salidas alternativas. Y por último, una de las grandes novedades, es la mediación penal juvenil para algunos delitos”.

– ¿En qué consiste este proceso de mediación?

– “Siempre que la víctima esté de acuerdo, el tribunal puede ordenar que ese joven y esa víctima entren a un proceso de mediación, donde hay un profesional certificado en mediación que acompaña, para que el joven reconozca el daño que causó, se comprometa con la reparación de ese daño y llegue a un acuerdo con la víctima para poder llevar a cabo una acción reparatoria, que puede ser desde reparar una puerta que la víctima tiene en mal estado y que el joven puede reparar, hasta la exigencia de la víctima para que un joven entre en un programa. Es una nueva alternativa para el sistema de justicia y yo creo que si en el sur avanza como ha ido avanzando en el norte, vamos a tener buenos resultados”.